Víctor Orellana, Subsecretario de Educación Superior: «se va a acabar la época en que hay llamadas amenazando de embargo porque tú ejerciste un derecho social como es estudiar»

En esta entrevista ciudadana Víctor Orellana, Subsecretario de Educación Superior, nos relató las principales prioridades para estos últimos meses de gobierno, destacando la agenda de modernización de la educación superior y el proyecto de ley sobre financiamiento de educación superior que pone fin al CAE.

Por Javier Pineda Olcay

Javier Pineda: Una primera pregunta Subsecretario. A propósito de la cuenta pública del Presidente de la República, donde recordaba cuáles eran los orígenes del mismo y de una generación donde Ud. también es parte. ¿Cuáles son las principales propuestas específicamente en materia de educación superior? ¿Cuál es la agenda que tiene la subsecretaría y el Ministerio de Educación de aquí hasta marzo del 2026?

Víctor Orellana: Como recordaba el Presidente, nosotros somos parte de una generación que planteó en su momento que teníamos que reconquistar los derechos sociales y que en Chile se había transformado la esfera de los derechos sociales en un ámbito mercantil. Lo que hace que en tu salud, en tu educación, en tu pensión, pesara más tu billetera que tus derechos como persona. Esto construyó un proceso de lucha y luego, no solo como nuestra generación, sino yo diría como un arco de toda la generación y de muchos colores políticos, nos permite estar acá y llevar adelante un proceso de transformaciones que tampoco iniciamos completamente nosotros.

El proceso de transformación que partió en las calles tuvo una expresión institucional en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet y que implicó una reforma educacional. Nosotros ahora hablamos de un proceso de modernización de la educación superior, que es abordar algunos temas que no se pudieron abordar en ese momento, profundizar otros y ajustar algunos, básicamente para llegar al siguiente resultado: que la educación superior no nos produzca una deuda bancaria. Es decir, que podamos estudiar sin tener que ver nuestra billetera; que estudiemos carreras más flexibles y que tengan que ver más con la vida actual, es decir, con lo que se va a requerir en el futuro, como con las condiciones que tenemos. Por ejemplo, que sea amable con las personas que tienen que cuidar, amable con las personas que trabajan, que no duren tanto como duran las carreras hoy día.

Y en tercer lugar, con un protagonismo mucho más determinante de la educación pública. Es decir, que las universidades públicas, los centros de formación técnica del Estado y la educación pública en general, y también aquella que puede ser, a lo mejor, jurídicamente privada pero que tiene un arraigo histórico y un valor público, sea protagónica en la sociedad mucho más de lo que ha sido hasta el momento. Y yo creo que con las reformas que hoy día están en curso, con lo que estamos haciendo en el proyecto que termina con el CAE y muchos otros ajustes, vamos a cumplir y vamos a acercarnos mucho más a ese horizonte al final del gobierno.

JP: Antes de entrar a la piedra angular que es el proyecto del Fin al CAE, ¿cuál es la evaluación que realizan de la reforma de gratuidad? Porque en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se implementa la gratuidad, y de alguna forma lo que uno podría ver es que desaparecen algunas universidades pero crecen otras, y el caso insigne yo diría que es la Universidad San Sebastián. ¿Cómo han hecho la evaluación de la implementación de la política gratuita? ¿Qué desafíos cree que todavía están pendientes en esa materia?

Víctor Orellana: Mire, uno podría hacerle muchas críticas a la política gratuita, y se le han hecho. Y es más, si tú revisas la historia de la ley, muchas personas que estamos hoy día en el gobierno también hicimos algunas críticas. Pero lo cierto, lo fundamental y el hecho básico para las personas que nos están escuchando es que hoy día más de 600,000 estudiantes estudian gratis en el sistema, y eso es una conquista social y política.

Ahora, ¿en qué sentido es perfectible y qué podemos hacer de acá al futuro? Primero, preocuparnos de las personas que están en la clase media que no acceden a la gratuidad, que no son ricos, gente que tenemos que darle una respuesta, y para eso me imagino vamos a hablar del proyecto Fin al CAE. También tener una política de gratuidad que esté asociada a la expansión, fortalecimiento y ampliación de la educación pública. Es decir, que no sea simplemente un subsidio que se hace a un mercado, sino que sea parte de un proceso de fortalecimiento y ampliación de las instituciones públicas y aquellas que a lo mejor no son estatales en lo jurídico pero que tienen un arraigo territorial y una historia y un compromiso público fundamental.

Yo diría que si avanzamos en esa dirección, y por ejemplo hemos recibido por parte de las universidades del Estado planes de crecimiento de la matrícula, eso significa que hoy día el principal sector en expansión en la educación superior es el sector público. Pero no es cualquier expansión, porque no son carreras elegidas simplemente para que las instituciones hagan caja. Son carreras que están en línea con las estrategias regionales de desarrollo y con las prioridades nacionales de desarrollo. Es decir, son carreras que tienen que ver con necesidades sociales.

Lo conversábamos, por ejemplo, con senadores y senadoras. Vamos a hacer un hospital en alguna región, por ejemplo. Ese hospital va a requerir profesionales de la salud. Bueno, tenemos que formarlos, y para eso necesitamos educación pública. Porque ¿cómo tú formas un especialista, un especialista en especialidades médicas, que se quede en esa región? Bueno, lo que nosotros decimos es: fórmalos en esa región y hazlo con personas de esa región. Entonces, esos son los pasos, y esa es la evaluación que podemos hacer: una evaluación positiva pero que requiere ajustes todavía.

JP: A propósito de eso, te iba a preguntar porque hay incentivos concretos que se han dado en algunas profesiones, principalmente la profesión docente, a la formación de profesores. Pero, por ejemplo, uno de los temas que se discute ahora es la falta de especialistas médicos. ¿Qué políticas puede adoptar el Ministerio para que se formen más médicos? Porque vemos que la formación de médicos, al menos en las instituciones públicas en Chile, es sumamente elitista. Si uno lo compara con el resto de América Latina, donde la formación de médicos es mucho mayor, ¿ahí juegan algún rol los propios médicos y el Colegio Médico en reducir la cantidad de especialistas que surgen? ¿O más bien hay una falta de incentivo que, con aportes basales como mencionas a las mismas universidades, permitiéndoles ampliar la oferta, también podría de alguna forma solucionarse aquello?

VO: Estamos trabajando en planes de crecimiento de la matrícula precisamente para aquella área, y estamos avanzando en proyectos claves de infraestructura que nos van a permitir, por ejemplo, abrir medicina en la Universidad de La Serena para satisfacer la necesidad de esa región, ampliar el potencial en medicina que tenemos en la región de Atacama. Estamos trabajando para ampliar, por ejemplo, la formación de especialistas médicos y de medicina en el litoral de la región de Valparaíso. Estamos trabajando a lo largo de todo Chile en fortalecer la formación de especialistas a través de la educación pública.

Porque mira, cuando tú le entregas esto al mercado, ¿dónde se concentra el mercado? Se concentra en las grandes ciudades, donde hay mayor concentración demográfica. Pero nosotros tenemos que garantizar los derechos de la población en todo el territorio nacional. Entonces, yo diría que hay ahí un esfuerzo importante.

Y en pedagogía, hemos presentado un proyecto de ley al Parlamento que va a modernizar el acceso a las pedagogías y, de manera complementaria con otras medidas que estamos tomando, vamos a llegar a formar, nos parece, mejores profesores y profesoras, y a saldar el déficit que tenemos de docentes idóneos y especialistas a lo largo de todo el territorio nacional.

No es buena política entregarle estas decisiones al mercado. Tiene que haber política pública en diálogo con el sector público y con el sector privado, por supuesto que sí, pero tiene que haber política pública.

JP: También pasando las evaluaciones, uno de las políticas también que se implementó en el segundo gobierno de Bachelet fue la creación de varios CFT en algunos lugares que no tenían instituciones públicas de educación superior. ¿Cuál es la evaluación actual de la educación técnica? ¿Hay algunas políticas de incentivar la formación técnica? Hay algunos candidatos que han hablado precisamente de esto, algo que se venía planteando desde el movimiento estudiantil. Incluso hay muchos cesantes ilustrados con carreras que no tienen mercado laboral pero que son rentables para las universidades, en desmedro de otras carreras que, en otros países al menos de derecho comparado, sí tienen mayor rentabilidad y que incluso en Chile faltan algunas carreras, pero que se desarrollan poco, salvo la experiencia del INACAP y precisamente estos CFT estatales. ¿Cómo ven ustedes ahí que se ha desarrollado la educación técnica en Chile?

VO: A nivel global, estamos trabajando para que la educación superior tenga una estrategia, es decir, tenga un horizonte, podamos poner la pelota contra el piso, digamos, y tener una estrategia de largo plazo. Y dentro de esa estrategia, un elemento clave es cómo relacionamos la educación superior con la necesaria modernización de la matriz productiva en Chile. Porque al final del día, si seguimos siendo un país solo exportador de materias primas, o principalmente exportador de materias primas, no vamos a resolver los grandes problemas que tenemos. Tenemos que dar un salto a tener desarrollo industrial, como por ejemplo ocurre con el hidrógeno verde y lo que está en distintas estrategias regionales de desarrollo. Y nosotros queremos una educación superior que aporte a ese proceso.

Específicamente, los centros de formación técnica tuvieron el desafío de llevar oportunidades de formación técnica a lugares donde, como el desarrollo del mercado se concentró en las grandes ciudades o en las capitales regionales, ciudades como Chañaral en Atacama, Porvenir en Magallanes, por mencionar dos, o Tirúa en Biobío, no tenían oferta. Entonces se crean los CFT estatales. Nosotros tomamos en el gobierno los CFT estatales en toda la red con 8,000 estudiantes. Hoy día hay 18,000 estudiantes. Hemos ampliado la matrícula de los CFT estatales y esperamos al finalizar el gobierno llegar a 25,000 estudiantes, lo que significa que la red de centros de formación técnica va a ser un actor importante en el sector de educación técnica.

Ahora, no conforme con eso, y cumpliendo un protocolo de acuerdo que tenemos con el Congreso en la ley de presupuesto del año anterior, vamos a enviar un proyecto de ley al Parlamento, nuestro segundo proyecto de ley importante que está prontamente a ser enviado, donde vamos a modernizar algunas estructuras de los centros de formación técnica del Estado, con el objetivo de que en la próxima década sigan ampliando su matrícula y se transformen en una red mucho más compleja y robusta de oferta técnico-profesional para el país y para sus territorios. Es decir, sin abandonar los territorios, sigan creciendo y sean un actor robusto.

Nos pensamos que en 10 años más, al mirar el crecimiento que tenemos con las universidades públicas y aquellas que a lo mejor no son jurídicamente estatales pero tienen valor público, y los centros de formación técnica del Estado, vamos a tener un espacio de educación superior pública mucho más robusto que el que tenemos hasta el día de hoy.

JP: Y entrando a la piedra angular de lo que es el trabajo de la subsecretaría, me imagino este año y sobre todo en el Congreso Nacional, cuéntanos cuáles son los dos grandes pilares que tiene el proyecto de Fin al CAE y de condonación parcial del mismo.

VO: Bueno, primero, como tú has señalado, tenemos que terminar con el CAE. Es un consenso. El CAE fue una política que se pensó para un escenario, pero finalmente hubo otro. O sea, al octavo año cuando se hizo el CAE, se pensó que a 8 años del régimen íbamos a tener 35,000 créditos, y en la realidad hubo 350,000 créditos. Y cualquier cosa en la vida que tú la planifiques a una escala 10 veces menor que lo que termina ocurriendo, va a tener que hacer un cambio estructural.

Vamos a salir entonces, vamos a reemplazar el CAE. Y primero vamos a tener una política de condonación y reorganización de la deuda, porque primero se decía: «Mira, la condonación va a ser universal». No va a ser universal. Lo cierto es que esta condonación le alcanza a todos y todas. Lo que pasa es que alcanzan diferentes magnitudes. Entonces, ¿cuáles son las principales variables? Tus ingresos. Es decir, vamos a considerar tus ingresos y vamos a considerar cuán al día estás. Entonces, una persona que tiene bajo ingreso y está al día, va a ser la más beneficiada por la condonación, y por eso van a haber miles de personas que van a quedar con condonación total. Y luego, por ejemplo, pasa si tú tienes un ingreso inferior a lo que hoy día entendemos como salario mínimo, se te va a ir condonando, entonces no va a tener un compromiso de pago cero.

Y esa no es poca gente. O sea, con puros datos del 2022, si tuviéramos que hacer con esos datos más o menos un 40% de las personas que están en etapa de pago tendrían, quedarían en etapa de pago cero con esos datos. Y en ese momento, por supuesto, si las personas empiezan a tener ingresos, ahí van a tener que retribuir el porcentaje apropiado de sus ingresos.

Entonces, tenemos un componente de condonación que creemos que es una respuesta contundente, que es una condonación parcial que contempla totalidad en algunos casos, pero que a todos y todas les baja la cuota. Eso es muy importante que lo entiendan también los y las endeudadas: «A todos y todas les baja la cuota, y ya tu deuda no queda vinculada al banco». Esto es muy importante para la gente también, pasas a entenderte directamente con el sector público, y eso ya no constituye, entre comillas, un pasivo comercial. Ya es una obligación de retribución con el Estado.

Y en segundo término, tenemos un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior que, a diferencia del crédito con aval del Estado, se basa en una arquitectura regulada. Es decir, acá vamos a definir los costos necesarios y razonables para las carreras de una manera, con una comisión de expertos. Vamos a regular, y luego vamos a asegurar para la gran mayoría de los casos, cuando tú estás en los deciles 7, 8, 9, es decir, eres de la clase media, que tú, y esto es lo más importante, nos interesa decirle a la gente, va a estudiar sin necesidad de desembolsar recursos. Claro, solo en el 10% más rico hay una posibilidad de cobrarte un copago adicional.

Entonces, tú estudias no más, tú te preocupas de estudiar, y luego tú retribuyes de acuerdo a tu capacidad de pago, sin que aquello signifique una deuda comercial. Y nos parece una retribución justa que se va adaptando a tu trayectoria laboral y que es como un seguro. Es decir, si por alguna razón no estás trabajando, no retribuyes. Si ganas menos de 500,000 pesos, no retribuyes. Puedes llegar a un máximo de 7%, y solo para algunos casos que ganan más de 3 millones de pesos llega a ser el 8%, pero en promedio no se va a llegar al máximo por la estructura de remuneración de este país.

JP: Profundizando un poco más en el primer pilar de condonación parcial. Actualmente la gente puede tener créditos Corfo, que cada vez es más residual, el Fondo Solidario y también el CAE. Entonces, para entenderlo bien las variables son cuántas cuotas yo he pagado, y en base a esas cuotas que he pagado voy a optar a un derecho de condonación parcial, y además va a depender del nivel de ingreso. O sea, hay un incentivo a que las personas que están morosas vayan pagando un poco más para que eventualmente les beneficie ese crédito o no.

Víctor Orellana: Mire, primero, esto se aplica a los tres créditos: Corfo, Fondo Solidario y CAE. Primero, va a dejar tranquilas a las personas. Segundo, que a todo evento, bajo cualquier circunstancia, tú adhiriendo al plan, tu cuota baja. Ya la discusión viene cuánto baja tu cuota. En algunos casos baja hasta cero, y en algunos casos la rebaja es menor.

Hay dos etapas de esto. Primero, lo que nosotros le llamamos la condonación global, que es efectivamente un descuento que se calcula, como tú señalas, en virtud de ciertas variables que son: cuánto tiempo llevas pagando, si estás al día, y si terminaste o no terminaste tu carrera. Es decir, en el fondo lo que estamos tratando de decir es: vamos a tener más condonación en aquellos casos que las personas tienen una deuda de una carrera que ni siquiera tienen el título.

Segunda etapa, la condonación progresiva, que es aquí entra la diferencia de cuánto te corresponde a pagar según tus ingresos y tu cuota original. Supongamos que tú tenías una cuota de 50,000 pesos. Tú tienes una cuota de 50,000 pesos, pero por tu tramo de ingreso te tocaba pagar $13,000. Entonces, esos $37,000 que serían de diferencia se te condonan. Entonces, tú solo pagas $13.000 de tu cuota original.

Entonces, primera etapa, se te descuenta la condonación global, y segundo, la progresiva. Por eso decimos que este proceso es contundente. Efectivamente, no es una condonación total de todo el saldo de la deuda a todos los casos, pero en todos los casos baja la cuota, y nos permite que ahora, una vez que tú retribuyas, por ejemplo, te queda un saldo, y esos 13,000 o 20,000 pesos ya tú te queda ese saldo, y tú retribuyes por esa cuota. Esa cuota ya no va a un banco, esa cuota va al fisco para ayudar a que otras personas puedan estudiar.

JP: Y ahí también hay un derecho a crédito tributario de aquellas personas que pagaron el CAE.

VO: Cuando tú pagaste el CAE, tienes un beneficio tributario, y ese beneficio tributario es más o menos equivalente a la condonación inicial o global que le llamamos, que tú no tienes que hacer ningún trámite. Tú simplemente ese ocurre en tu proceso de los impuestos. Entonces, tú ya pagaste el CAE, empiezas a tener una exención tributaria, y puede ir de 20 a 40 UTM.

JP: En esta dimensión que es la de la condonación parcial, ¿cuáles crees que son los puntos críticos que podrían enfrentar en el Congreso? ¿Cuántos recursos va a disponer el Estado para este proyecto? ¿Es una discusión solo de plata o también del mecanismo?

VO: Mira, yo diría que, contrario a lo que ocurría antes, porque antes de ingresar este proyecto estaba una narrativa que decía: «Cuidado, no se metan con el tema del CAE porque hay 11,000 millones de dólares, y cómo el país va a gastar 11,000 millones de dólares que los podría gastar en otras cosas.» Y nosotros siempre dijimos, el gobierno siempre dijo: «Lo vamos a abordar.» Y ojo, abordar el CAE va a implicar ahorro fiscal porque podemos condonar y al mismo tiempo ahorrar, dado los problemas de eficiencia que tiene el sistema en su conjunto.

Una vez presentamos el informe financiero, yo diría que hubo un consenso en que la mejor manera de enfrentar esto era con una condonación de la naturaleza que estamos enfrentando. Por lo tanto, ahí no está el grueso. El grueso es progresivo según la capacidad de pago al final de las personas. Claro. Entonces, ahí no está el grueso. Yo diría que es un componente del proyecto que tiene un alto grado de consenso.

Por supuesto, la oposición dice que es una condonación excesiva, que debería ser mucho más acotada, pero hoy día la principal discusión no está en las y los deudores actuales. Y por eso también darle tranquilidad a las y los deudores que este proyecto va a ser ley, y por lo tanto vamos a concretar esta promesa y este anhelo de un largo proceso de lucha social. Pero el grueso del debate ha estado concentrado en el reemplazo, la segunda dimensión, en el reemplazo del CAE.

JP: Para profundizar un poco más, cuando se dice que sale la banca, explícanos un poco cómo funciona hoy día el CAE, porque yo creo que muchas personas no son tan conscientes, salvo cuando les llega la solicitud de embargo. Se suele firmar un pagaré que no tenía idea que generaba esa consecuencia, que mi aval, que muchas veces ni siquiera era alguien que tenía la voluntad de ser aval, sino que era el único con capacidad financiera para poder firmarlo, termina involucrado con procesos de embargo. Y hemos visto ahí cómo la deuda educativa y organizaciones de deudores también han tenido que enfrentar esa demanda judicial. Entonces, explícanos qué significa ponerle fin a la banca, cómo funciona hoy día y cómo funcionaría si se aprueba esta reforma en términos del financiamiento.

VO: Primero, que es muy importante, el Estado se va a entender con los bancos. Hay contratos firmados, y el Estado tiene calculada su política para suministrar y tener un acuerdo económico con los bancos que va a ser de acá a 20 años. Pero eso significa que, a medida que las personas adhieran a la política, tu relación ya no es con el banco.

¿Qué es esto? Significa que no hay más llamadas, no hay más amenazas de embargo. Darle la tranquilidad a las personas que no están escuchando: se acabó y se va a acabar la época en que hay llamadas amenazando de embargo porque tú ejerciste un derecho social como es estudiar. Eso se acabó. Se va a acabar.

¿Qué va a reemplazar este sistema? Un sistema de financiamiento público donde el Estado va a poner recursos para que se estudie, y luego tú vas a tener una obligación de retribución. Y se discute mucho si esto es un crédito o un impuesto.

JP: ¿Y eso cómo va a operar en la práctica?

VO: Va a operar en la práctica a través de la declaración de impuestos y tu descuento de planilla, como por ejemplo funciona la cotización de salud. ¿Por qué es un mecanismo automático? Porque efectivamente acá tenemos que hacer que el sistema tenga recaudación, porque si no tiene recaudación no puede funcionar el sistema. Es decir, para que todo funcione, tenemos una gratuidad que llega hasta el 60%, y para resolver el problema de la clase media y darle a la clase media la posibilidad de también estudiar sin preocuparse de la billetera, que tú no estés preocupado.

Cuando yo estudiaba, trabajaba entre medio, me tenía que hacer mis lucas, digamos, y tenía la deuda, y salí con deuda. Todo eso. Para que la gente no tenga que estar mirando su billetera, Chile tiene que recaudar la retribución, porque hoy día no tenemos los recursos para tener gratuidad para el 100% de los casos. Y esto lo vamos a hacer a través de una recaudación justa.

¿En qué sentido? Progresiva a tu nivel de ingreso. Mira, la presión al salario promedio del CAE promedio es del 14%. La presión al salario promedio que proyecta nuestra política es en torno al 4%.

JP: Un ejemplo práctico: alguien que gana 500 lucas.

VO: Sería cero. Claro, cero. Su retribución es cero.

JP: ¿Y de un millón de pesos?

VO: Sería, no recuerdo exactamente la cifra, pero digamos que 600,000 pesos empieza a ser 13 lucas. Entonces, es una retribución completamente diferente. Habría ya sobre el millón más o menos un 7%, habría que calcular. Supongamos que serían 70. Es muy diferente, porque es un monto que, como es progresivo, se adapta a tus ingresos.

Es decir, no, a mí me ha pasado, yo he estado cesante. Entonces, cuando uno está cesante y tiene deudas bancarias, uno sabe que las deudas crecen, no bajan, digamos, al revés. Acá, cuando tú no estás percibiendo ingreso, está tranquilo.

Y por qué esto es importante decir a la gente, porque esto no es un crédito. A mí me han dicho: «Oye, pero ¿por qué no hacen un crédito? Hagan un crédito público. Porque tampoco es un crédito ¿Por qué no un crédito? Porque nosotros tenemos un sistema de regulación arancelaria que es distinto a los precios de mercado. Y esto lo terminamos de implementar bajo nuestro gobierno, pero era un mandato de la ley aprobado durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet.

¿Qué significa esto? Cuando tú tienes un precio de mercado, naturalmente lo fijas según oferta y demanda, y lo que ocurría es que, por ejemplo, carreras como derecho tenían altos aranceles. Tú me decías que eras abogado, altos aranceles. Y carreras como pedagogía, bajos aranceles.

Nosotros, al establecer los costos necesarios razonables, ¿de qué nos damos cuenta? Que las pedagogías son caras, porque formar un profesor o una profesora es difícil y es caro. Y por otra parte, los aranceles de derecho, naturalmente como una carrera que tiene otra lógica, no tiene el mismo costo necesario razonable que el que, entre comillas, el mercado atribuya.

Entonces, ¿qué justicia habría que yo, con un sistema de regulación arancelaria, mande a un profesor con más deuda que un abogado? Claro, no tiene sentido. Entonces, necesitamos hacer un sistema en que la proporcionalidad, y por esto primero, por esto no un crédito, pero también por esto tampoco un impuesto, porque acá hay una contraprestación. Es decir, hay una proporcionalidad entre lo que tú estudias y lo que tú retribuyes.

Lo que pasa es que no puede ser producto de esta característica que tenemos aranceles regulados, no es una proporcionalidad peso a peso, pero sí a tiempo. Entonces, si por ejemplo tú estudias una carrera de 2 años, tú retribuyes una proporción de tiempo que está en directa relación proporcional, digamos, con el tiempo que tú estudiaste.

Y esto, ¿por qué es bueno para las personas? Porque le permite a las personas decidir qué estudian no en virtud de lo que cuesta su carrera, sino en virtud de lo que aman, de lo que quieren hacer. Yo he visto mucha gente que me ha dicho: «Chuta, yo quiero estudiar una carrera, pero voy a quedar con una deuda muy grande porque es muy cara, no tengo dónde conseguirme plata.»

Oye, tú estudias lo que te dice tu corazón, lo que te dice tu cerebro, lo que te dicen tus pasiones, y después retribuyes en virtud de tus ingresos.

JP: ¿Y cómo le están denominando ya que no es un impuesto? ¿Institución sui generis?

VO: Mire, un experto internacional lo dijo: tiene una naturaleza híbrida. Decía: tiene una naturaleza híbrida, y es una obligación de retribución, pensamos nosotros, por una contraprestación y un financiamiento de naturaleza pública a los estudios. Pero funciona más, se parece mucho más a un seguro que a un impuesto o a un crédito.

¿Y por qué ocurre esto? Porque hablamos de una noción de seguridad, porque tú puedes estudiar, tú ya sabes que si tienes cualquier problema en la vida, y que implica disminuir tu ingreso o no recibir ingreso, tú estás cubierto, no te va a golpear. Y si te va bien, y acá dicen: «Ya, pero si te va bien, entonces ahí claro, pero es porque te está yendo bien.» O sea, es porque te va bien.

Y si te va bien, nosotros pensamos: pucha, el sistema funciona. Claro, tienes que colaborar con personas que hoy día están estudiando. Y ahí el gobierno, por supuesto que está disponible a estudiar modificaciones al proyecto con tal de que estos principios queden más claros y no hayan situaciones que la gente considere lesivas a sus intereses. Así que estamos estudiando modificaciones.

JP: ¿Y cuáles son los puntos críticos que ves de los sectores que están más reacios a aprobar una propuesta de estas características?

VO: Mira, yo quiero hablar de un sector no más de la oposición, pero yo diría que con una parte importante de la oposición tenemos un buen diálogo, y por eso el proyecto ha ido avanzando. De hecho, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el proyecto avanzó no solo con los votos oficialistas, sino con votos de independientes, con votos del centro político.

Yo diría que hay un sector de la oposición que tiene más o menos la siguiente idea: que ya empezaron diciendo, antes de presentar el proyecto, que era mucha plata, que había que gastar plata en otras áreas, por ejemplo, en educación parvularia o en otras. Y nosotros dijimos: bueno, vamos a hacer esto para ahorrar para poder hacer eso.

Y ahora más bien la narrativa es la siguiente: «Mire, esto es un impuesto, le van a cobrar de más a las personas, y además van a poner en crisis a la institución de educación superior.» Y nosotros hemos ido uno a uno con ese argumento tratando de demostrar que no es así. Pero por supuesto que estamos disponibles para llevar adelante cambios al proyecto que impliquen mayor flexibilidad en su uso.

Estamos estudiando cambios en ese sentido que beneficien a las personas, siempre nuestro objetivo es beneficiar a las personas, y también estamos estudiando cambios en este y en otros instrumentos de política pública para que las instituciones de educación superior, y en especial aquellas que hacen más ciencia y más investigación, no sientan que este proyecto les pone un límite a su desarrollo.

JP: Bueno, subsecretario, muchas gracias por explicarnos el día de hoy cómo va a funcionar este proyecto de Fin al CAE. Sin lugar a dudas, parte de nuestra línea editorial ha sido la defensa del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales, donde el Fin al CAE era una de las propuestas centrales. Así que le agradecemos estar el día de hoy en esta entrevista ciudadana, y esperamos y lo dejamos invitado a que cuando vaya avanzando el proyecto también pueda compartir más con nosotros respecto a cómo se van dando esos avances.

VO: Muchas gracias, Javier. También decirle a quienes nos miren que tengan confianza, que no los hemos olvidado, que venimos hace muchos años luchando por este cambio, y que lo vamos a hacer ley. Vamos a hacer que este proyecto sea ley, y vamos a terminar con el CAE.

JP: Muchas gracias, subsecretario.