9 años de impunidad: Los informes periciales que la justicia chilena ignoró sobre el asesinato de Macarena Valdés

Los informes forenses de expertos internacionales que la justicia chilena sigue ignorando en el caso de Macarena Valdés: impunidad y negligencia estatal

El 22 de agosto de 2016, la activista medioambiental y defensora mapuche Macarena Valdés Muñoz fue encontrada muerta en su domicilio en la comunidad de Tranguil, Panguipulli. El Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia, bajo la dirección del doctor Enrique Rocco, realizó la autopsia y estableció rápidamente la “asfixia por ahorcamiento” como causa de muerte, catalogándola como suicidio, una conclusión que la familia y la comunidad rechazaron desde un primer momento por considerar que obviaba el contexto de amenazas que vivía.

La investigación oficial, a cargo de la Fiscalía de Panguipulli, se caracterizó por una sucesión de irregularidades. Decidió cerrar la causa inicialmente, basándose en el informe del SML y en supuestos testimonios de familiares distantes sobre una depresión nunca diagnosticada. Sin embargo, la presión familiar y ciudadana forzó su reapertura. Un metaanálisis forense del reconocido perito chileno Luis Ravanal Zepeda, contratado por la familia, quien ha sido directivo de la Asociación Mundial de Medicina Legal (WAML), cuyo resultado fue crucial, pues señaló que en la primera autopsia no se demostró que el cuerpo “hubiese sido suspendido vivo”, al no existir “signos de vitalidad” en los tejidos del cuello, una “grave omisión diagnóstica”.

Estas graves falencias dieron paso a una segunda autopsia, realizada en octubre de 2017 y dirigida por el propio Ravanal. Los estudios histopatológicos de la Dra. Carmen Cerda, de la Universidad de Chile, concluyeron que “No se evidenciaron signos de lesiones vitales en ninguno de los exámenes practicados”, descartando macroscópicamente que Valdés estuviera viva al momento de la suspensión, lo que prácticamente eliminaba la hipótesis del suicidio. A pesar de esta evidencia, la Fiscalía mantuvo la tipificación de “muerte y hallazgo de cadáver”.

La investigación recibió un golpe demoledor con el peritaje del forense británico John Clark, experto de la Corte Penal Internacional y ex patólogo jefe del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. En su informe del 12 de agosto de 2019, publicado por la Revista Proceso de México  El Ciudadano, Clark fue categórico: Macarena no murió por ahorcamiento suicida, sino por “estrangulamiento por ligadura, con un objeto que alguien más sostenía alrededor de su cuello y lo apretaba con fuerza”. Agregó que existía “la posibilidad adicional de que su cuerpo haya sido suspendido posteriormente, para hacer que la muerte pareciera un ahorcamiento suicida”.

Macarena Valdés: Perito de la Corte Penal Internacional demuele tesis del suicidio

Este análisis se vio reforzado por un peritaje psicosocial de la experta mexicana Valeria Moscoso, quien construyó un perfil psicológico de la activista, describiéndola como “una mujer segura de sí misma, independiente, clara y firme en sus convicciones, con una notoria energía vital, optimista, proactiva”, descartando así toda motivación suicida. Moscoso fue más allá y validó la existencia de “irregularidades y omisiones” en el actuar de Carabineros, PDI, fiscales y jueces, las que calificó como “muestras de violencia institucional y de victimización secundaria” que configuran “violaciones a los derechos humanos de carácter múltiple”.

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El caso de Macarena Valdés está inextricablemente ligado a su lucha contra la imposición del proyecto hidroeléctrico de la empresa austriaca RP Global en Tranguil. Ella y su pareja, el werkén Rubén Collío (quien falleció esperando justicia), lideraban la resistencia de la comunidad. Previo a su muerte, recibieron graves amenazas de personas ligadas a los intereses de la empresa. El 21 de agosto, un día antes del crimen, trabajadores de SAESA (empresa a cargo del cableado) amenazaron a la dueña de casa de la familia para que los echara, advirtiendo que “algo muy grave le iba a pasar a mi familia”.

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A nueve años de los hechos, estos peritajes cruciales no han sido considerados en profundidad por la justicia chilena. La Fiscalía de Panguipulli no modificó sustancialmente la línea investigativa, centrándose en hipótesis marginales. El caso permanece en la impunidad, simbolizando la lucha de los defensores ambientales y la negigencia del Estado de Chile con la verdad, la justicia y los derechos de los pueblos originarios, tal como exigen los informes: investigar los hostigamientos, garantizar el acceso a la justicia y “reconocer la verdad histórica de los hechos”.