En diez años, el Estado chileno le ha regalado a las 10 más grandes corporaciones mineras el equivalente a 2.560 teletones, a 778 hospitales de última generación o a un flujo anual equivalente a la gratuidad completa en la educación más los recursos pretendidos por la reforma tributaria. Todo ello “legalmente”. En compensación, el país se queda con la contaminación del aire, agua y suelo; la pérdida irreversible de aguas subterráneas y glaciares, la inmoral desigualdad de ingresos y otros efectos perjudiciales del “extractivismo”.