"La CIDH decidió declarar admisible la petición en el caso de Fernando Lugo Méndez contra el Estado paraguayo, ahora se abre un plazo de seis meses para que las partes arrimen nuevos argumentos", aseveró el abogado del expresidente, Emilio Camacho.
El 2 de noviembre distintos líderes campesinos denunciaron que el país está "criminalizando" la lucha por la tierra y pretende desalojar a 700.000 personas.
"Esta cultura hegemónica colorada es una mezcla de patrioterismo básico, de machismo desvergonzado, de autoritarismo desenfadado y de viveza y oportunismo criollo".
El ejecutivo posee respaldo legal para desalojar a unas 700.000 familias de indígenas y trabajadores rurales que viven en estado de "ilegalidad" en territorio paraguayo
“Frente a las provocaciones de los presidentes de Paraguay y Uruguay respondimos con altura; si quieren debatir, nosotros tenemos ejemplo de democracia y libertad verdadera. El reto está en la mesa para debatir cara a cara”, expresó Maduro.
La "sojización" de la economía paraguaya ha tenido un impacto devastador en la ecología, la población rural y el proceso democrático del país –pero ha sido lucrativa para las empresas extranjeras y la oligarquía nacional