El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), cambiando toda su jurisprudencia sobre la materia, ha decidido excluir a Daniel Jadue de la carrera por un escaño diputado, basando su fallo en la presentación de una acusación formal en su contra. Esta decisión, que impide la participación de un candidato con amplio respaldo popular, no es un veredicto de culpabilidad, sino una condena política anticipada que vulnera el derecho a la presunción de inocencia. El comportamiento de la Fiscal responsable del caso, al presentar esta acusación solo semanas antes de la inscripción aun cuando existían diligencias pendientes, sumado a todo el historial de este caso, permiten afirmar que el sistema judicial se está transformando en un campo más de la batalla política, un fenómeno conocido a nivel internacional como lawfare.
Resulta imposible analizar esta decisión sin considerar el monumental legado de Daniel Jadue al frente de la Municipalidad de Recoleta. Por casi doce años, su administración transformó la comuna en un faro de innovación y gestión pública eficaz. Programas emblemáticos como la Farmacia Popular, las Ópticas Populares, la Universidad Abierta de Recoleta y la Librería Popular no solo mejoraron tangiblemente la calidad de vida de sus vecinos, sino que se erigieron como modelos replicados a lo largo del país. Este histórico de trabajo incansable por la comunidad contrasta violentamente con la imagen que sus detractores intentan construir a través de los tribunales. Asimismo, las propias Farmacias Populares y la Asociación Chilena de Farmacias Populares se transformarían en el símbolo de lo que se debía destruir por parte de los sectores empresariales y políticos.
La arquitectura de estas acusaciones se sustenta en actores cuyos vínculos son, cuanto menos, reveladores. Las querellas se apoyan fuertemente en los dichos de la empresa “Best Quality”, firma representada por Mario Vargas, cuyo patrocinio de las causas en su contra no parece ser una mera coincidencia profesional, sino parte de una estrategia coordinada para dañar políticamente al alcalde utilizando el andamiaje legal y detrás del cual se erige la mano de Luis Hermosilla. Mario Vargas tiene calidad de imputado en arista de la empresa biolerrusa, sobre la cual existen indicios de corrupción que involucrarían a una jueza de la Corte Suprema destituida, María Angélica Vivanco.
Finalmente, no se puede ignorar el rol clave de la fiscal Giovanna Herrera en este proceso. Después de una investigación prolongada, es de una opacidad inquietante que la decisión de formular una acusación penal se tome a destajo, a menos de un mes del cierre de las inscripciones de candidaturas. Esta abrupta aceleración procesal, que contrasta con la usual dilación de otras causas de similar complejidad, perfila una intervención deliberada del Ministerio Público para inhabilitar a un actor político específico en un momento crucial.
Desde El Ciudadano, condenamos enérgicamente esta aplicación del lawfare, que mancilla la independencia judicial y vulnera el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegida. Es un precedente peligroso para la democracia chilena afectando gravemente al Partido Comunista y a todos los electores del Distrito 9, quienes no podrán votar por Daniel Jadue en las próximas elecciones.
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