Detectadas las anomalías, el obstáculo no es probar la irregularidad, sino pagar por el derecho a reclamarla y a 393 dólares por mesa, la justicia electoral en Perú se convierte en una mercancía, por lo que Roberto Sánchez deberá recaudar casi un millón de dólares para que se puedan evaluar las cifras de sufragios exageradamente favorables hacia Keiko Fujimori