El decreto firmado en 1999 estipulaba que el titular de la Oficina Anticorrupción debía ser abogado. La gestión Macri Reemplazó este requisito por el de tener un título universitario y "una reconocida trayectoria democrática y republicana”. La diputada del PRO, licenciada en Ciencias Políticas, ahora tiene el camino libre para asumir en el organismo.