El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, suma una nueva acusación de alto calibre en su ya abultado historial judicial. La Policía Federal lo señala como figura clave en la operación de una red de espionaje ilegal durante su mandato (2019-2022), en lo que ha sido denominado el caso de la “ABIN Paralela”. De acuerdo con el informe entregado al Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro encabezó una organización criminal que utilizó recursos del Estado para vigilar clandestinamente a opositores, periodistas, jueces y críticos de su administración.
Entre los acusados también figuran su hijo, el concejal Carlos Bolsonaro, el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), Alexandre Ramagem, y varios exfuncionarios del círculo íntimo del mandatario. El esquema incluía el uso de tecnología de rastreo israelí, denominada FirstMile, con la cual se habría accedido sin autorización a la geolocalización de dispositivos móviles. Esta herramienta, comprada en 2018 por la ABIN durante el gobierno de Michel Temer, habría sido utilizada con fines políticos y represivos.
Una de las pruebas más contundentes reveladas por la Policía Federal es el audio de una reunión grabada en agosto de 2020, donde Bolsonaro, Ramagem y el general Augusto Heleno, entonces jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, discutían estrategias para vigilar a funcionarios del fisco que investigaban a Flávio Bolsonaro por el caso de las rachadinhas. El contenido de dicha reunión, hallado en uno de los teléfonos incautados en el marco de la operación Vigilancia Estrecha, fue desclasificado en 2024 por orden del ministro Alexandre de Moraes.
Según los investigadores, la información recolectada ilegalmente fue utilizada para lanzar campañas de difamación a través de redes sociales, lideradas por Carlos Bolsonaro, quien ya era conocido por operar la maquinaria digital del bolsonarismo. Figuras como el juez Alexandre de Moraes, el senador Renan Calheiros y los expresidentes de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia y Arthur Lira, estuvieron entre los blancos del espionaje.
El escándalo ha puesto en entredicho a la propia ABIN. Su actual director, Luiz Fernando Corrêa, es acusado de obstrucción de la justicia por su negativa a colaborar con las investigaciones, lo que ha despertado temores sobre una posible continuidad de prácticas ilegales dentro del organismo.
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Aunque este caso no está directamente vinculado con el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 —por el que Bolsonaro también enfrenta cargos y ha sido interrogado—, ambos procesos judiciales dibujan un patrón común: el presunto uso de estructuras del Estado para debilitar la democracia y perpetuar el poder.
La resolución del caso de espionaje podría conocerse en los próximos meses, mientras el caso del intento de golpe se encuentra en una fase avanzada con veredicto estimado para finales de año. En conjunto, estos procesos abonan a la percepción de que el expresidente brasileño promovió un gobierno basado en el autoritarismo, la persecución política y el desprecio por las instituciones.
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