Propuesta legal, cuyo origen se remonta al año 2009, fue fuertemente resistida por distintas organizaciones sociales, quienes acusaban que su objetivo era “privatizar las semillas”, y con ello, concentrar su propiedad en muy pocas manos.

Organizaciones ambientales exigieron el retiro definitivo del proyecto de Ley Monsanto que descansa en el Ministerio de Agricultura y que compromete el futuro de la semilla nativa.