Caía ya la tarde el pasado Miércoles 9 de Julio cuando dirigentes de las comunidades indígenas lickanantay del lado sur del Salar de Atacama se hallaban reunidos en una amplia sede de la comunidad de Camar. Llevaban todo el día en la Consulta Indígena llevada por funcionarios de la Corporación de Fomento (Corfo), que la iniciaron en noviembre del año pasado y que pretenden concluir a como de lugar este 19 de Julio. Como se acordó establecer las decisiones por consenso, la estrategia de la Corfo ha sido inundar de material para el análisis, presentar las propuestas en las reuniones e intentar avanzar lo más rápido posible. Sin embargo, en medio de una compleja discusión respecto del porcentaje de las ventas de los productos del acuífero que correspondería a las comunidades, un comunero de Talabre levantó la mano y preguntó:
¿Se incluyen todas las ventas o solamente el litio?
La consulta cayó como una daga de salmuera en los funcionarios de la Corfo. Hasta ahora se ha prestado gran atención a la explotación del litio como motor del polémico acuerdo entre Codelco y SQM que mantiene en la explotación del Salar de Atacama a la empresa de la familia Ponce Pinochet hasta el año 2060. Sin embargo, desde que a fines de los ochenta SQM comenzara a explotar el gran acuífero atacameño, el Potasio ha sido el principal mineral extraído. Hasta hace apenas dos años, en 2023 las ventas de fertilizantes como el potasio, junto al yodo, ácido bórico y otros químicos industriales, representaron el 33% de las ganancias de SQM.
Los ingresos derivados por la venta del Potasio, puesto en atención por los comuneros lickanantay, extrañamente no fue un tema importante para los asesores de Codelco en estos dos años de negociación. Ni el estudio de abogados Carey, así como tampoco el banco de inversiones Morgan Stanley se han preocupado de una cláusula establecida en el contrato con la minera de la familia Ponce Pinochet, la que establece que la producción de Potasio y sus derivados debe ser vendida en su totalidad a SQM, lo que le permitiría seguir manteniendo una posición monopólica en el mercado de los fertilizantes.
EL POTASIO EXCLUIDO DEL PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA
El viernes pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta aceptó un recurso de protección interpuesto por la Comunidad Atacameña de Coyo, integrante del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), contra el proceso de Consulta Indígena llevada por la Corfo y que persigue la aprobación del acuerdo Codelco SQM.
La comunidad de Coyo es una de las 18 integrantes del Consejo de Pueblos Atacameños y está localizada en la zona norte del Salar de Atacama, contigua a la Cordillera de Domeyko. Su reclamo en tribunales cuestiona la forma en que se está llevando adelante el proceso de consulta, que ha impedido la participación en condiciones adecuadas, conforme a los estándares internacionales vigentes. “Lejos de garantizar un diálogo informado y de buena fe, la Corfo ha promovido un procedimiento apresurado, con tiempos acotados (plazo general de 100 días hábiles y de 20 días hábiles para cada etapa), con omisiones sustantivas y sin asegurar mecanismos efectivos de participación vinculante”- dice el escrito.
Durante la reunión plenaria celebrada el 9 de junio de 2025, en la sede de la Comunidad en San Pedro de Atacama, Lady Sandon, presidenta de la comunidad de Coyo, planteó verbalmente sus dudas respecto del acuerdo con SQM, recalcando la necesidad de abordar de manera específica el tema del Potasio, atendiendo sus implicancias económicas, territoriales y ambientales. La dirigenta insistió en la oportunidad que se debe conocer el Contrato Offtake de potasio, que aparece en el Anexo 2.15 del Memorándum de Entendimiento (MOU) que guía el acuerdo SQM-Codelco.
La cláusula obliga a Codelco a vender el 100 por ciento de los productos de potasio a SQM. La última versión conocida del apartado establecía que “la parte SQM podrá comprar el cien por ciento (100%) de los Productos de Potasio que produzca la Sociedad Conjunta”. En la práctica, esta disposición dejaría a SQM en una posición monopólica respecto de la producción de potasio en Chile.
Como no han obtenido respuesta, la comunidad de Coyo al demandar ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta sobre lo viciado de la Consulta Indígena, solicitó la suspensión del proceso exigiendo la solución de tres punto claves, entre los cuales cobra relevancia qué pasa con el Potasio extraído de la cuenca.
Se solicitó la ampliación del objeto de la consulta respecto de la totalidad del contenido de los borradores de contratos, así como de los acuerdos, memorándum, anexos, pactos de accionistas y documentos complementarios, por tratarse de instrumentos que contienen decisiones con impacto directo en los territorios, recursos y derechos colectivos de las comunidades del Salar. También se pidió el diseño de una nueva metodología de consulta, que permita acordar con las comunidades participantes los plazos, fases, mecanismos de participación, criterios técnicos, segmentaciones adecuadas y otras condiciones esenciales que aseguren una incidencia sustantiva en el contenido de las decisiones objeto de consulta.
Como tercer punto se exigió la entrega íntegra, oportuna y sin tachados de todos los antecedentes relevantes, incluyendo los contratos suscritos entre CORFO, SQM y Tarar, los pactos de accionistas, los acuerdos de participación comunitaria, los compromisos ambientales, los instrumentos de gobernanza y todo otro documento que incida en el contenido, alcance o efectos de las medidas sometidas a consulta, especialmente aquellos referidos al Potasio, según se detalló.
En el escrito se sostuvo que “además del litio, los contratos que han sido objeto del proceso de consulta incluyen la autorización para explotar y comercializar otros recursos minerales valiosos presentes en la cuenca del Salar, particularmente compuestos de potasio como el cloruro de potasio y el sulfato de potasio. Esta ampliación del objeto económico del contrato -que excede con creces el marco original de los acuerdos históricos con SQM- también debió ser materia de consulta, por sus impactos previsibles en el equilibrio hídrico del sistema y en los usos consuetudinarios del territorio. Sin embargo, la extracción de potasio y otros derivados no fue abordada en el proceso ni explicada en los documentos oficiales entregados por CORFO, lo que restringe gravemente la capacidad de las comunidades para comprender y deliberar sobre las implicancias ambientales, económicas y sociales del proyecto”.
INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
Además de la ausencia del Potasio entre las compensaciones a las comunidades atacameñas en la Consulta Indígena, el virtual monopolio del Potasio está siendo investigado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) luego de que se develara que SQM exporta a 353 dólares la tonelada de Potasio, en tanto, los agricultores chilenos pagan 610 dólares por tonelada al comprar el fertilizante.
En octubre del año pasado, tras conocerse un estudio encargado por la Compañía de Salitre y Yodo (Cosayach), gremios de agricultores solicitaron ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que investigara el mercado de potasio en Chile. El estudio de Cosayach constató que en Chile se paga un precio mayor al precio de exportación del potasio, usado como fertilizante agrícola, lo que estaría produciendo pérdidas de unos 30 millones de dólares anuales a los agricultores.
Los fertilizantes representaron en 2023 el 12% de las ventas de SQM, equivalentes a US$ 900 millones. En tanto, en el primer trimestre de 2024, las ventas de fertilizantes representaron el 33% de su utilidad bruta.
Según el informe de Cosayach, de concretarse el contrato SOM-Codelco implicaría un impacto de US$ 1.900 millones hasta el año 2060 a los agricultores.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano