Ambientalistas anuncian ofensiva en el TC tras aprobación de ley que «debilita» protección ecológica

Ayer la Cámara de Diputados y Diputadas despachó a ley el proyecto que modifica la entrega de permisos sectoriales  y que promete disminuir considerablemente la denominada “permisología”, un término que en nuestro país se relaciona con la complejidad y lentitud de los procedimientos para la aprobación de proyectos, especialmente en aquellos vinculados a sectores como minería, forestal y construcción, entre otros.

Con el nombre oficial de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, esta iniciativa del Gobierno , forma parte de un paquete normativo que busca agilizar la aprobación de proyectos de inversión, reduciendo plazos y estándares de evaluación.

En concreto, busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos pertenecientes a 37 servicios públicos y 16 ministerios, bajo la promesa de «simplificar y modernizar los procesos sin comprometer los estándares regulatorios» vigentes,

La insistencia del presidente Boric en impulsar la aprobación de la ley reavivó las tensiones con los sectores ecologistas y ambientalistas, quienes advirtieron que esta iniciativa se ampara en la «permisología» y la necesidad de simplificar trámites y «agilizar la inversión», para desmantelar los controles públicos que tienen como objetivo proteger al medio ambiente, pero que estorban al empresariado, lo que a su vez puede transformarse en «desregulación ambiental».

Ofensiva en el TC para frenar la ley de permisología

Pese a las advertencias, la iniciativa estrella del Ministerio de Economía finalmente fue aprobada y despachada a ley, por lo que los ambientalistas anunciaron que emprenderán una ofensiva ante el Tribunal Constitucional para frenar el contenido de esta ley que «debilita» protección ecológica.

De hecho, tras la votación, los parlamentarios de la bancada del Partido Socialista (PS)Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Emilia Nuyado y Daniel Melo, acusaron al gobierno de ceder la agenda ambiental a la derecha y actuar con una «verdadera desorientación ideológica», por lo que hicieron reserva de constitucionalidad, con el fin de impugnar ante el TC aquellas normas que, a su juicio, amenazan el derecho a la salud y a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

Para que una reserva de constitucionalidad presentada desde la Cámara de Diputados sea admitida ante el Tribunal Constitucional, deberá contar con respaldo de al menos un cuarto de los diputados en ejercicio, que en este caso correspondería a 40 parlamentarios.

Por tal motivo, organizaciones ambientalistas ya están en conversaciones con parlamentarios oficialistas para recabar las firmas necesarias y poder recurrir al TC.

«Día negro para la Naturaleza. Diputadas y Diputados aprueban el Proyecto de «Permisología» (o de Motosierra Ambiental) para que sea ley. Solo queda la posibilidad de que esté proyecto se vea en el Tribunal Constitucional con el apoyo de 40 diputadas/os», indicó, a través de su cuenta en X, la ecologista Camila Zárate.

Por su parte, la politóloga y Magister en Sociología, Pamela Poo, indicó que el proyecto de Ley de Permisos Sectoriales es una iniciativa que se transformó en desregulación ambiental.

«Nadie se opone a que se perfeccione y mejore la gestión de la administración del Estado, lamentablemente el proyecto de Ley de Permisos Sectoriales impulsado por el gobierno y con votos de la derecha fue despachado con normas que son una regresión ambiental. Día triste», expresó en redes sociales.

«No es la ciudadanía con preocupación ambiental o comunitaria la que quiere volver a las cavernas. Es el desarrollismo Neanderthal que avanza en el Congreso», indicó por su parte, Patricio Segura, periodista especializado en las áreas de ciencias, turismo, corrupción, medioambiente y conflictos socioambientales.,

Desde la organización Defendamos Chiloé cuestionaron que a pesar de las con acusaciones de inconstitucionalidad y fuerte retroceso a la legislación ambiental, la Cámara de Diputados haya aprobado Ley de Permisos Sectoriales.

«Este proyecto posibilita que iniciativas de industrias contaminantes puedan emprender más rápidamente sus inversiones , incluso mediante simples declaraciones juradas y silencio administrativo. Ahora proyectos como plantas de aguas servidas , vertederos , salmoneras, podrán solicitar instalarse al lado de tu casa y no podrás reclamar», advirtieron, al tiempo que criticaron que «Parlamento haya votado en conjunto con las grandes empresas contaminantes que tienen al país hecho una zona de sacrificio» .

«Con esta ley se eliminarán permisos esenciales para proyectos que impactan el medio ambiente y se reemplazarán por simples declaraciones juradas. ¡Esto representa un retroceso ambiental significativo!», alertaron desde la ONG Chile Sustentable.

En la misma línea, la agrupación Chile Sin Ecocidio planteó que la aprobación de la normativa, supone «una violación a los derechos a un ambiente libre de contaminación», y constituye una «verdadera motosierra ambiental».

Por su parte, la Fundación Sol, hizo mención a los peligros que representa la ley de permisología entre los que figuran: establecer un “régimen de estabilidad regulatoria” que congela normas ambientales hasta por 8 años; reemplazar la tramitación de permisos por declaraciones juradas y la entrega automática de permisos si el Estado no responde a tiempo, entre otros.

Desde OPAL, señaron que con esta ley de permisología «el empresariado, la oposición y el gobierno pseudo ecologista de Boric, con el pretexto del “desarrollo”, buscan profundizar: el despojo de los recursos, la destrucción de la biodiversidad, el exterminio de especies».

«Esto no es modernización: es desmantelamiento»

Los diputados del PS, Daniel Manouchehri y Daniel Melo también expresaron su rechazo a la aprobación de la iniciativa.

«La ley de permisos sectoriales partió con un buen diagnóstico, pero terminó siendo un retroceso. Permite reemplazar más de 50 permisos ambientales por simples declaraciones juradas. Si el Estado no responde, el permiso se aprueba igual. Se crean “proyectos estratégicos” sin contrapesos reales y se habilita a privados a entregar certificaciones. Incluso permite congelar estándares ambientales por 8 años. En plena crisis climática, esto no es modernización: es desmantelamiento», planteó Manouchehri.

«Voté en contra del proyecto de ley de permisos sectoriales, que significa un retroceso ambiental para nuestro país. No está a la altura del Chile que queremos construir, debemos proteger el derecho a la salud y el de vivir en un ambiente libre de contaminación», indicó Melo en su cuenta en X.

Por su parte, la activista medioambiental y diputada, Viviana Delgado, indicó que el «mal denominado proyecto de «permisología» es una aberración al medio ambiente».

«Su aprobación a Ley traerá costos muy altos e irreversibles», advirtió.

El diputado Hernán Palma (PH) anunció que participará en todas las acciones que sean necesarias para frenar el retroceso que significa esta normativa.

«No pude estar presente en la votación del proyecto de permisología debido a una licencia médica. Pero que no quepa duda: mi voto habría sido en contra. Soy un hombre consecuente y seguiré atento a todas las acciones para frenar este retroceso, incluso llevándolo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos», afirmó el parlamentario.