Nuevamente el gobierno no supo defender el acuerdo SQM-Codelco ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. La presentación del ministro de Economía, Nicolás Grau, dejó con gusto a poco a los parlamentarios, quienes vieron exhibir las mismas cifras de supuestas ganancias para el fisco y de que el trato directo era mejor a una licitación ante la amenaza del valle productivo que implicaría la salida de la empresa de Julio Ponce Lerou.
Ocurrió la tarde noche del lunes 19 de Mayo de 2025, en la última sesión de dicha comisión que investiga el opaco acuerdo que sin licitación de por medio está entregando la explotación del Salar de Atacama hasta el año 2060 a la empresa de los nietos del dictador Pinochet.
En la oportunidad el diputado Cristián Labbé, del ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL), interpeló al ministro Grau preguntándole “¿en qué momento pasaron en este gobierno de la estatización del litio a entregarlo a la familia Pinochet?”.
“Ustedes conocen mi posición política, pero de igual forma pregunto ¿En qué momento este gobierno firma un acuerdo con la familia Pinochet”- agregó.
La interpelación del diputado libertario da cuenta de que tanto la derecha como la extrema derecha han sabido dar cuenta de un flanco ominoso para el gobierno de Gabriel Boric, de mantener en la explotación del Salar de Atacama a la empresa de la familia Pinochet. Dicha ofensiva ya fue ensayada por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien hace pocas semanas a través de su cuenta de X dijo: “He pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco, con el objeto de revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile”.
ASEGURANDO LOS INCENTIVOS PARA SQM
La presentación del ministro Grau delimitó dos etapas en el camino que condujo al acuerdo. La primera es cuando el gobierno definió su política respecto del mineral blanco, la que culminó con el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio, en abril de 2023. Grau comentó que el objetivo principal es duplicar la producción en el Salar de Atacama y en otros de los 45 salares que tiene Chile, como el acuífero de Maricunga.
En el marco de esa estrategia se definió una política de conservación de salares que determinó la protección, según el ministro Grau, de un 7 al 30% de ellos. Para el resto se contempló una estrategia de agregación de valor, ya que según argumentó sólo se explota el Salar de Atacama.
Si bien valoró la iniciativa de protección de salares, el diputado ecologista Félix González advirtió de que se deben asegurar los salares ante posibles decisiones de los próximos gobiernos, lo que podría haber quedado asegurado a través de una ley especial.
También se definió, según el ministro Grau, que el Estado quedara con el 50+1%. Así se confió en dejar las negociaciones en manos de Codelco, ofreciéndoles el contrato entre 2031-2060, luego de lo cual la cuprífera recién salió a buscar un socio. Después de esa determinación se habilitó a negociar con SQM para empezar esta explotación en conjunta, basándose en que es la única empresa para negociar que estaba explotando actualmente el Salar de Atacama.
Asimismo Grau destacó que el acuerdo fue aprobado por unanimidad en el directorio de ambas empresas, considerando que el ente ejecutivo de Codelco está integrado por personas nombrados por diferentes gobiernos. Del mismo modo destacó el apoyo al acuerdo de dos ex-ministros de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Juan Carlos Jobet y Laurence Golborne.
Grau además recalcó que la estrategia definida permite que el Estado pueda participar en el salar antes de 2031.
De igual forma el ministro volvió con el enfoque que retira al Estado como promotor de políticas de desarrollo e inversiones, reduciéndolo a un rol de incentivar o desincentivar inversiones. Así planteó ante los diputados que entre los problemas que generaría haber hecho una licitación es que “SQM no tendría incentivos para hacer inversiones en el salar”, lo que produciría como efecto que la producción decaería poco a poco de aquí al 2030. “Si uno cambiaba el partner, a partir de 2031, no habría interés de operadores hasta esa fecha”- sostuvo. Luego agregó que el acuerdo empuja a la empresa de Ponce Lerou a ensayar nuevas tecnologías de extracción. “El cambio de tecnología alguien tiene que hacerlo”, así como también encargarse “del EIA que los haga quienes están operando el salar”.
Grau reproduce la perspectiva de un Estado no protagonista del desarrollo económico, sino que como árbitro que dispone de los recursos según los incentivos posibles a empresas privadas. Esto ya fue delineado en la misma comisión investigadora por el vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, quien reconoció cuando fue convidado que “nosotros estamos alineados con el incentivo de ellos”.
En la oportunidad Benavente argumentó que si no se hacía el contrato con Ponce Lerou, “SQM salía, dejaba residuos, dejaba nada, porque no tenía ningún incentivo a la vista” y que “menos tienen incentivos a dejar a entrar a posibles competidores a observar sus tecnologías de extracción”.
Dicho despliegue argumental piensa las políticas públicas a partir de la producción de incentivos para los inversionistas privados. Así Benavente reconoció que la empresa de Ponce Lerou “tiene los incentivos para aumentar la producción”.
CRÍTICA DE LOS PARLAMENTARIOS PRESENTES
La presentación del ministro Grau recibió la crítica de los parlamentarios presentes en la comisión investigadora. Abrió los fuegos el diputado Miguel Ángel Calisto, quien planteó que aún no entienden lo del trato directo, “porque en Chile hasta para comprar sillas hay que hacer licitaciones, y estamos con que el contrato más grande en la historia resultó por contrato directo”.
Por su parte, la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano) llamó la atención de que con el argumento de la experiencia con SQM y la amenaza del bache productivo. “De esa forma tienen asegurado de por vida el salar, por lo que nunca podrá entrar otra empresa”- sostuvo.
En tanto la diputada del Partido Republicano, Catalina del Real, puso hincapié en el hecho de que el gobierno defiende el acuerdo con SQM porque asegura control del Estado en todas las decisiones, pero al mismo tiempo por estructura societaria SQM tendría derecho a veto.
LA PÉRDIDA PARA EL PATRIMONIO PÚBLICO
La segunda presentación de la jornada fue realizada por el economista Camilo Lagos Miranda, quien participó en la Comisión Nacional del Litio creada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y trabajó en Cochilco hasta el año 2017.
Lagos inició su presentación diciendo que estamos hablando del salar más rico y con mayores reservas de litio en el mundo con el costo de producción más barato. “Sólo recursos del Salar de Atacama podrían sostener la demanda mundial por varios años. Es la joya del país”- sentenció.
A continuación Lagos presentó un estudio que viene haciendo en los últimos meses que intenta determinar cuánto gana el patrimonio público con el acuerdo SQM-Codelco. Así mostró que en la práctica “si bien es cierto que hay mayor ingreso del Estado, pero nadie logra explicar porque estamos entregando 5 mil millones de dólares a una empresa privada, es un subsidio directo a SQM”.
Según el cálculo de Lagos el bache que se produciría en caso de cambiar de socio cuesta 4 mil millones de dólares, estimados en 24 meses de tardanza en llenado de las piscinas para producir litio. Es decir, “paralizar la producción por ese tiempo tiene un costo de 4300 millones de US, no los 11 mil millones argumentados por Benavente”- dijo Lagos.
Así las cosas, el economista sostuvo “que en el Gobierno tomaron decisión de subsidiar a SQM con 5 mil millones por no perder unos 4 mil millones. El acuerdo es más que la solución con bache, pero ¿a cambio de qué? ¿cómo se justifica ese regalo?”.
Las conclusiones de Lagos también dejaron en ascuas los cálculos del gobierno. Planteó 4 puntos, los cuales son:
1) Un error estratégico de origen: ante la amenaza de bache productivo hecha por SQM, el Estado entregó el 49,9% de la principal riqueza de litio del país. La decisión se tomó desde el miedo y no desde la estrategia de largo plazo.
2) La falta de licitación provocó que no se echó a correr a SQM, lo que la hubiera obligado a mejorar la propuesta. “No se le hizo competir y había muchos con quienes competir, lo que significa que se podía haber ofertado en mejores condiciones”- sostuvo Lagos.
3) Subsidio al incumbente: el Estado prefirió pagar 5 millones por evitar una pérdida de 4 mil millones. Esto no tiene explicación económica. Ante el temor a esa pérdida, entregaron ese monto en subsidio a una empresa privada, lo que daña la imagen de Chile ante inversores extranjeros.
4) Se producirá una pérdida histórica por la falta de visión estratégica: “han primado visiones de corto plazo por una visión de Estado a largo plazo, como generar recursos frescos entre los años 2025 y 2027, calculados en US$ 1.700 millones según el ministro Grau, pero poniendo en riesgo a nuestra principal riqueza”- finalizó el economista.
M. B.R.
El Ciudadano
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