Conflictos entre el Ejército Filipino y el Nuevo Ejército del Pueblo causaron muerte y destrucción de tierras de cultivo. Los y las residentes pidieron un alto a las operaciones militares para permitir asistencia médica.
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MANILA – Grupos de derechos humanos condenaron la reciente serie de bombardeos en Santa María, Ilocos Sur y Pilar, Abra.
Un informe de prensa reveló que al menos 137 familias de Pilar, Abra abandonaron sus hogares debido a las operaciones militares.
De acuerdo al grupo de derechos humanos Kaammoyo ti Kappia (KTK), los enfrentamientos entre elementos del Nuevo Ejército del Pueblo y la 501ª Brigada de Infantería del Ejército de Filipinas tuvieron lugar en dos aldeas ubicadas en el límite entre Pilar, Abra y Santa María, Ilocos Sur el 2 de abril. Según los informes, las tropas gubernamentales utilizaron bombardeos aéreos para las operaciones.
«Estos bombardeos, que los y las residentes describieron como excesivos, no solo son una violación brutal de los derechos humanos, sino también una imprudente demostración de fuerza» dijo Beverly Longid, la coordinadora nacional de Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas en una declaración. «Pedimos un cese inmediato de tales acciones e instamos a las FAF (Fuerzas Armadas de Filipinas) y a la administración de Bongbong Marcos a que se concentren en abordar los problemas subyacentes que avivan el conflicto armado. Deberían respetar el CARHRIHL y el derecho internacional humanitario», agregó.
El CARHRIHL, o Acuerdo Integral sobre el Respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (por sus siglas en inglés), es un acuerdo firmado por el Frente Nacional Demócrata de las Filipinas y el gobierno filipino en 1998, y uno de los productos de las conversaciones de paz.
Longid dijo que, según testigos oculares y videos grabados por residentes de comunidades cercanas, fueron avistados helicópteros recorriendo la zona. Por otro lado, los drones dirigieron ataques aéreos, añadió, lo que resultó en destrucción y desplazamiento generalizados entre las comunidades.
Los ataques aéreos también fueron confirmados por el Ejército Filipino. En un informe de prensa, el coronel Louie Dema-ala dijo que el Ejército utilizó aviones A-29B Super Tucano para servir como «apoyo aéreo cerrado» para el 50º Batallón de Infantería desde el 3 de abril.
Katribu enfatizó que el impacto del bombardeo sobre las vidas y medios de subsistencia de las comunidades afectadas es excesivo y de gran alcance, ya que se ven obligadas a dejar atrás sus medios de subsistencia y otras fuentes de sustento.
Mientras tanto, el grupo de mujeres campesinas AMIHAN dijo que la administración y las Fuerzas Armadas Filipinas (FAF) continúan «poniendo en peligro de manera descuidada y cruel la vida de civiles mediante bombardeos aéreos indiscriminados». «Nos muestran abiertamente que sus operaciones militares de contra-insurgencia les importa más que las vidas de la ciudadanía filipina», dijo la Presidenta Nacional de AMIHAN, Zenaida Soriano.
AMIHAN añadió que la militarización en el campo es «una crisis que aterroriza a las comunidades campesinas mientras destruye las tierras de cultivo y el medio ambiente natural».
«Los cultivos y campos de los agricultores y las agricultoras ya han sido dañados por la crisis de El Niño, por lo que no han recibido apoyo ni compensación. La destrucción adicional que causaron los continuos bombardeos parece ser el último clavo en el ataúd de innumerables tierras de cultivo«, dijo Soriano. El número oficial de víctimas y la destrucción estimada a la agricultura aún siguen sin revelarse. Karapatan también dijo que los ataques armados y de guerra psicológica de los militares son una carga adicional para la localidad que ya se está recuperando de los efectos de la sequía provocada por El Niño.
“Peor aún, estos ataques, especialmente los ataques aéreos y los bombardeos, y la gran cantidad de tropas terrestres enviadas por la quinta División de Infantería del Ejército de Filipinas a un área relativamente pequeña reflejan un uso desproporcionado de la fuerza y constituyen violaciones del DIH [derecho internacional humanitario]. Son perjudiciales para los derechos e intereses de la ciudadanía, cuya vida cotidiana y actividades económicas se han visto afectadas», añadió el grupo.
Karapatan pide detener las operaciones militares para permitir la entrada de socorro y asistencia médica a los y las residentes afectados y permitir la realización de procesos psicosociales para aquellos que han sido traumatizados por los bombardeos y ataques aéreos.
Afirmaron que las organizaciones de derechos humanos y otros sectores interesados «deben tener acceso a las comunidades afectadas para determinar el alcance de las violaciones del DIH y otras violaciones de los derechos humanos en el curso de las operaciones de las FAF».
Los grupos reiteraron su llamado a reanudar las conversaciones de paz entre el gobierno filipino y el Frente Nacional demócrata para abordar las raíces del conflicto armado y lograr una paz basada en la justicia.
Autor/a: Anne Marxze Umil
Traducción: Wardys Mejia, Fabian Aruquipa and ProZ Pro Bono
Foto: Bulatlat
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