La Fundación Enraizar rechazó los 56 decretos de rebaja de condena otorgados entre marzo y septiembre de 2026 a personas condenadas por abuso sexual de menores y violación. La organización invocó la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 21.430, exigiendo decisiones responsables que prioricen la protección de la infancia.