En un fallo histórico que marca un avance significativo en la larga lucha por la memoria y la justicia, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó sentencia de segunda instancia que confirma las condenas contra dos exmilitares por los delitos de homicidio calificado y aplicación de tormentos en contra del técnico automotriz y militante del Frente de Trabajadores Revolucionarios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (FTR – MIR), Eduardo Campos Barra, ocurrido en septiembre de 1973, a inicios de la dictadura de Augusto Pinochet.
En su veredicto, los ministros Sylvia Pizarro, Celia Olivia Catalan y Mauricio Alejandro Olave, ratificaron en todos sus términos el fallo de primera instancia dictado en diciembre de 2023 por la ministra en visita Marianela Cifuentes, cerrando así una etapa crucial de un proceso judicial que se extendió por años contra los soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, responsables del crimen de Campos Barra.
De este modo, confirmaron la condena al ex oficial del Ejército, Luis Carlos Villaroel, quien fue sentenciado a doce años de presidio mayor en su grado medio, en calidad de autor del delito de homicidio calificado en grado de consumado, cometido contra Campos Barra. Adicionalmente, se le impusieron 540 días de presidio menor en su grado mínimo, por su participación como autor del delito de aplicación de tormentos en grado consumado contra la víctima.
En cuanto al ex suboficial Juan Enrique Ruiz Salazar, la corte ratificó su condena a tres años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, pero en calidad de encubridor del delito de homicidio calificado. Sin embargo, en su caso, se decretó la suspensión del cumplimiento real de la pena, concediéndosele el beneficio alternativo de libertad vigilada, bajo la cual deberá permanecer bajo supervisión durante el tiempo que dure la condena.
Esta sentencia era muy esperada por parte de los familiares y los querellantes, quienes emprendieron una batalla legal para alcanzar justticia.
En abril de 2022, la ministra Cifuentes dictó acusación en contra de los requeridos y un año más tarde, después de 50 años, este caso recibió su fallo de primera instancia, que en esta oportunidad fue confirmado y avanza para un pronunciamiento final por parte de la Corte Suprema.
El camino, sin embargo, ha estado marcado por la muerte de otros implicados.
Durante el extenso proceso de investigación, cuatro ex militares directamente involucrados en el crimen fallecieron sin ser enjuiciados: Francisco Cáceres López, Luis Zúñiga Chihuailaf, Juan Céspedes Hernández y Leonel Konig Altermatt. Sus muertes privaron al sistema judicial y a la familia de la posibilidad de una rendición de cuentas completa.
El abogado querellante Francisco Bustos, representante de la familia Campos Barra y parte del Equipo Jurídico Caucoto Abogados, valoró el fallo y destacó el rol fundamental de los familiares en la persistente búsqueda de justicia.
«Las hermanas Campos Barra han dado una lucha incansable para que se haga justicia por su hermano Eduardo. Insistimos en esto, el proceso de justicia transicional chileno ha recibido un impulso fundamental de los familiares, que -de un tiempo a esta parte- han encontrado buena recepción en tribunales de justicia que respetan sus obligaciones en materia de derechos humanos”, afirmó.
Además, Bustos enfatizó que la sentencia no es el punto final, sino un paso más en una deuda pendiente: la verdad sobre el paradero de Eduardo Campos Barra.
«Defenderemos la sentencia ante la Corte Suprema y, asimismo, queremos recordar que más de 50 años después del crimen, Eduardo Campos Barra continúa desaparecido. El Estado debe investigar, juzgar y sancionar, pero también existe un deber de búsqueda de las víctimas, que esperamos pueda llegar a resultados», indicó, citado en una nota de prensa.
Crimen de Eduardo Campos Barra deja en evidencia la crueldad de la dictadura
La investigación, encabezada por la ministra Cifuentes, logró reconstruir con precisión los terribles hechos que terminaron con la vida del joven de 29 años.
Se estableció que Eduardo Alejandro Alberto Campos Barra fue detenido el 13 de septiembre de 1973, en horas de la noche, en las inmediaciones del puente sobre el río Maipo, en San Bernardo. Sus captores fueron soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de ese lugar, al mando del entonces capitán Luis Villaroel, quienes se encontraban controlando el toque de queda.
Tras su arresto, fue llevado a las dependencias del Departamento II de Inteligencia de la Escuela de Infantería. Allí, al día siguiente de su detención, fue interrogado y sometido a brutales tormentos por el propio capitán Villaroel, comandante de la Compañía de Morteros de la Escuela de dicha entidad. En el lugar fue desnudado, sumergido en un tambor con agua, golpeado en reiteradas ocasiones y herido con un corvo, para luego ser decretada su ejecución.
La investigación concluyó que la víctima habría sido trasladada a un basural situado en la parte posterior de la Escuela de Infantería en donde finalmente fue fusilado. Su cuerpo fue trasladado dentro de un saco en un camión para luego ser arrojado al cauce del Río Maipo. A pesar de las diligencias realizadas, sus restos no han sido encontrados hasta la fecha,
Con la ratificación de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el caso avanza ahora hacia su etapa final: el pronunciamiento de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país deberá revisar la legalidad del proceso y dar la palabra definitiva, para poder dar cierre capítulo judicial de más de cinco décadas en la búsqueda de justicia para Eduardo Campos Barra.
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