Bruma y Julia: dos desapariciones, un mismo poder

Por Benjamín Muñoz Rojas

El pasado 8 de mayo se cumplieron seis meses desde la desaparición de Julia Chuñil Catricura, presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, junto a su perro Cholito. Desde entonces, su familia no solo ha debido enfrentar la angustia de no saber su paradero, sino también la violencia institucional: allanamientos reiterados a sus hogares, y filtraciones de antecedentes del caso a los medios de comunicación, mientras ellos mismos siguen sin acceso a la información oficial. El principal sospechoso es el empresario Juan Carlos Morstadt, quien habría estado acosando y amenazado a Julia previamente debido a su lucha por la protección de 900 hectáreas de bosque nativo en la comuna de Máfil, donde él es el dueño «legal» del predio.

En un triste paralelismo, el pasado 30 de abril se cumplió un mes desde la desaparición de los siete tripulantes de la embarcación Bruma, en la costa de Coronel, Región del Biobío. La lancha fue hallada semihundida, sin rastro de su tripulación. Las familias de los pescadores desaparecidos presentaron una querella por homicidio con dolo eventual contra el capitán del PAM Cobra, embarcación industrial de la empresa Blumar, por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida en altamar, al considerar que pudo haber colisionado con la Bruma.

Ambos casos, más allá de lo desgarrador de cada uno por separado, revelan una lógica común y profundamente alarmante. Las desapariciones de Julia y de los pescadores del Bruma, pese a la distancia geográfica, responden a un mismo patrón: las víctimas pertenecen a las clases populares de este país, y en ambos casos, los presuntos responsables son empresarios. Además de ello, como si fuera poco, hoy son esos mismos presuntos culpables quienes lideran una obstrucción directa de la justicia.

En el caso del Bruma, las familias de los desaparecidos han denunciado un inquietante pacto de silencio entre los tripulantes del Cobra, impulsado por el temor a perder sus fuentes laborales. Según relatan, todos ellos fueron convocados previamente a las oficinas de la empresa Blumar -dueña de la embarcación- antes de prestar declaración ante las autoridades, lo que habría favorecido la construcción de una versión única y coordinada de los hechos. “Sospechosamente, todos los tripulantes fueron reunidos en las oficinas de Blumar antes de entregar declaraciones”, afirman. Y advierten: “la versión de la tripulación del Cobra no merece ningún crédito, porque ya ha cambiado cinco veces”.

En el caso de Julia, el patrón es casi idéntico y se agrava por la ineficacia de la Fiscalía. Mariela Santana, secretaria ejecutiva de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y abogada del hijo de Julia, señaló en una entrevista con Diario UChile que “una de las cosas que ha afectado el avance de la investigación es que ha pasado, al menos, por cuatro fiscales distintos, cada uno de los cuales ha estado desconectado de las diligencias o de las líneas investigativas del fiscal anterior”. A esta negligencia institucional se suma la muerte de uno de los caballos de Julia, que no presentaba heridas visibles, lo que hace pensar que pudo haber sido envenenado. Este hecho fue denunciado por la familia como parte de una serie de amedrentamientos y hostigamientos sistemáticos sufridos en el marco del conflicto territorial.

Ambos casos, además, están marcados por crecientes tensiones en torno a las luchas que encarnan Julia y los pescadores. Mientras decenas de comunidades y defensores territoriales resisten frente al avance de proyectos extractivistas, los pescadores artesanales se movilizan para exigir la aprobación de la ley de fraccionamiento, en medio del temor de que el Senado vuelva a legislar en favor de la gran industria pesquera.

Reconocer la dimensión política de estos hechos es fundamental para comprender su verdadera gravedad. Los criminales no atentaron simplemente contra las personas, sino hacia la lucha que ellas encarnaban. Esto no se trata de solo desaparecer gente, esto se trata de buscar silenciar a quienes históricamente se han movilizado por mayor dignidad, y de enviar un mensaje intimidatorio a quienes continúan resistiendo y solidarizando con esas causas. Lo más grave es que no se trata de hechos aislados ni nuevos. La desaparición de los pescadores del Bruma y, en especial, la de Julia Chuñil, son reflejo de una justicia cubierta de un manto de impunidad, que ha permitido que los intereses de una ínfima minoría mercantil estén por sobre la vida humana. Bien lo saben las familias de Macarena Valdés y Rodrigo Cisterna.

Hagamos un simple ejercicio: ¿qué hubiese pasado si la situación fuera al revés? Es decir, que una mujer mapuche estuviese siendo acusada de hacer desaparecer a un empresario, o que pescadores artesanales hundieran un pesquero industrial. Los medios de comunicación y la clase política estarían hablando por lo menos de terrorismo. Ello habla de cómo actúa el Estado, y de un evidente sesgo de clase en la respuesta de la institucionalidad. No es casualidad que, cuando las víctimas de desapariciones son mujeres y hombres pobres, quienes más se despliegan en los territorios para realizar las labores de búsqueda y exigir justicia no sean los tribunales, sino los propios familiares y los movimientos sociales, cuando debiese ser el Estado en colaboración con las familias quien lidere en conjunto la búsqueda con vida de sus propios ciudadanos.

Aquello expone una clara arista de los peligros derivados de la desigualdad estructural que atraviesan territorios como las regiones del Maule, del Biobío y de Los Ríos, así como incapacidad del Estado para garantizar presencia, protección y justicia en estas zonas. Esta ausencia institucional, sumada a la defensa histórica de intereses privados por sobre los populares, ha dado paso a una peligrosa normalización de la impunidad: incluso en democracia, aquellos que cometen actos de barbarie para aumentar el tamaño de sus bolsillos se sienten con el poder y la legitimidad para actuar a su antojo, seguros de que no enfrentarán consecuencias.

Estos hechos responden a un patrón histórico de violencia ejercido por las fuerzas más oscuras del poder contra los defensores de la tierra y los sectores populares, acompañado del abandono sistemático del Estado hacia esos territorios. El día 14 de abril, fue encontrada muerta en el norte Maximiliana Amaro Mamani, mujer aymara de 85 años, perteneciente a la localidad de Quebe, en la comuna de Colchane. Su familia y diversas organizaciones indígenas denuncian asesinato y negligencia estatal, recordando que “años atrás alertó que fue encañonada con una pistola cuando denunció el paso incontrolado de extranjeros indocumentados por nuestro territorio”.

Tres días más tarde, el 17 de abril, falleció Luis Héctor Godoy Mendoza, de 62 años, buzo que prestaba servicios a una empresa contratista encargada de labores de limpieza en un casco a pontón del centro Elena Weste, perteneciente a la empresa Blumar, la misma que ha sido acusada del asesinato de los pescadores. Godoy trabajaba subcontratado por una empresa externa, en condiciones que reflejan la precarización estructural del sector. Su familia interpuso una querella por cuasidelito de homicidio contra todos los responsables.

Pareciera que nuestro país se encuentra en un mundo al revés, donde aquellos que luchan por defender la tierra, o que apenas subsisten de ella sin esquilmarla, son perseguidos bajo el silencio cómplice de un Estado que actúa con negligencia cuando las víctimas son pobres. Mientras tanto, aquellos que la depredan y hacen desaparecer personas por sed de dinero, duermen tranquilos en la comodidad de sus hogares. No podemos esperar otros 50 años para que el Estado asuma su responsabilidad ante la desaparición; tal como han venido exigiendo los familiares y las organizaciones de derechos humanos desplegadas en todos los territorios del país: toda la verdad y toda la justicia.

Por Benjamín Muñoz Rojas

13 de mayo de 2025.

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