Después de esos hechos, policías mexicanos, con apoyo de grupos paramilitares, iniciaron una fuerte represión contra los habitantes de la comunidad, los cuales fueron sacados de sus domicilios ―sin orden judicial―, amenazados de ser asesinados y violadas sus mujeres

“El actual proceso de apelación es una oportunidad única para que el Poder Judicial repare los derechos violados”, concluye el informe de Derechos Humanos