El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile presentó un requerimiento en la Contraloría General de la República, para que «aclare el sentido y alcance de sus oficios» emitidos durante los primeros días de junio, respecto a las movilizaciones docentes.
«A nuestro entender, la Contralora excede sus facultades pretendiendo que frente a las paralizaciones se debe descontar, obligar a recuperar y después no reintegrar los fondos», planteó el presidente nacional del Magisterio, Mario Aguilar.
El líder gremial recordó que esto «ya lo hablamos con la Contralora y ella misma nos pidió ingresar este requerimiento, en el que solicitamos precisamente aclarar, lo que a nuestro entender ha sido una interpretación errónea de los oficios, además que un oficio no tiene la facultad en sí mismo de derogar un Dictamen».
A entender del Colegio de Profesoras y Profesores, «la propia Contralora lo reconoció -esperamos su respuesta por escrito- respecto a la existencia de dictámenes del propio organismo que señalan que frente a la ausencia por paralizaciones, si hay plan de recuperación aprobado, no proceden los descuentos».
En el requerimiento, además se consulta a la Contraloría sobre la retroactividad de los oficios, porque según Aguilar, «a nuestro entender eso también es ilegal».
«Daremos la pelea porque nos parece que es una arbitrariedad que se pretenda vulnerar el derecho a la movilización y a manifestarse. Hemos tenido algunas respuestas por parte del Gobierno, que sin nuestras movilizaciones no se hubiesen logrado, así que reivindicamos el derecho que tenemos los trabajadores a luchar en especial en educación, porque muchos de los puntos demandados tienen que ver con los estudiantes y mejoras para ellos», puntualizó el presidente del Magisterio.
Finalmente, Mario Aguilar anunció que las y los profesores seguirán «en la lucha de esta verdadera campaña anti-trabajadores que hay en el país, como son los proyectos de ley que se han presentado y que buscan vulnerar el derecho a movilizarse por parte de las y los trabajadores, proyectos que vulneran principios básicos y tratados internacionales de los que Chile es parte. Esto demuestra que estamos en una ofensiva anti-trabajadores, en especial de quienes se desempeñan en el sector de la educación».
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