Herrera nos recuerda uno de los postulados más característicos de la Criminología Crítica, al que nos referimos con Myrna Villegas en el libro “Violencia institucional y antiterrorismo en Chile” (Ceibo, 2026): no existen los delitos en sí mismos, sino acciones que a veces son etiquetadas como tales, en un complejo y conflictivo proceso de criminalización siempre selectiva y discriminatoria, que depende de varias definiciones y mecanismos no sólo legales sino que también políticos, culturales y sociales.

La aclamada obra de Luis Barrales regresa a los escenarios bajo la dirección de Melchor Pino, en una temporada que se extenderá entre el 11 de julio y el 8 de agosto en el Teatro UC, reabriendo un debate que, a más de quince años de su estreno, sigue plenamente vigente: la crisis de la educación pública, la desigualdad y la violencia escolar

La seguridad que ofrece este proyecto tiene un nombre preciso: la ausencia de ataques interpersonales gestionada con un protocolo. No es lo mismo que una escuela que sostiene, que acompaña, que tiene con qué responder cuando un estudiante llega roto. Eso es otra cosa. Eso no estaba en el presupuesto.

El quid del asunto es la forma en que seguimos abordando la violencia en las escuelas. Mientras se insista en tratarla como un problema que se resuelve principalmente con control, las respuestas tenderán a reforzar el castigo incluso allí donde la evidencia sugiere lo contrario. Y en ese marco, cerrar las puertas de la educación no es una solución. Es parte del problema.

Hoy, cuando observamos el aumento de episodios de agresividad en contextos escolares, varios estudios longitudinales en desarrollo infantil han demostrado que los niños aprenden principalmente por modelamiento.

La cultura del silencio es reflejo de la cultura dominante y resultado de las estructuras de dependencia, correspondiendo a los esquemas de pensamiento formados desde la colonización, los que han continuado hasta ahora siendo la superestructura necesaria a la estructura de dominación.

La Ley Katherine Yoma no es una ley de castigo. Es una ley de reparación, de cuidado, de dignidad. Es una ley de homenaje póstumo. Es una respuesta concreta a un sistema que ha sido históricamente indiferente frente al sufrimiento de quienes sostienen la educación pública desde el aula.

En los colegios privados es donde se expresa con mayor fuerza el autoritarismo de los equipos directivos, de las gerencias de recursos humanos y los representantes legales de congregaciones religiosas o sociedades sostenedoras nacionales y transnacionales, que imponen funciones y tareas a los trabajadores de la educación privada, estando incluso prohibidas por la Ley

No existe evidencia alguna -ni nacional ni internacional- de que los pórticos detectores de metales reduzcan la violencia o eleven la seguridad de un centro educativo.

Sheinbaum, anunció que la SEP fortalecerá acciones contra el acoso escolar tras el caso de Fátima, la niña de 13 años que fue agredida brutalmente por sus compañeras y compañeros de su secundaria. Organizaciones civiles y la embajada de Corea en México se han unido para exigir justicia para Fátima