Industria salmonera impulsa proyecto de ley para controlar y silenciar a defensores ambientales, según denuncia de Ecoceanos. Diputados y empresarios buscan endurecer regulaciones sobre ONGs, obligándolas a renovación anual, en lo que organizaciones califican como un intento de represión socioambiental. Mientras tanto, el Acuerdo de Escazú sigue sin implementación efectiva

Organizaciones ambientales alertan que Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales debilita protección ambiental, favoreciendo a industrias extractivas mineras, forestales y salmoneras. Denuncian "motosierra ambiental" del Ejecutivo, que prioriza inversiones sin regulación, poniendo en riesgo ecosistemas y comunidades. Asimismo, se exige freno a la desregulación que beneficia a transnacionales.

Denuncian basural ilegal de residuos salmoneros cerca del río de las Minas en Punta Arenas, evidenciando negligencia ambiental y falta de fiscalización estatal, hecho que se suma a otros casos en la Patagonia de Chile.

El sector salmonero de Chile, promovido como clave para el empleo en el sur, enfrenta cuestionamientos por su aporte laboral según el nuevo gobernador de Aysén, mientras, el aumento de tecnologías avanzadas y la necesidad de un royalty a favor del desarrollo, según diputado Calisto, intensifica las controversias.

La investigación de abogado y Magister en Derecho Ambiental , revela cómo la industria salmonera opera en áreas protegidas de Aysén, contraviniendo normativas ambientales clave. Impactos ecosistémicos, conflictos legales y denuncias sobre daños irreparables cuestionan la compatibilidad de estas actividades con principios de preservación y sostenibilidad exigidos por la ley chilena.

Mientras asoma la presión de sectores de la industria salmonera, Defendamos Chiloé incorporó una serie de antecedentes al proceso de participación ciudadana con propuestas para una Ley General de Acuicultura que priorice la sostenibilidad, fiscalización estricta y defensa de áreas protegidas en un contexto de creciente preocupación ambiental.

Solo 78 de 428 concesiones acuícolas fueron caducadas por la Subsecretaría de FFAA, lo que ha generado reacciones críticas desde organizaciones y comunidades sobre falta de sanciones hacia salmoneras, denuncias que vienen exigiendo una mayor fiscalización de la industria desde el 2022.

Diversas comunidades de los diversos pueblos originarios en Chile y organizaciones socioambientales, rechazan las recientes indicaciones legislativas que buscan limitar la Ley Lafkenche, denunciando su inconstitucionalidad y el impacto en los derechos de los pueblos originarios, razón por que apoyan y celebran la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Organizaciones y comunidades locales de borde costero exigen la salida inmediata de salmoneras extranjeras que operan ilegalmente en Áreas Protegidas de Chile, denunciando daños ambientales severos y poniendo en cuestionamiento la soberanía del país, debate que se ha intensificado con la presencia de la embajadora de Estados Unidos en la Patagonia.

Diputado Mauro González acusado de promover medidas que vulneran derechos indígenas y enfrentan críticas por afectar la Ley Lafkenche y economías locales en Chiloé, tuvo una insólita reacción que confirma una campaña instalada por la industria salmonera, gran parte extranjera transnacional.