De la casa Zalaquett al fin de la agenda ecologista: Ambientalista expone origen de la “regresión y permisología»

De ‘gobierno ecologista’ a lobby empresarial: Las promesas incumplidas del Gobierno y la ley que desata el conflicto ambiental

El presidente Gabriel Boric asumió el 11 marzo de 2022 como el primer Gobierno chileno en denominarse ecologista, con un programa que incluía diversas propuestas ambientales. Sin embargo, en los compromisos relacionados con el Medio Ambiente, al cumplirse el tercer aniversario del mandato, Ciudadanía Inteligente identificó 9 promesas, de las cuales 4 se consideran realizadas, 0 en proceso y 5 sin progreso. Sobre esa base, el cumplimiento en esta materia alcanzaba un 44% .

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Las 4 promesas que la Fundación calificaba como completas en un 100% son: Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); Sistema Nacional de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre; Modificación Ley N° 20.962.

Pero desde diversas organizaciones, las críticas apuntaban a lo que no se hizo: proyectos como la Ley de Permisología y los acuerdos con la minería del litio han sido señalados como «regresivos en derechos ambientales».

En agosto de 2024, una declaración respaldada por 200 organizaciones ambientales, territoriales e indígenas advirtió que la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (19.300) —promovida como «permisología»— en realidad «puede transformarse en una amenaza a las posibilidades de sustentabilidad». El texto, denunciaban «entrega un poder desmedido a los intereses económicos y limita el control del Estado sobre el patrimonio natural», denunciaron.

“La cita entre líderes empresariales y los ministros de Economía y Medio Ambiente no quedó registrada en Infolobby, a pesar de que fue convocada por una figura que se ha anotado como lobbista en esa plataforma: Pablo Zalaquett, exalcalde y excandidato a senador procesado en los casos de financiamiento ilegal de la política. Entre los convocados estuvieron dirigentes de la industria salmonera”, consignaba un reportaje de CIPER Chile el 29 de diciembre del 2023.

Aprobación de la Ley de Permisología

El martes 1 de julio de 2025, en su tercer trámite legislativo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones realizadas por el Senado al Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la despachó a Ley. El proyecto, que ingresó al Congreso en enero de 2024, “es una reforma estructural que moderniza el Estado, reduce la burocracia y acelera la inversión”, anunciaba el Ejecutivo, desde el Ministerio de Economía.

Sin embargo, el 8 de julio de este 2025, un grupo de diputados presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional para que revise la constitucionalidad de la ley de permisos sectoriales. Este requerimiento, firmado por 42 diputados, principalmente oficialistas, busca que el tribunal se pronuncie sobre posibles contradicciones entre la ley y la Constitución, indicándose que la norma, “transgrede garantías constitucionales como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

La transformación de la “agenda ecologista”

Imagen: Juan Carlos Viveros de Defendamos Patagonia entrega a ministra Maisa Rojas, principales preocupaciones de la organización en materia ambiental (septiembre de 2023. Diario Sostenible)

 Juan Carlos Viveros, activista ambiental y coordinador Defendamos patagonia, resume el desencanto: «Nos ha llamado mucho la atención cómo ha sido la transformación de este gobierno, que comenzó autonombrándose el primer gobierno ecológico de la historia de Chile, y la manera en que está terminando, entregado a las demandas de las grandes industrias y capitales que operan en el país».

«Quizás en una primera instancia hasta podría parecer ‘positivo’ que un gobierno ‘de izquierda’ quiera demostrar a la ciudadanía que sabe generar empleo vía crecimiento económico», reconoce Viveros, pero agrega: «El problema tiene una mirada más profunda, cuando quienes empujan esta transformación son industrias con proyectos de graves impactos y daños a las personas, a la salud y al medioambiente».

El activista señala directamente a sectores como la minería, forestales, pesqueras y salmoneras: «Han estado detrás de situaciones que amenazan con ser una regresión en derechos que tanto tiempo y esfuerzo ha costado. Esto es lo que hemos visto que está sucediendo en el cierre del gobierno, siendo nosotros testigos cercanos».

En el sur austral, la presión de la industria del salmón fue clave. Viveros detalla: «Al darse cuenta los industriales que el gobierno no tenía postura firme, quisieron ir un paso más allá: boicotear la ley SBAP, poner fin a la aprobación de espacios costeros en la Ley Lafkenche, bajar la nueva ley de acuicultura, para llegar a lo que hoy conocemos como ley de permisos sectoriales«.

«Fue en ese tiempo en que la industria acusaba estar ‘asfixiada’, cuando mediante un gigantesco lobby iniciaron una negociación con el gobierno para una ‘agenda corta’, que la autoridad de Subpesca jamás transparentó», relata. Y añade: «Todo el país fue testigo de las cenas de ministros como Grau y Maisa Rojas en el departamento del lobista Zalaquett. Posterior al escándalo, empiezan a posicionar el concepto de ‘permisología’ como necesidad de ‘corregirlo’«.

El resultado, según Viveros, fue claro: «La ministra Maisa Rojas desapareció de la agenda pública salmonera, nunca más se refirió al tema, mucho menos a la gestión de poner fin a la salmonicultura en áreas protegidas de la Patagonia, anuncio del presidente en Magallanes. Parte del acuerdo gobierno/industrias fue ‘sacar’ de combate a la ministra, la que cumplió fielmente el trato».

«Asistíamos aquí ya de manera clara al funeral del primer gobierno ecologista de Chile, que en realidad nunca alcanzó a serlo», sentencia. Hoy, junto a más de 200 organizaciones, llevaron la Ley de Permisos Sectoriales al Tribunal Constitucional, con apoyo incluso de diputados oficialistas. «Que decir de los acuerdos del ministro Grau con la oposición para sacar esta ley de motosierra ambiental adelante», critica.

Viveros cierra con un llamado urgente: «Chile no puede seguir con este modelo político/económico primitivo, continuista, en que los intereses de unos cuantos grupos económicos pasan por sobre la vida, los derechos de las personas, la salud. Esto no es crecimiento, esto es condenarnos al colapso y muerte». Para muchos, la promesa de un Chile sustentable quedó incumplida.