Kast indicó que el objetivo es impedir que esos espacios vuelvan a ser ocupados una vez que las familias sean retiradas y advirtió que no descarta el uso de medidas legales para concretar los desalojos

Pronunciamiento judicial se enmarca en las acciones emprendidas por la Constructora San Sebastián, a cargo del proceso de construcción objetado por Poduje. Desde el Congreso, la diputada Ana María Gazmuri destacó que el fallo "contradice la versión del Minvu, que sostenía que se podía demoler y hacer peritajes al mismo tiempo".

Abogado de las familias afectadas informó que las acciones judiciales "imputan los presuntos delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público". "Las medidas adoptadas por el ministro son injustificadas, ya que diversos expertos, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura Cristian Castillo, y los informes del IDIEM encargados por la autoridad, no recomiendan demolición", remarcó el jurista.

Investigación liderada por el académico de la U. Católica de Temuco, Félix Rojo Mendoza, reveló que en la última década esta migración ha aumentado y comienza a incidir en la dinámica demográfica de distintas comunas del sur. Además, si bien la población rural disminuye en términos generales, el estudio identifica territorios donde esa caída resulta menor o incluso se revierte gracias a la llegada de personas desde áreas urbanas.

"Estamos ante la primera acción civil conocida a nivel nacional que busca enfrentar, en el propio plano institucional, el viraje jurisprudencial que en los últimos años ha puesto a las Cortes en línea con los intereses de las grandes inmobiliarias y propietarios de suelo, pervirtiendo el sentido protector del recurso de protección", señaló el abogado de las casi 1.700 familias del campamento, Gustavo Burgos.

Se estima que el fin de las contribuciones traerá una menor recaudación fiscal de $182 mil millones. De acuerdo a un reporte del diario La Tercera, en términos netos, Las Condes es la comuna que concentra la mayor cantidad de propiedades 'beneficiadas' con este proyecto del Gobierno: 53.006 inmuebles que dejarán de pagar al Estado $37.319.110.096 al año.

Zohran Mamdani declaró que se trata de "una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York", manifestando su alegría a través de algunos posteos en redes sociales: en uno, se le ve abriendo una nevera y diciendo "puede hacer calor afuera, pero el alquiler está congelado", mientras en otro presenta una serie de fotos compartiendo con vecinos y la leyenda "Sirviendo un congelamiento de alquileres".

Parlamentarias y parlamentarios opositores advirtieron que "las acusaciones que intentan enlodar a la diputada Gazmuri son un peligroso antecedente: sabiendo que son falsas, las instalan en la prensa para deslegitimar y afectar la credibilidad y honra de nuestra compañera diputada". Por ello, anunciaron que estudiarán "todas las medidas políticas, institucionales y legales para frenar la conocida política de 'mentir que algo queda' que es la práctica constante de este partido ultraderechista".

En su oficio, emitido el 22/6, el Ministro aseguró que además, en la ocasión, "se habría pronunciado un discurso por parte de una funcionaria de ese Servicio que incluiría críticas dirigidas al Gobierno y a las autoridades superiores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo", por lo que pidió la grabación íntegra de esa intervención "así como cualquier otro registro audiovisual del evento".

Gazmuri detalló que Poduje le habría enviado "reiterados mensajes" por WhatsApp después de conocer sus acciones en torno al caso de El Olivar: "Yo soy una parlamentaria que no tiene por qué aceptar que un ministro me escriba 5 horas seguidas a mi WhatsApp en términos que no corresponden", declaró la diputada, quien ya informó de la situación a la Cámara. "El ministro me está acosando y eso es Ley Karin", afirmó.