Organizaciones de Derechos Humanos, junto al abogado constitucionalista Fernando Atria, exigen que el TC agilice su resolución sobre más de 40 causas de Ñuble paralizadas en esa entidad, luego de ser enviadas antojadizamente allí por las defensas de ex uniformados encausados por los tribunales ordinarios.

Agrupaciones critican duramente "penas irrisorias" y la remisión condicional de estás ratificadas para Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías. "Les hacemos responsables de que aún hoy se torture en nuestro país, por no sancionar de manera ejemplificadora estos crímenes para asegurar su no repetición", sostienen.