Sorpresa generó en la opinión pública la designación de la abogada Natalia González como presidenta del Consejo para la Transparencia, el organismo público encargado de velar por el libre acceso a la información gubernamental.
A través de un comunicado público, la entidad autónoma informó que la polémica consejera de Libertad y Desarrollo ocupará el cargo durante los próximos 18 meses, sucediendo al investigador Bernardo Navarrete Yáñez, quien seguirá siendo miembro del consejo directivo.
Desde el Consejo para la Transparencia destacaron la trayectoria de Natalia González, a quien calificaron como «una voz experta en temas de transparencia, rendición de cuentas e integridad». Además, afirmaron que su incorporación en el año 2020 permitió al organismo tener una mayor incidencia en los proyectos de ley que se discuten en el Congreso Nacional.

Chicago girl
El currículum académico de Natalia González cumple con todos los requisitos que se esperan de los altos funcionarios públicos: es abogada de la Universidad Católica y a sus 47 años cuenta con un máster en Derecho de la Universidad de Chicago y becas Fullbright y CONICYT. Sin embargo, como suele pasar en Chile, su rápido ascenso en el aparato público no se explica solo por sus logros académicos, sino también por sus estrechos vínculos con el poder político y empresarial.
Natalia González partió su carrera profesional en 2002, trabajando en derecho corporativo y financiero para el estudio jurídico Carey, un influyente grupo de abogados vinculado a la derecha que floreció durante los procesos de privatización de la dictadura militar. De hecho, uno de los integrantes del clan, Guillermo Carey Tagle, participó activamente en el asesinato del general René Schneider durante el gobierno de Salvador Allende.
Actualmente el estudio Carey es el principal asesor legal de Codelco en el cuestionado acuerdo que se alcanzó con SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama.
En 2006, González dio el salto al Estado y entró como asesora legislativa en el Ministerio de Hacienda bajo la administración de Michelle Bachelet. Durante los siguientes años desempeñó labores similares en los ministerios de Energía y Planificación.
Después de esa primera experiencia en el Estado, Natalia González no volvería a abandonar el mundo púbico. En 2012 se sumó al Instituto Libertad y Desarrollo -centro de estudios ligado a la UDI- y comenzó a influir en la discusión legislativa de distintos proyectos de ley, particularmente en aquellos que tocaban el mercado de capitales y el mercado financiero.
Un polémico nombramiento
Si bien contaba con una amplia trayectoria como investigadora y asesora legislativa, para 2020 el nombre de Natalia González seguía estando lejos de la primera línea política. Pero todo cambió a fines de ese año, cuando el entonces presidente Sebastián Piñera la propuso para integrar el Consejo para la Transparencia.
Su nombre desató una fuerte controversia tanto en el mundo político como entre los trabajadores del organismo. De hecho, la Asociación de Funcionarios del Consejo para la Transparencia envió una carta al Senado -que debía ratificar o rechazar el nombramiento de González- alertando sobre las «señales de politización» que se estaba produciendo con la designación de la abogada.
Un reportaje de Interferencia también recopiló testimonios de distintos expertos en transparencia e incluso políticos de derecha que cuestionaban el nombramiento de González, afirmando que sus vínculos con el sector empresarial podrían impactar negativamente en el rol del Consejo.
«Puede ser que en los próximos seis años las decisiones del consejo se cuestionen de manera constante, lo que claramente sería una pésima señal ante la ciudadanía», afirmó un abogado en dicho reportaje.
En noviembre de 2020, la comisión de Constitución del Senado rechazó el nombramiento de Natalia González y la designación pasó a sala con informe negativo. Uno de los puntos que se le cuestionaban era su negativa a renunciar a Libertad y Desarrollo en caso de que se la ratificara como miembro del organismo. El senador Francisco Huenchumilla (DC) fue uno de los más críticos con González, a quien calificó de «fanática» por sus intervenciones públicas. A pesar de esto, la sala del Senado terminó aprobando su nombramiento por 32 votos a favor y apenas 4 en contra.

Una consejera ausente
Ya ratificada como integrante plena del Consejo para la Transparencia, Natalia González comenzó a enfocarse rápidamente en otras tareas. En 2023, la UDI la eligió como su representante en la comisión experta del segundo proceso constitucional, del cual González se convirtió en una acérrima defensora, prometiendo el caos si es que se llegaba a rechazar la propuesta de Republicanos:
«Estamos ofreciendo un texto robusto para el progreso. Si se llega a imponer el voto “En contra”, lo que me temo es que el vuelo o la fuerza vuelva hacia quienes han querido inyectar inestabilidad al país (…) Si gana el “A favor” les vamos a dar un portazo y vamos a frenar las ideas refundacionales», afirmó González en entrevista con La Tercera.
El rol de González durante el proceso constitucional fue duramente cuestionado por los propios trabajadores del Consejo para la Transparencia, quienes denunciaron que el organismo estaba funcionando a media máquina debido a las reiteradas ausencias.
«Hemos suspendido casi todo. Es una situación bien precaria porque estamos sacando lo más urgente (…) Nadie puede hacer nada, no nos podemos enfermar. Estamos todos poniendo nuestra mejor voluntad, entendiendo las distintas ocupaciones de cada uno», afirmó en esa ocasión el presidente del CPLT, Francisco Leturia.
En paralelo, se dio a conocer una denuncia ciudadana contra el Consejo para la Transparencia que implicaba a Natalia González. El denunciante se refería a un recurso de amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación para acceder a la agenda de reuniones del presidente Piñera entre el 11 y el 17 de marzo de 2019. En dicha oportunidad, González votó en contra, argumentando el Presidente de la República no era sujeto obligado de la Ley de Lobby.
En abril de 2024, todavía como miembro del Consejo de la Transparencia, Natalia González dio el gran salto al mundo empresarial e ingresó al directorio de la empresa Carozzi, reemplazando al exministro de Hacienda Carlos Cáceres. González ocupará el cargo hasta 2027, período en el cual también será directora del Consejo para la Transparencia y consejera de Libertad y Desarrollo.