En un movimiento sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos revocó la autorización de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales, una decisión que afecta directamente a casi 6.800 alumnos extranjeros y abre un nuevo frente en la confrontación entre la administración del presidente Donald Trump y una de las universidades más prestigiosas del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida alegando que Harvard ha permitido un «ambiente inseguro» en su campus, donde, según la agencia, «agitadores antiestadounidenses y proterroristas» han atacado a estudiantes judíos. Además, la administración acusa a la universidad de colaborar con el Partido Comunista Chino, citando presuntos entrenamientos ofrecidos en 2024 a miembros del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang.
Como consecuencia, Harvard ha perdido su certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), que le permitía patrocinar visas de estudiantes internacionales. La universidad ha calificado la acción como “ilegal” y ha denunciado que representa una “represalia” que amenaza su comunidad académica y su misión educativa.
La medida fue impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en una carta enviada el jueves afirmó que la sanción responde al incumplimiento de “requisitos sencillos de reporte”. Noem exige que Harvard entregue en 72 horas una lista completa de estudiantes internacionales y registros sobre su participación en protestas o actividades consideradas peligrosas. La universidad tiene hasta entonces para evitar que la sanción se extienda al ciclo escolar 2025-2026.
Grupos estudiantiles y defensores de la libertad de expresión han condenado la medida. El grupo Demócratas del Colegio de Harvard denunció que el gobierno de Trump está “jugando con las vidas de los estudiantes” para imponer una agenda política radical. La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) calificó la exigencia de Noem como una “expedición de pesca” que atenta contra la libertad de expresión y privacidad de los estudiantes.
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre la administración Trump y Harvard, que incluyen el recorte de 2.600 millones de dólares en subvenciones federales y amenazas de eliminar su estatus de exención fiscal. El gobierno también ha acusado reiteradamente a la universidad de no proteger adecuadamente a estudiantes judíos durante recientes protestas propalestinas en campus universitarios del país.
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La comunidad académica ha reaccionado con alarma. Ted Mitchell, presidente del Consejo Estadounidense de Educación, calificó la decisión como “un exceso ilegal y mezquino” que envía un mensaje disuasorio a estudiantes internacionales que desean estudiar en EE.UU.
Mientras la administración intensifica su ofensiva contra instituciones de educación superior, Harvard se prepara para librar una batalla legal en defensa de su comunidad internacional y sus principios académicos. La incertidumbre crece para miles de estudiantes extranjeros que, de no mediar un cambio, podrían verse obligados a abandonar el país o buscar refugio académico en otras universidades.
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