FFAA, narcotráfico y control democrático

Por Hugo Catalán Flores, CODEPU

Los ejércitos son instituciones concebidas, en términos generales, para la defensa de los países: en tiempos de paz, como garantes de la soberanía y un orden estratégico; y en tiempos de guerra, como actores centrales en la confrontación frente a amenazas externas.

Esta definición mínima debiera servir para situar las características de las Fuerzas Armadas, que más allá de circunstanciales llamados chauvinistas de alguna élite nacionalista, o de algún grupo ad hoc que las tiene en un imaginario como defensor de ultima ratio de sus intereses, debieran cumplir un rol funcional a las tareas para las que fueron concebidas.

El conocimiento público, a través de la prensa, de una seguidilla de hechos delictivos -entre ellos, casos de narcotráfico que involucran a miembros del Ejército y la Fuerza Aérea- vuelve a poner en cuestión el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público.

De acuerdo con la doctrina general del derecho internacional (Principios de Siracusa de 1984) y del papel que desde la transición han jugado, la participación de las FFAA en funciones de seguridad constituye una excepcionalidad. Tal despliegue sólo se justifica en circunstancias realmente extraordinarias -como catástrofes naturales-, y debe regirse por protocolos estrictos de uso de la fuerza, subordinación al poder civil, y apego irrestricto a los derechos humanos.

En la edición de junio de la revista Le Monde Diplomatique, el investigador Pedro Vuskovic Céspedes nos alertaba sobre los riesgos que en situación de excepcionalidad sufren las FFAA cuando se vinculan a actividades de control de orden público, esto visto desde la experiencia comparada latinoamericana: “Su involucramiento continuo en funciones policiales conduce a su desprofesionalización y desgaste, alterando su identidad y modo de operar”.

Ciertamente que el fenómeno de la contaminación criminógena de las FFAA -que por mandato deben estar preparados para la defensa de la integridad territorial de la nación- resulta preocupante, pero no del todo sorprendente. Más allá de las consideraciones históricas sobre el rol que las Fuerzas Armadas jugaron en la dictadura, lo cierto es que en algún momento del proceso de transición -particularmente desde la década del 2000- estas instituciones asumieron formalmente una conducción subordinada al poder civil. 

Sin embargo, a pesar de este rol institucional, ha persistido un ethos para las élites que se proyecta más allá de su función doctrinaria: una presencia latente en el imaginario político como fuerza disponible para intervenir -y eventualmente dirimir- situaciones de crisis interna de cierta envergadura, especialmente cuando se percibe que el orden hegemónico podría verse alterado.

Está de más señalar el papel protagónico que las Fuerzas Armadas asumieron en el contexto de la revuelta social de octubre de 2019, en el control fronterizo en el norte, o desde hace 3 años en el wallmapu, reeditando su papel de garante del orden, esta vez bajo el amparo del estado de excepción.

En este marco de crisis, han surgido distintas interpretaciones para “entender” los hechos delictuales que se han conocido.

Por ejemplo, en El Mercurio se ha señalado que una de las razones que pudieran explicar estos hechos (17 viajes en que trasladaron varias toneladas de droga desde el norte a la zona central) sería las “bajas” remuneraciones de funcionario. No obstante, Chile reserva el 1,56 % del PIB en defensa, siendo el cuarto más alto después de Colombia, Ecuador y Uruguay.

Este índice expresado en presupuesto es el tercero con 5.105,4 millones de dólares, siendo Brasil y Colombia los que encabezan la lista (ver índices aquí). Los sueldos de los 6 suboficiales involucrados (2ª Brigada Acorazada “Cazadores”) percibían una remuneración bruta promedio de 1.5 millones de pesos, con una serie de beneficios, siendo el más destacado que con 20 años de servicios pueden jubilar manteniendo prácticamente completa la renta al momento de salir de la institución.

No estamos en presencia de personas empujadas por alguna precariedad a vincularse a uno de los peores flagelos que asoman en el mundo, el narcotráfico y su industria de destrucción y muerte -de un modo similar a como se relacionan con la guerra-; parece más probable que cuando estos funcionarios se corrompen, lo hacen por el acto de lucrar, dejando de lado cualquier otra consideración.

En nuestro país, las FFAA han sido instituciones particularmente herméticas, con códigos de conducta que en otros momentos de los últimos años han podido actuar con criterio de cuerpo cuando son cuestionados por el mundo civil.

Una de esas recientes acciones de autodefensa y amedrentamiento contra aquellos que le cuestionan, en el Ejército, fue el incidente denominado como “Milicogate”, una operación (W y Topógrafo) que intentó ocultar una malversación que alcanzó al menos 6.100 millones de pesos a marzo de 2019.

No es encender una alarma al conocer procesos como los que se han vivido en otros países del continente, que de modo ascendente integrantes de organismos armados se fueron involucrando en episodios delincuenciales de gran escala, con situaciones como las de México, Ecuador o Colombia, en las que partes completas de contingente militar se transforman en brazo armado o en organizaciones criminales que controlan cuotas del mercado delictual, asolando territorios y vulnerando los derechos humanos, apuntar esto como un peligro que se debe considerar.

Lo que una perspectiva de derechos humanos impone es que las acciones de control de seguridad y orden público lo desarrollen instituciones policiales capacitadas y con recursos para aquellas tareas, con un horizonte en la prevención, interviniendo socialmente territorios con presencia de organizaciones criminales, en que el Estado asuma su rol de organizador y proveedor para esas intervenciones, todo esto en una lógica de disputar y perseguir el mercado criminal.

Estos aspectos que destacamos, dentro de una serie de otros elementos de la historia, cultura y estructura de funcionamiento institucional, hacen de estos hechos una alarma: los militares deben volver a su rol funcional.

Hugo Catalán Flores, CODEPU

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