El pueblo es el que debe asumir el mayor impacto, porque el aumento de los salarios no compensa el vertiginoso incremento de los servicios que superan 500% en un año

El proyecto opositor declara la emergencia tarifaria, retrotrae a noviembre de 2017 los precios de los servicios públicos y ata los futuros aumentos a la suba de los salarios. El Gobierno confía en convencer a los gobernadores para evitar que la iniciativa sea sancionada en el Senado y así evitar el costo político del veto presidencial