Pocas horas antes del primer debate presidencial el Banco Central publicó su Informe de Política Monetaria (IPoM), que por gestiones de la presidenta de la institución, Rosanna Costa, incluyó un análisis sobre el mercado laboral que relaciona de manera directa el aumento del desempleo con el alza del salario mínimo ocurrido en la actual administración y la implementación gradual de la jornada de 40 horas. Según las conclusiones del IPoM dichas medidas habrían tenido efectos negativos en la generación de empleo.
La remuneración básica tuvo un alza significativa en el actual gobierno, pasando de 350 mil pesos en 2021, a $510 mil en la actualidad. El alza corresponde a un 45,7% y se lograron justamente bajo la gestión de la actual candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, como ministra del Trabajo. Tanto el incremento en el sueldo como la reducción de la jornada laboral son sus principales pilares de la campaña.
Lo cierto es que para no pocos observadores la presentación del informe en plena campaña electoral se trata de un misil muy bien diseñado dirigido a la candidata oficialista. El uso del Banco Central, la selección de la fecha de publicación y el revestimiento de un aura de técnica del informe son coberturas difíciles de horadar y discutir para una coalición de gobierno que no ha puesto en tela de juicio el sesgo monetarista al que fue reducido el Banco Central a fines de la dictadura. Tampoco desde el Ejecutivo discutieron la política de altas tasas de interés promovidas en los últimos años al interior del consejo de la institución por su presidenta, Rosanna Costa.
Costa es una economista de ortodoxia neoliberal que trabajó durante décadas en el think tank Libertad y Desarrollo, se desempeñó como directora de la Dirección de Presupuesto durante la primera administración de Sebastián Piñera y, por las políticas de cuoteo político en la designación de los más altos cargos, en el segundo gobierno de Bachelet fue promovida al consejo del Banco Central, institución encargada de fijar la política monetaria.
Un IPoM diseñado para presentar una relación directa entre el desempleo de un 8,7%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en julio, y las políticas de salarios y empleos del actual gobierno justo en plena campaña electoral se corresponde a la perfección con el estilo con que Rosanna Costa se ha instalado en la discusión de las políticas económicas: revistiendo de una cobertura técnica sus profundas convicciones políticas ultraliberales.
CARLOS CÁCERES Y LA AUTONOMÍA DEL BANCO CENTRAL
Luego de que el presidente, Gabriel Boric, saliera al paso del informe diciendo tener “discrepancias”, Rosanna Costa demoró unos días para responder que el mandatario “siempre ha apoyado” la independencia del organismo.
En efecto, dicha independencia fue uno de los tres objetivos claves que propuso Pinochet al ministro del Interior que designó tras perder el Plebiscito de octubre de 1988. Conseguir que la oposición a la dictadura validara la Constitución de 1980, la autonomía de TVN y del Banco Central fueron las tareas asignadas y conseguidas con éxito por Carlos Cáceres, quien negoció la independencia del gobierno central de dicha institución ofreciendo la mitad de los consejeros a su contraparte de la ex-Concertación, el economista Alejandro Foxley (DC).
El 11 de marzo de 1990, el mismo día en que Carlos Cáceres vestido de impecable frack acompañó a Pinochet a entregar la presidencia ante el Congreso en Valparaíso a Patricio Aylwin, durante la tarde se apersonó en San Crescente 551, en Las Condes, sede del nuevo Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), un centro de estudios fundado junto a otros ex-ministros del dictador, como Hernán Büchi. Desde ese día, tras cumplir su tarea como último ministro del Interior de la dictadura, asumió como presidente del directorio de LyD con el objetivo de “dar la batalla de las ideas” en la defensa y perfeccionamiento de la obra dejada por Pinochet, lema que es repetido cada año cual mantra en el aniversario institucional.
Ya en el primer libro editado por la institución se expresa la ortodoxia del think tank basada en el desmantelamiento de lo público y la entrega para su gestión a manos privadas. El opúsculo fue escrito por el economista Cristián Larroulet y se tituló ‘Soluciones privadas a problemas públicos’ (1991), quien definió dichas ‘soluciones’ como “un conjunto de políticas microeconómicas que incluyen la privatización de empresas o de actividades; la introducción de incentivos de mercado; un medio ambiente que promueve la participación e inversión privada en estos servicios”.
LA LLEGADA DE ROSANNA COSTA A LYD
Apenas un año después, en diciembre de 1992, se integró a LyD la economista Rosanna Costa, formada en la Pontificia Universidad Católica y funcionaria del Banco Central durante la dictadura. Costa ingresó en el Programa Económico, dirigido por Pablo Ihnen y en donde trabajaba el también economista, Tomás Flores.
Las Memorias de LyD de ese mismo año describían dicho Programa Económico diciendo que “asignamos especial atención a este programa. Si bien la economía social de mercado se impone crecientemente en todo el mundo, son todavía vastos los sectores que no la aceptan enteramente o que sólo lo hacen aparentemente, sin asumir o sin comprender las responsabilidades y esfuerzos que ella implica. Desde esta perspectiva, es fundamental que LyD se mantenga en la primera línea de defensa de las políticas públicas en que se apoya una economía libre”.
Rosanna Costa se transformó con el tiempo en un intelectual orgánico clave de LyD en la difusión de las ideas de “una sociedad libre”, que no es otra cosa que el neoliberalismo más radical. En constante contacto con instituciones conservadoras como la Atlas Foundation, se afanaron a la tarea de profundizar el modelo económico instaurado por Pinochet en el gran abanico de las políticas públicas. Su capacidad de encubrir las propuestas tendientes a favorecer a los más ricos con datos técnicos y guarismos numéricos la consagraron en el tiempo como jefa del Programa Económico y columnista estrella de LyD.
Los economistas de LyD desde sus comienzos tuvieron gran espacio en los medios masivos. Presentados como expertos a la hora de noticiar cualquier política pública daban sus recetas y críticas, todas hechas desde una perspectiva ordoliberal, posición doctrinaria que jamás se preocuparon en aclarar los medios a sus audiencias. En 2007, por ejemplo, tuvieron 3.587 apariciones en medios masivos, con un promedio de más de 9 veces por día. Dos años después, la Memoria Anual (2009) destacó la presencia de LyD en más de 120 portadas de diferentes medios, con similar frecuencia de más de 9 veces en promedio por día, en las que entregaban recomendaciones pro-empresariales en temas como la salud, el presupuesto nacional, la corrupción o la delincuencia.
SALARIO MÍNIMO ASOCIADO A PRODUCTIVIDAD
Durante varios años fueron publicadas columnas semanales de Rosanna Costa en La Tercera, en las cuales desplegó toda su retórica en contra de cualquier aumento salarial o de ampliación en la cobertura de servicios públicos. Costa es experta en el disfraz, en matizar el extremismo de sus propuestas pro patronal en un lenguaje envasado como técnico, que resulta inentendible para el lector promedio que han fabricado los medios chilenos, como persuasivo para quienes son más fáciles de convencer. Al mismo tiempo su retórica morigera de manera muy sagaz la radicalidad de sus propuestas, que en el fondo defienden al gran empresariado y apuntan a reducir los derechos laborales de los trabajadores y su pedazo de participación en la riqueza producida.
En su lógica argumentativa, expresada durante décadas en columnas de opinión semanal, reduce todo accionar del Estado al crecimiento económico y esto sólo es posible con políticas que amplíen los rangos de ganancias para los inversionistas a un modo extremo, cosa de hacer el país “atractivo para invertir”. De este modo todo aumento salarial, resguardo ambiental o participación de las comunidades en la gestión de sus recursos fueron colocados por Costa como obstáculos a la inversión.
Así, en esta ocasión, defendió la validez del estudio presentado por el Banco Central. El primer argumento usado por Rosanna Costa y repetido por los medios masivos fue presentar “la validez técnica del estudio, señalando que es un análisis robusto”. Tal como lo viene formulando durante décadas, sostuvo que “el salario mínimo puede subir, pero se debe tener cuidado con lo que pase en el mercado laboral a cada momento y que venga acompañado de productividad”.
La condición de incremento de la productividad antes de cualquier mejora en la participación de los trabajadores en la riqueza producida es un argumento de larga data en la narrativa de Rosanna Costa. Ya en 2008, en un capítulo dedicado a propuestas para incentivas el empleo en un libro editado por LyD en homenaje al fallecido ex-ministro de Mideplan de la dictadura, Miguel Kast, la economista planteaba la importancia de poner “el eje del debate un nuevo foco en los desafíos de incrementar la productividad y fomentar el emprendimiento antes que en derechos universales” (1).
En su ideario económico el salario debe estar definido por la productividad. “Una institucionalidad laboral exitosa se mide por la relación entre los salarios y la productividad. Si no existe una relación estrecha, esa institucionalidad no se puede sostener, tanto por razones económicas, como sociales y políticas”-sentenció (1).
Revisamos algunas columnas publicadas por Rosanna Costa sobre temas laborales entre los años 2000 y 2008, antes de su arribo al primer gobierno de Piñera. Por la época argumentaba contra la creación de un seguro de desempleo, debido a que incentiva que “las personas abusen del sistema para apropiarse de esos beneficios”; también propuso que los menores de 24 años no se les pagara cotizaciones previsionales, propuso prohibir la huelga en el sector público y determinó que el problema del empleo son “la política del salario mínimo”
Hasta inventó un “ranking de rigideces laborales”.
Al repasar apenas algunos de sus escritos, se constata que una partisana de LyD ha estado a cargo de la política monetaria en los últimos cuatro años.
SEGURO DE DESEMPLEO COMO AHORRO FORZOSO
En el año 2000 se discutía la implementación de un seguro de desempleo y en una columna publicada en el mes de abril, la economista de LyD planteó que la creación de dicho mecanismo básico de una seguridad social “suma al costo de generar empleos uno adicional no despreciable”(2).
Describió asimismo la propuesta de seguro como un ‘ahorro forzoso’. Sostuvo así que “el mayor ahorro que se reúna se explicará en gran parte por personas sin capacidad de ahorro, para quienes esta obligación pasa a tener un carácter de impuesto, porque se trata de personas que valoran más el consumo del presente”.
La columna también le permitió explayarse en contra de la indemnización por años de servicio, que apostaba por abolir argumentando que “es aún más importante privilegiar un sistema que minimice el costo a la contratación de trabajadores”.
Cualquier política pública de mejora en la calidad del empleo es nefasta para la actual presidenta del Banco Central. En su retórica, que dice siempre sustentar “en toda la evidencia”, sostuvo que “es así como se ha concluido que las rigideces laborales impuestas en principio en beneficio del trabajador, en los hechos terminan encareciendo el trabajo y reducen la creación de empleo, especialmente en el sector de los jóvenes y las mujeres”.
Luego colocó un ranking de ‘Rigideces laborales’, en el que el seguro de desempleo instaló en un rango de “riesgos de abuso”. Comentó así que en los seguros de desempleo europeos es “típicamente el caso” de abuso porque se “entregan beneficios que exceden a los costos percibidos. Esto porque existen incentivos a que las personas abusen del sistema para apropiarse de esos beneficios”(2).
INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO Y JÓVENES SIN COTIZACIÓN
Un objetivo principal de Costa es terminar con la indemnización por años de servicio. En la legislación laboral chilena se estableció dicho pago al trabajador al ser despedido en 1966, la que fue cambiada en 1980 con el Plan Laboral desplegado por José Piñera, quien estableció un tope de remuneraciones, elevándose a once con una reforma efectuada en 1991.
En 2001, Rosanna Costa publicó junto al abogado y asesor laboral de la Sofofa, Huberto Berg, el documento ‘Análisis y propuestas para el mercado laboral en Chile’, presentado como un diagnóstico del mercado laboral privado en Chile y dedicado a los costos del despido, la negociación colectiva y la capacitación del personal.
Ya en la introducción ambos autores plantea que “sin flexibilidad laboral, la economía quedaría más expuesta a los efectos de los ciclos económicos”(3).
Con el argumento de disminuir el desempleo juvenil, Berg y Costa sostienen que se “requiere medidas como la desvinculación del costo del despido a la antigüedad”. Dicen incluso “representar” a los trabajadores sin empleo, para quienes beneficiaría el fin de dicho beneficio.
La propuesta de fondo es traspasar el costo del despido de los empleadores a los trabajadores. Lo dicen así, sin anestesia: Si bien reconocen que los trabajadores perderían un importante ingreso al momento de quedar sin empleo, argumentan que “estas consecuencias pueden amortiguarse en la medida que estos costos puedan traspasarse al trabajador a través de una reducción en las remuneraciones, efecto que no se puede producir en la medida que normativas como el salario mínimo lo impidan”.
Lo confuso de la redacción no se debe a la calidad argumental de la propuesta, sino que a los habituales ejercicios retóricos usados por Costa para justificar que los recursos sean puestos por los propios trabajadores.
También, con el objetivo de promover el empleo, proponen “dar a los menores de 24 años la oportunidad de optar a no cotizar por concepto previsional, postergando la edad de jubilación legal, o a elegir por tasas de cotizaciones más elevadas en una etapa posterior de su vida laboral. Por esta vía se reduce el costo de contratar jóvenes para las empresas, ayudando a compensar su nula experiencia laboral, sin reducir las remuneraciones líquidas del trabajador”.
Otra propuesta radical es “permitir la suspensión temporal de parte o el total de horas contratadas, con obligación de mantener las cotizaciones, por un período de hasta 6 meses, en cuyo caso el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionalmente disminuida. En este caso el trabajador podrá desarrollar otras actividades laborales, sin que ello importe el término del contrato de trabajo”(3).
CONGELAR SALARIOS Y DERECHOS LABORALES
Entre las propuesta para incentivar el empleo, Rosanna Costa planteó desregular los “derechos irrenunciables” de los trabajadores establecidos en el Código del Trabajo. Bajo el rótulo de una “adaptabilidad laboral pactada” la actual presidenta del Banco Central propuso el congelamiento de los salarios, el fin de las horas de trabajo definidas por ley y las remuneraciones “como instrumento abierto” a negociar por cada empleador ante cada funcionario.
Esta vez el argumento dado para un retroceso directo al siglo XIX, es en función de adaptarse al cambio tecnológico que conlleva la globalización. Costa así planteaba en 2008 una ‘adaptabilidad laboral pactada’ que implicaba que cada trabajador negociara directamente con sus empleadores, sin mediación de sindicatos y organizaciones, un “estándar mínimo”, que se transformaría en un convenio obligatorio por sobre las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo (1).
Agregó que “sería voluntario para los trabajadores aceptar la modificación de las condiciones hoy en aplicación, y siempre dentro de las opciones que la ley permita. De lograrse un acuerdo, el convenio es obligatorio y sus incumplimientos serían violaciones contractuales que se pueden denunciar y fiscalizar”(1).
Entre las propuestas destacó una “Adaptabilidad laboral pactada”, que permita ajustes de horario y jornadas dependiente de los ciclos productivos, en donde no medie el contrato sino el recursos a equipos por ciertos períodos del año, pudiendo redistribuir la jornada de trabajo en el año. En otras palabras, la propuesta persigue que el patrón pueda disponer a voluntad de los horarios y días a lo largo del año de sus trabajadores, sin límites legales de horario o pago de horas extras.
La iniciativa no sólo atañe a lo horarios, sino que también contempla “ajustes de remuneraciones”. Proponía la posibilidad de que la patronal impusiera “acuerdos” a sus trabajadores que permiten “reducir las remuneraciones, y con ello la jornada, por un período de seis meses o más (…). En estos períodos, los contratos quedan congelados total o parcialmente por el período que se convenga, con un límite legal máximo”.
Propuso así una “Adaptabilidad y las remuneraciones variables” como instrumentos abiertos al empleador, que le permitiría congelar el pago de gratificaciones, que propone aplicar cuando las empresas declaran pérdidas.
Una tercera iniciativa es el “Cierre temporal” de las empresas que implica que los trabajadores dejen de percibir salarios y “acepten congelar sus derechos laborales por un período no superior a 6 meses (eventualmente prorrogable), condicionado ello a que se mantiene el pago de cotizaciones previsionales y que los contratos vigentes se reanudan transcurrido el plazo. En el período de congelamiento evidentemente el trabajador es libre de trabajar en otras actividades”(1).
CONTRA EL SALARIO MÍNIMO
La postura de Rosanna Costa contra el aumento del salario mínimo tiene décadas. Ya se aprecia en una entrevista realizada a la revista de LyD en torno al empleo, publicada en enero de 2008, en la que se explayó en contra de prohibir el reemplazo de trabajadores durante la huelga, el pago de comisiones y la negociación colectiva por ramas de la producción.
Según Costa “el reemplazo de trabajadores en huelga tiene un rol importante. Contribuye a que las partes en conflicto miren el mercado. Los trabajadores, para estar atentos a si sus demandas no van más allá del salario alternativo, en cuyo caso la probabilidad de que sus peticiones sean atendidas es menor. Los empleadores observarán el costo de encontrar trabajadores con una relación de productividad salario que sea competitiva con la demanda de los huelguistas. Permite, por tanto, alinear las miradas de los actores del conflicto con la realidad del mercado donde la empresa se desenvuelve”.
También en la entrevista se pronunció en contra del salario mínimo, proponiendo que sea negociable entre cada empleador y los trabajadores. Planteó que “lo que se requiere es rebajar las remuneraciones reales y evitar pérdidas innecesarias de empleo”.
De esta forma sostuvo que el problema del empleo son “la política del salario mínimo”
En vez de un salario mínimo legal su propuesta eran los salarios participativos, que en su estilo oblicuo se limitó a definir como “otro desafío a abordar, pues incrementa el compromiso y el vínculo de los trabajadores con la empresa”.
Costa también promovió “acuerdos de adaptabilidad laboral”, en los cuales se ajusta turnos, salarios y jornadas de trabajo según la demanda de la empresa. Su horizonte es “alinear los salarios con la productividad”.
A Rosanna Costa tampoco le gustan los movimientos sindicales de los trabajadores públicos y planteó en 2016 que se debiera prohibir sus paralizaciones. Con el argumento repetido de la ‘Modernización del Estado’ comentó que el ejercicio de la función pública es ‘monopólico’, lo que “de hecho, es una buena razón para prohibir la huelga en el sector público” (4).
UNA PARTISANA EN EL BANCO CENTRAL
Rosanna Costa ha expresado sus ideas por décadas en columnas de opinión con amplia cobertura en los grandes medios. En todo este tiempo se ganó la fama de partisana de extrema derecha en las discusiones de economía. Como se ha podido documentar en esta revisión de apenas algunos de sus escritos, está en contra del salario mínimo, los derechos universales y la sindicalización; además de ser férreamente partidaria de prohibir la huelga de los empleados públicos.
Por décadas la intelectual orgánica de LyD dio una cobertura de técnica a sus sesgos pro oligarquía, produciendo econometrías como el “ranking de Rigideces laborales”. Sin embargo, su retórica quedaba restringida al ámbito de los asesores parlamentarios de la UDI, como columnista de opinión o como moderadora en foros organizados por centros de estudio conservadores. Por detrás del recubrimiento técnico todos reconocían una ideología de extrema derecha y defensora de la desigualdad económica.
Ahora controla la política monetaria.
El salto de Rosanna Costa, primero al consejo y luego a la presidencia del Banco Central implicaron que asumiera nuevos roles en su carrera de ‘técnica’. Como buen cuadro formado al alero de Carlos Cáceres, aprovechó la posición y el mejor momento para disparar su artillería largo tiempo calibrada contra el aumento en el salario mínimo y las 40 horas. En plena campaña, el cuadro más exitoso de LyD, colocado en la posición más certera, disparó un misil a uno de los grandes logros del actual gobierno y pilar fundamental en la campaña de Jeannette Jara.
La arremetida también persigue un viejo sueño de la economista de LyD, que es el fin del salario mínimo e indexar el aumento salarial a una productividad definida exclusivamente por la patronal. Ya comenzó a fijar una econometría que relaciona el aumento del salario mínimo con el desempleo de manera directa, omitiendo otros factores productivos. Es tarea de economistas perspicaces desentrañar esta pretensión por instalar nuevas normativas y terminar de convertir al Banco Central y sus parámetros económicos en un afinado dispositivo promotor del orden neoliberal. La forma en que fue desplegado el cálculo, con el correspondiente apoyo de la gran prensa y el silencio de los economistas críticos, les permitió testear el camino para instalar que cualquier aumento salarial genera de manera inequívoca desempleo.
Así, disfrazados de argumentos técnicos, una economista cuya casa matriz es LyD y hoy está a cargo del Banco Central, está ganando un nuevo terreno en “la batalla de las ideas”, instalando una relación directa y causal entre aumento de las remuneraciones y baja del empleo. Cualquier intento futuro de mejorar el reparto de la torta en la producción de riqueza en Chile deberá enfrentar dichos parámetros normativos. La labor ideológica es evidente en la construcción del guarismo económico. Los efectos políticos en plena campaña electoral lo son aún más.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
NOTAS:
(1) Rosanna Costa: Una propuesta para incentivar el empleo. En Varios autores. Pobreza: ideas para superarla. un homenaje a Miguel Kast R. Libertad y Desarrollo-Fundación Miguel Kast.Fundación Enrique Costabal. Libertad y Desarrollo, 2008.
(2) Rosanna Costa: Seguro de desempleo: Un nuevo impuesto al trabajo. Revista Libertad y Desarrollo N.º 96, abril 2000.
(3) Huberto Berg; Rosanna Costa: Análisis y propuestas para el mercado laboral en Chile. Enero, 2001.
(4) Rosanna Costa: El empleo es el mejor instrumento de protección social. Revista Libertad y Desarrollo. N.º 182, enero, 2008.
(5) Roxanna Costa: Lecciones del reajuste y modernización del Estado. La Tercera, 27 de noviembre de 2016.