Todos los salares son del pueblo: Ni un gramo de litio para el capital

Por Daniel Jadue

En un país donde los bienes comunes, mal llamados recursos naturales, han sido sistemáticamente saqueados por el gran capital, tanto nacional como extranjero, resulta urgente desenmascarar el nuevo capítulo del extractivismo neoliberal camuflado de «progreso verde».

Porque cuando el Ministerio de Minería promueve licitaciones privadas, con «procedimientos simplificados» y sin participación estatal, en territorios donde yace el oro blanco del siglo XXI -el litio-, no estamos ante una política energética: estamos ante una política de entrega de las riquezas nacionales al capital transnacional.

El intento de clasificar como «no estratégicos» ciertos salares, para justificar su entrega a privados sin control estatal ni regalías dignas, es una trampa semántica diseñada para legitimar el despojo. Que el 28% del contenido del Salar de Atacama esté en los Salares Altoandinos convierte a ese territorio en una pieza clave del futuro energético mundial. Negar su carácter estratégico es negarle al pueblo chileno su derecho a decidir sobre su riqueza.

Es el mismo viejo guión del modelo neoliberal: se declara «ineficiencia pública», se crea un marco de excepción, se licita a empresarios amigos -con historial de lobby y conflictos de interés- y se cierra con una narrativa tecnocrática que habla de «modernización». El litio chileno no está siendo gobernado por el Estado, sino por los intereses de los grandes conglomerados mineros y sus operadores políticos.

Aunque se reconozca el rol de Codelco en recuperar una parte del control sobre el Salar de Atacama, y se valore el trabajo técnico de ENAMI, el fondo del problema es otro: estas empresas estatales siguen sujetas a las decisiones de un aparato político que privilegia al capital privado a la inversión estatal.

Cuando la ENAMI avanza en acuerdos donde el Estado ni siquiera conserva mayoría en la sociedad, y donde las regalías son risibles frente al valor del mineral, no estamos ante un error técnico, sino ante un pacto político entre la elite neoliberal y las corporaciones.

Se dirá que el Estado «no tiene recursos para explotar solo el litio». Esa es la mentira estructural del capitalismo dependiente: no hay voluntad de invertir en soberanía, pero sobran subsidios, exenciones y contratos leoninos para los grandes empresarios.

El litio no es solo un recurso estratégico: es una palanca de poder geopolítico. En un mundo que se disputa el control energético post-petróleo, entregar los salares a privados es entregar el futuro del país. Ningún proyecto transformador, popular y democrático podrá sostenerse si el corazón de su economía está en manos de multinacionales como Río Tinto o SQM.

Chile necesita un modelo de nacionalización integral del litio, con propiedad y control 100% estatal, y participación activa de las comunidades territoriales, que hoy son excluidas de cualquier decisión. El litio debe ser explotado con criterios de justicia social, respeto ecológico y planificación estratégica nacional. No como mercancía, sino como bien común bajo control popular.

Daniel Jadue