Pese a que no pueden ejercer su cargo ni participar en votaciones, diputados desaforados siguen percibiendo la dieta parlamentaria.
El 4 de agosto se sumó un nuevo nombre a la lista de parlamentarios desaforados gracias al diputado del Partido Demócratas, Miguel Ángel Calisto, quien fue suspendido de su cargo por una resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique tras ser investigado por un presunto fraude al fisco. A pesar de que la ley lo obliga a dejar de ejercer sus funciones, como es lo debido para los parlamentarios en esta situación, seguirá recibiendo su “salario” de $7.348.983 pesos brutos, más asignaciones, traslación, entre otros, hasta que su proceso legal sea resuelto.
La protección legal que impide que un legislador sea juzgado sin antes ser suspendido de su cargo, deja a los miembros del Congreso en un limbo jurídico donde su capacidad de legislar está congelada, pero su remuneración se mantiene activa. Este dilema legal y ético pone en entredicho el uso de los fondos públicos y la rendición de cuentas de nuestros representantes, quienes siguen siendo financiados por el erario nacional a pesar de estar bajo sospecha de cometer delitos.
Dentro de la lista de diputados desaforados se encuentra la hoy independiente Catalina Pérez, que pertenecía al Frente Amplio, en el marco del «caso Convenios». La Corte Suprema confirmó su desafuero el 7 de abril de este año, acusada de un presunto fraude al fisco en la arista de «Democracia Viva». Se le imputa haber facilitado la adjudicación de proyectos a esta fundación, con la cual mantenía vínculos familiares y de pareja con el fundador y director del organismo, Daniel Andrade, lo que pondría de manifiesto la red de influencias que ha afectado la probidad en la gestión de recursos estatales.
Otro caso que genera revuelo es el del diputado electo por el Partido Republicano, Mauricio Ojeda, cuyo desafuero fue ratificado por la Corte Suprema el 30 de septiembre de 2024, y fue relacionado con presuntos delitos de fraude al fisco en el denominado «caso Manicure», otra arista del «caso Convenios». Ojeda, al igual que Pérez, es investigado por gestiones que habrían favorecido a fundaciones con las que tenía nexos, levantando dudas sobre la transparencia en la administración de proyectos públicos y la integridad de quienes ocupan cargos de poder.
A esta lista se suma Francisco Pulgar, diputado independiente suspendido por el máximo tribunal debido a la acusación de violación y abuso sexual reiterado a una menor de edad. Este suceso habría ocurrido en 2014 y evidencia que el desafuero no solo se aplica a delitos de cuello y corbata. Pese a la gravedad de los cargos, su situación legal se asemeja a la del resto de los parlamentarios desaforados, ya que no puede ejercer su cargo, pero sí cobrar su sueldo.
La situación también afectó a la diputada independiente María Luisa Cordero, más conocida como Dra. Cordero, quien fue desaforada temporalmente por una querella de injurias interpuesta por la senadora Fabiola Campillai, aunque su proceso se resolvió con una conciliación y sus funciones fueron reestablecidas.
Ante estos escenarios, la senadora Campillai propuso la anulación de la dieta parlamentaria a aquellos legisladores que se encuentren desaforados, argumentando que no se le puede seguir pagando un salario a quienes no estén ejerciendo el mandato para el que fueron electos por razones legales: “hagamos que nuestro cargo sea un poco más digno, actuando de frente al pueblo y en igualdad de condiciones como cualquier otro trabajador”, sostuvo Campillai a través de sus redes sociales.
La pregunta ahora es, ¿por qué les seguimos pagando a políticos que no cumplen sus labores? El proyecto de ley que pretende suspender la dieta a los parlamentarios en esta situación está presentado, pero su tramitación en el Congreso se encuentra estancada.