Después de 20 años de aplicación del CAE, el resultado para los estudiantes no es una vida mejor. Es endeudamiento agravado por la persecución económica del gobierno de Kast, que necesita hacer caja fiscal para financiar la mega reforma que rebaja los impuestos a los más ricos del país.

La historia del Crédito con Aval del Estado (CAE) revela cómo un modelo pensado para ampliar el acceso a la educación terminó generando frustración, precariedad y deuda crónica para miles de chilenos.

Hemos sabido que el Estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica, localizado en la comuna de Las Condes, está siendo remodelado con una significativa inversión de una empresa mexicana de telecomunicaciones, y que ahora esa instalación, sustantivamente mejorada, pasará a llamarse Claro Arena, por imposición de esa empresa, en donde se realizarán todo tipo de actividades que generen ganancias.

Una perspectiva general de la odisea que implica realizar y dirigir una tesis de licenciatura en México, que recoge las voces de académicas y académicos ya curtidos en dicha trinchera.

La tendencia del sistema es que las instituciones públicas de educación superior del país se encuentran condenadas al autofinanciamiento y a una competencia desigual con las universidades privadas, las cuales –aunque parezca insólito– reciben mayor financiamiento estatal que las universidades del Estado.

Esa, la gran familia, la casta, como diría Milei, vive del Estado, a pesar de sus furibundos discursos en pro de la libertad, ganando a raudales en simposios de Hayek, Friedman y Seneuil, y en centros educativos.

La aplicación de nuevos requisitos para la titulación en medicina afectará a 9 mil alumnos de 80 diferentes instituciones educativas

El rector de la Anáhuac también afirmó que se está trabajando en la seguridad de los estudiantes, igual destacó que el 60% son foráneos

Se trata de una de las universidades privadas más antiguas del país: fue fundada en noviembre de 1982.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Superior Chilena indicó que 17 organizaciones sindicales, que agrupan a cerca de 8 mil trabajadoras y trabajadores, enfrentarán negociaciones con 10 casas de estudio, la mayoría de ellas parte de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9.