La cortina de humo de Trump sobre Venezuela: desenmascarando la acusación de “narcoestado”

Por Manolo De Los Santos

El Gobierno de los Estados Unidos ha reactivado su campaña para tildar a Venezuela de “narcoestado”, acusando a sus máximos dirigentes de tráfico de drogas y ofreciendo cuantiosas recompensas por su captura. Esta campaña, que solo se había relajado momentáneamente, es una invención estratégica, no una evaluación objetiva. Esta acusación, especialmente amplificada bajo la administración Trump, es una cortina de humo calculada para justificar una agenda de larga data: el derrocamiento del gobierno venezolano y la apropiación de sus vastos recursos petroleros y minerales. Un examen más detallado de los hechos revela un país que ha luchado activamente contra el narcotráfico en sus propios términos y un gobierno estadounidense con un historial claro y consistente de desestabilización de países independientes en América Latina.

La lucha de Venezuela contra el narcotráfico: la realidad tras la DEA

En 2005 se produjo un momento crucial en la estrategia antidroga de Venezuela cuando el entonces presidente Hugo Chávez expulsó a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), acusándola de espionaje y de socavar la soberanía venezolana. Esta decisión se basó en la creencia de Chávez de que la DEA era “utilizada como tapadera… para llevar a cabo labores de inteligencia en Venezuela contra este Gobierno”. En ese momento, los funcionarios venezolanos insistieron en que el país seguiría luchando contra el narcotráfico por su cuenta. “La DEA no es esencial para la lucha contra el narcotráfico en Venezuela. Seguiremos trabajando con las organizaciones internacionales contra las drogas”, declaró Chávez.

Contrariamente a la narrativa estadounidense de que esta medida provocaría una avalancha de drogas, el Gobierno de Venezuela, a través de la Oficina Nacional Antinarcóticos (ONA) y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), intensificó sus propios esfuerzos contra el narcotráfico. Según la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD) de Venezuela, el país ha realizado importantes incautaciones de drogas a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2015, el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos citó a la ONA informando de la incautación de 65,76 toneladas métricas de drogas ilegales durante los primeros ocho meses del año, lo que supone un aumento del 132% en comparación con el mismo periodo de 2014. La cocaína y la marihuana constituyeron la inmensa mayoría de las incautaciones. Venezuela también ha cooperado con otros países, firmando un acuerdo internacional con Rusia para luchar contra el tráfico de drogas en 2014.

Aunque el Gobierno de los Estados Unidos ha calificado con frecuencia a Venezuela como “país importante de tránsito de drogas”, esta caracterización suele ignorar las medidas proactivas del país y su realidad geográfica. La extensa y porosa frontera con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, que alberga siete bases militares estadounidenses y tres oficinas de la DEA, puede convertirla en un punto de tránsito clave. Sin embargo, esto no es indicativo de la complicidad del Estado.

De hecho, un estudio del Instituto Tricontinental de Investigación Social y el Observatorio Lawfare ha descubierto que, tras cinco décadas de “guerra contra las drogas”, la propia DEA informó a mediados de 2023 que las principales organizaciones de narcotraficantes siguen operando a nivel mundial. George Papadopoulos, subdirector de la DEA, declaró ante el Congreso de los Estados Unidos que solo los cárteles de Sinaloa y Jalisco tienen “asociados, facilitadores e intermediarios en los 50 estados de los Estados Unidos”. El estudio sostiene que esta intervención continental en materia de narcóticos forma parte de un plan global de dominación política y militar sobre América, desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, incluida la Antártida, que se ha convertido en un punto clave de la contienda mundial.

Las acusaciones de la Administración Trump: un arma política

La administración Trump ha elevado la acusación de “narcoestado” a un nivel sin precedentes, utilizándola como arma política y jurídica directa contra el Gobierno venezolano. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una impactante acusación contra el presidente Nicolás Maduro y otros 14 altos funcionarios venezolanos, actuales y antiguos, por “narcoterrorismo”, corrupción y tráfico de drogas.

Al anunciar la acusación, el entonces fiscal general William Barr acusó a Maduro y a sus colaboradores de conspirar con una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Barr afirmó: “Durante más de 20 años, Maduro y varios de sus colaboradores de alto rango presuntamente conspiraron con las FARC, lo que provocó la entrada de toneladas de cocaína que devastaron comunidades estadounidenses”. Además, alegó que los dirigentes colombianos “obtuvieron el apoyo del régimen de Maduro, que les permite utilizar Venezuela como refugio desde donde pueden seguir llevando a cabo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada”.

La acusación iba acompañada de una recompensa por la captura de Maduro, inicialmente fijada en 15 millones de dólares y que desde entonces se ha incrementado a 50 millones. Esta medida, que recuerda a la recompensa por un líder terrorista, era un claro intento de deslegitimar a Maduro y crear una justificación legal para su destitución. Se trataba de un acto de presión política extraordinario, sin precedentes para un jefe de Estado en ejercicio.

Los funcionarios venezolanos condenaron enérgicamente las acusaciones como una “cortina de humo ridícula”. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, calificó la recompensa de “patética” y de “burda operación de propaganda política”. En un discurso televisado, el presidente Maduro prometió que Venezuela “defendería sus mares, sus cielos y sus tierras”, y calificó la presión de los Estados Unidos como “la amenaza extravagante y extraña de un imperio en decadencia”. El líder de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, también intervino, afirmando que los Estados Unidos había firmado una “proclama que pasará a las páginas de la diplomacia internacional como una muestra de infamia”.

Motivos imperialistas y escalada militar

El ataque legal y retórico contra Venezuela no es un incidente aislado. Coincide con una clara escalada militar. En abril de 2020, durante la primera administración Trump, el presidente de los Estados Unidos anunció una operación antinarcóticos reforzada en el Caribe, enviando buques de guerra y desplegando miles de marines hacia aguas venezolanas.

Este refuerzo militar, combinado con la recompensa por Maduro, tenía un doble objetivo. En primer lugar, pretendía intimidar al Gobierno venezolano y señalar su disposición a intervenir directamente. En segundo lugar, estaba diseñada para distraer la atención de los problemas internos de los Estados Unidos, en particular la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno. El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, tuiteó: “Mientras el pueblo de Florida agoniza por la pandemia, el Pentágono calumnia a Venezuela para promover la reelección de Trump y asegurar recursos para su maquinaria bélica. Cometen un delito contra Venezuela y contra su propio país”.

La nueva escalada militar se produce después de que la administración Trump firmara recientemente un memorándum del Pentágono sobre la lucha contra los cárteles de la droga en América Latina, una directiva que califica a estas organizaciones criminales como una amenaza para la seguridad nacional. En una clara y presente demostración de esta política, los Estados Unidos desplegó tres destructores con misiles guiados Aegis – el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson – en aguas cercanas a Venezuela.

Esto forma parte de una operación más amplia en la que participan aproximadamente 4.000 marineros y marines, junto con aviones espías P-8 y al menos un submarino de ataque, con el objetivo de operar en las proximidades de las costas venezolanas. Estas maniobras militares fueron condenadas enérgicamente por los líderes de toda la región.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó firmemente el uso de fuerzas militares estadounidenses en su país, subrayando que la cooperación no se extiende a la “invasión” y que su Gobierno no tiene pruebas de una vinculación directa entre el presidente Maduro y los cárteles mexicanos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró explícitamente que consideraría cualquier operación militar estadounidense no autorizada como una “agresión contra América Latina y el Caribe” y que un ataque contra Venezuela se consideraría un ataque contra Colombia.

Mientras tanto, Venezuela ha pedido a sus más de cuatro millones de milicianos que se movilicen en todo el país en defensa de su soberanía. Fue la milicia bolivariana la que capturó a los mercenarios que intentaban entrar en Venezuela en mayo de 2020 para llevar a cabo una serie de asesinatos y sembrar el caos en el país.

El despliegue de buques de guerra y tropas, junto con el memorándum del Pentágono, sirve como un claro recordatorio de que la acusación de “narcoestado” es un pretexto para una política exterior hostil impulsada por el deseo de controlar un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Para las personas con conciencia en todo el mundo, la defensa de la soberanía venezolana es un frente crucial en la lucha más amplia contra el intervencionismo liderado por los Estados Unidos y por la autodeterminación de todas las naciones.

Por Manolo De Los Santos

Director ejecutivo de The People’s Forum e investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Sus artículos aparecen regularmente en Monthly Review, Peoples Dispatch, CounterPunch, La Jornada y otros medios progresistas. Recientemente ha coeditado Viviremos: Venezuela vs. Hybrid War (LeftWord, 2020), Comrade of the Revolution: Selected Speeches of Fidel Castro (LeftWord, 2021) y Our Own Path to Socialism: Selected Speeches of Hugo Chávez (LeftWord, 2023).

Este artículo fue elaborado por Globetrotter.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo:

Dura crítica de Lula a políticas de Trump: Países ricos usan lucha contra el crimen organizado «para violar nuestra soberanía»