La defensa, acusada de dilatar el proceso, busca ganar tiempo ante la contundencia de la evidencia, que ya llevó a Uribe a arresto domiciliario en 2020. El exmandatario intentó justificar las visitas de sus abogados a cárceles, pero sus explicaciones fortalecieron la narrativa de una red de protección a su entorno frente a investigaciones por vínculos con el paramilitarismo.
