Patricia Arriagada tomó un protagonismo ascendente en la Contraloría General de la República, pasando por su enérgica posición frente al cuestionado manejo de los fondos reservados del "Milicogate", hasta el verdadero tapón de boca realizado a la Superintendencia de Pensiones en la Comisión Investigadora del caso “Lucrum”, a mediados de marzo de este año.