«Está en juego si somos o no propietarios de nuestro capital»: Rotundo respaldo de Goic a profesora que exige su dinero a AFP

«Hoy es un día muy importante para la gente de trabajo de Chile», comienza señalando el reconocido actor Alejandro Goic en un video difundido esta mañana, a propósito de la decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional (TC) respecto a la solicitud de una profesora jubilada a la AFP Cuprum para que esta le restituya los fondos acumulados durante 30 años.

Ocurre que la docente recibe una pensión de $185.000, en circunstancias que el crédito hipotecario que paga por su casa es de $212.000. Corre el riesgo de perder su hogar, cuando en su AFP tiene acumulados 46 millones y medio de pesos. «Mi problema es de sobrevivencia», ha dicho Ojeda.

En este contexto, Goic enfatiza que finalmente el caso de la docente se trata de un «derecho constitucional afectado, el derecho a la propiedad».

En esa misma línea y respecto al dictamen que tiene en sus manos el TC, el actor advierte que «lo que en el fondo está en juego es si somos o no propietarios de nuestro capital los trabajadores y trabajadoras chilenas». Esto, argumenta, porque en estricto rigor «propiedad se define como la potestad de decisión sobre el usufructo y goce del bien».

Goic continúa su intervención apuntando que «los trabajadores chilenos tenemos más de 200 mil millones de dólares en los fondos previsionales, los que en realidad están en el mercado financiero». «Nosotros sostenemos el mercado financiero y le damos estabilidad en el tiempo, porque la cotización es obligatoria», espeta el actor y se pregunta: «¿Decidimos sobre esos fondos? No, nada, no decidimos en qué se invierten».

En ese sentido, recuerda que, en cambio, los accionistas de empresas «tienen asambleas donde eligen a sus directorios y deciden, consecuentemente, en qué se invierte su capital». «Eso está en juego, la potestad de decisión sobre nuestro capital», insiste el actor.

Goic finaliza graficando a partir del caso de la profesora María Angélica Ojeda el escenario absurdo al que se ven obligados los trabajadores gracias al sistema de las AFP. Explica que, por ejemplo, cuando la docente tuvo que recurrir a un banco a pedir un crédito hipotecario, esa institución lo que hizo es «prestarle» el propio dinero de la profesora -el que a su vez fue facilitado al banco por la AFP con una tasa de interés de un 4% anual-, pero con un interés de un 28% o 30% para ella. «Este abuso demencial es el que tiene que parar y el que está en juego en el Tribunal Constitucional», concluye.