El Relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, urgió al gobierno de México a efectuar una investigación “imparcial y exhaustiva” de los hechos acontecidos en el penal de Topo Chico, Nuevo León, a fin de establecer las responsabilidades legales tanto de los reclusos que participaron en los hechos como de las autoridades penitenciarias.