Abogado de la machi Millaray Huichalaf denuncia “campaña orquestada” para deslegitimar a la defensora ambiental

El abogado Felipe Guerra, representante legal de la machi Millaray Huichalaf, denunció una “campaña orquestada” para deslegitimar y criminalizar a la autoridad espiritual mapuche y defensora ambiental, a raíz del accidente ocurrido en agosto en la ribera del río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno (Región de Los Ríos), que dejó dos personas fallecidas.

“Lamentablemente, el día 19 de agosto, mientras la machi realizaba una ceremonia en el río Pilmaiken, en el complejo ceremonial, un sitio de uso inmemorial, se produjo una creciente en el río que terminó arrastrando una menor y de un comunero que se lanzó para rescatarla. Este accidente que no es la primera vez que pasa en el río Pilmaiken fue inmediatamente instrumentalizado en primer lugar por la Fiscalía”, explicó Guerra en conversación con La Mañanera, programa conducido por el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay,

El también académico de la Universidad de La frontera, precisó que el accidente coincidió con un viaje planificado con meses de antelación por parte de la autoridad ancestral, cuyo desplazamiento respondía a una mediación internacional en Ginebra (Suiza) con la empresa noruega Statkraft por el conflicto territorial que afecta a la mapuche huilliche de Carimallín.

Señaló que el viaje lejos de ser una huida, como especularon algunos medios, contó con el mandato explícito de su organización Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü, para buscar soluciones frente a la amenaza que proyecta sobre el espacio ceremonial ancestral.

“El accidente se da justo antes del viaje de la machi Millaray a Ginebra para reunirse en este contexto de esta mediación. Gran parte de la comunidad en el fondo la lleva a que continúe con este viaje de mediación que está programado ya muchos meses atrás. Ella comienza su viaje y es interceptada en helicóptero por el fiscal en el aeropuerto de Osorno donde se le pide que tiene que declarar como imputada”, indicó el jurista.

Guerra relató que la autoridad espiritual ejerció su derecho constitucional a guardar silencio, tras lo cual se desarrolló una acción que calificó de «campaña de deslegitimación».

“Ella ejerce su derecho a guardar silencio e inmediatamente el fiscal sale del aeropuerto a dar una conferencia de prensa que estaba preparada, diciendo que la Machi Millaray se iba del país, e iba a ejercer su derecho a guardar silencio, derecho que por lo demás está protegido constitucionalmente. y además todavía ni siquiera se sabía bien por qué se la estaba imputando”, explicó.

«La machi continúa su viaje y a partir de todo lo que comienza a pasar, desde la instrumentación que se empieza a hacer en este caso, decide finalmente no participar de esa mediación por el contexto de criminalización y a su regreso se encuentra con esta campaña de deslegitimación bien brutal, donde empieza a aparecer su nombre, se empieza a ridiculizar la ceremonia y a abordarse de manera muy morbosa la muerte de estas dos personas y también del dolor de las familias», relató.

Denunció que se produjo un tratamiento mediático sensacionalista y morboso del accidente , radicalmente distinto al abordaje de un hecho similar ocurrido en 2020 en el río Pilmaiken, en el cual un hombre falleció durante un bautizo evangélico.

“Revisando las noticias, que de hecho encontré solamente dos noticias, me di cuenta de que el abordaje había sido bien distinto, había sido una abordaje sobrio, muy empático con el dolor de la familia de la víctima», afirmó.

Tal y como expuso en una columna de opinión publicada por este medio, el doctor en Cencías Jurídicas destacó que nadie culpó al pastor ni a la comunidad, ni se sugirió que el rito fuera peligroso o cuestionable. Tampoco se publicó el nombre ni el rostro del pastor que dirigía la ceremonia y en la escasa cobertura mediática que tuvo el accidente se limitó a consignar el hecho como una desgracia fortuita.

«Se trató ese hecho como un hecho incluso heroico, la noticia no menciona el nombre del pastor y se centra fundamentalmente en los esfuerzos del rescate y de la emergencia”, indicó en la entrevista con La Mañanera.

En contraste, señaló que en el caso de la autoridad espiritual mapuche desde «un primer momento aparece el nombre de la machi Millaray Huichalaf, se comienza a deslindar la culpabilidad de la machi sin un juicio previo, se la condena socialmente en distintos medios de comunicación, aparecen los nombres de las personas fallecidas, aparecen las fotos de la machi”, exponiéndola directamente a la condena social.

Guerra fue particularmente crítico con un reportaje de Radio Bío Bío, a través del cual se instaló un discurso de sospecha y criminalización, llegando al punto de vincular una práctica de sanación con un “rito satánico”, insinuando incluso la idea de un “sacrificio humano”. 

«El reportaje que aparece como supuestamente un ejercicio de periodismo de investigación en Radio Bío Bío, que es más bien un reportaje bien sensacionalista, por parte de una periodista bien destacada se señala o se desliza de que esto sería un sacrificio humano y un rito satánico, de hecho el reportaje se llama ‘La Machi de los sacrificios’, entrevistándose fundamentalmente a personas de comunidades locales que efectivamente son comunidades del territorio, pero que están a favor de los proyectos o que tienen negociaciones con la empresa (Statkraft)», argumentó.

Recordó que unos días antes de que saliera a la luz el reportaje, fue publicada una columna escrita por (Eugenio) Alcamán, «que es un historiador mapuche huilliche, pero que es pareja de una de las dirigentes de las comunidades que negocian la empresa».

«Entonces se desarrolla una campaña bien orquestada para deslegitimar a una defensora ambiental territorial y mapuche, a una autoridad ancestral, en su rol de defensora y en su rol también de mujer porque se hace una serie de aseveraciones que la que en el fondo se cruzan distintas estigmas en relación a la machi», criticó.

Coflicto territorial: Estrategia de división y llegada de Statkraft

En conversación con La Mañanera, el abogado Felipe Guerra realizó un recorrido histórico por el conflicto territorial que se remonta a más de una década. Explicó que en 2014 la compañía de capitales noruegos Statkraft, adquirió la Hidroeléctrica Pilmaiquén, que incluía la central Rucatayo, ubicada en el río Pilmaiken, justo en el límite entre la Región de Los Ríos y la Región de Los Lagos, a las que se sumarían otras dos generadoras, la central Osorno y la central Los Lagos.

“La machi Millaray Huichalaf, muy tempranamente, era bastante joven, de hecho tenía aproximadamente 19 años cuando se inicia este conflicto, adquiere un rol de vocería, de liderazgo de las comunidades que se oponían a estos proyectos”, recordó.

Guerra señaló que ante el rechazo de las comunidades al desarrollo de proyectos hidroeléctricos que pudieran afectar o poner el riego los restos arqueológicos hallados en la zona, en 2008 «la empresa (Pilmaiquén) empieza a desplegar muy tempranamente al inicio del conflicto, una estrategia de división de las comunidades locales, muy característica de este tipo de conflictos».

«Evidentemente siempre los territorios tienen posiciones a favor y muchas veces posiciones en contra de los proyectos, entonces la empresa genera una campaña, o genera una estrategia de división de las comunidades, la machi Millaray se vuelve líder de las comunidades que estaban en contra de los proyectos hidroeléctricos, y adquiere muy tempranamente un rol de vocería, de liderazgo, un poco también muy vinculado a su rol de sanadora de las personas del territorio», resaltó.

Criminalización como herramienta para neutralizar el liderazgo

El abogado detalló cómo, paralelamente a la división comunitaria, se inició un proceso de criminalización contra la machi y otras autoridades ancestrales.

Relató que ya en 2012 la casa de la machi fue allanada y se le imputaron cargos, en un contexto donde la empresa necesitaba obtener actas de consentimiento para inundar el territorio.

«El 2012 fue una época en la cual la empresa hidroeléctrica Pilmaiquén ya tenía aprobado su proyecto, con la institucionalidad antigua, antes de estar en vigencia el Convenio 19 y comienza a desarrollar un plan, un proceso de participación que le impuso una de las resoluciones de calificación ambiental del proyecto, y en ese contexto comienza a levantar actas en el terreno para obtener el consentimiento de las comunidades para poder inundar el río Pilmaiken, y en ese contexto precisamente donde la machi es, podríamos decir, criminalizada y sustraída del territorio a través de procesos penales, que finalmente terminan con la condena de ella como encubridora, una situación muy similar a lo que pasó en paralelo en esa época por la machi Francisca Linconao, que se la condena como encubridora de otro delito, que en ese caso no tenía autor», recordó.

«Eso significó sacarla del territorio aproximadamente un año, a través de distintas medidas cautelares, e iniciar un proceso de criminalización también de otras autoridades ancestrales de las comunidades que se oponían a este proyecto», señaló.

Guerra sostuvo que Statkraft, a pesar de su discurso de sostenibilidad y derechos humanos, mantuvo esta estrategia al llegar en 2014.

«Statkraft llega en el 2014, cuando ya este proceso de criminalización estaba más o menos instalado en el territorio, y aunque nosotros pensamos que efectivamente esta empresa noruega, que llega con un discurso distinto, de energías renovables, pero también con un discurso más afín a los derechos de las comunidades, decidió mantener prácticamente la misma estrategia, mantiene las relaciones con las comunidades con las cuales había negociado, profundiza esas relaciones, y por tanto profundiza también las divisiones en el territorio, y en ese contexto la machi, junto a otras comunidades, lideran una serie de acciones legales, todas acciones de carácter institucional en los tribunales ambientales, para ejercer sus derechos de manera legítima», expuso.

“Mantiene las relaciones con las comunidades con las cuales había negociado, profundiza esas relaciones, y por tanto profundiza también las divisiones en el territorio”.

Estas acciones ocasionaron que en 2023 la empresa debiera renunciar a la central Osorno y se diera inicio a un proceso de consulta indígena para la construcción de la central Los Lagos con el Consejo de Monumentos Nacionales.

«Apenas comienza el proceso de construcción de la Central Los Lagos, empiezan a aparecer sitios arqueológicos que van dando cuenta de este uso antiguo e inmemorial de la ribera del río Pilmaiken y abre este proceso de diálogo con el Estado, y que el Estado se ha demorado más de cuatro años en el fondo en desarrollar». subrayó.

Sin embargo, señaló justo en 2023 cuando debía iniciar el proceso de diálogo a través de la consulta indígena las comunidades realizaron un acto de protesta a las afueras de la Central Los Lagos, porque en medio de la pandemia de Covid-19 se avanzó en la construcción del proyecto.

La manifestación fue fuertemente reprimida por la policía por lo que varios comuneros resultaron heridos con heridas de gravedad, e incluso uno de ellos con trauma ocular, ya que Carabineros intervino ocupando escopetas antidisturbios, mientras que otros recibieron impactos de perdigones de plomo.

Guerra recordó que a partir de ese hecho la empresa y el Estado iniciaron una serie de causas penales, «sin ningún tipo de gestión durante mucho tiempo». Sin embargo el pasado 12 de agosto, se produjo un violento allanamiento de la vivienda y rewe de la machi Millaray Huichalaf, ubicada en el sector El Roble-Carimallín.

«Se allanó la casa de la machi Millaray en un momento en el que ella tenía que salir a un viaje, a una mediación internacional con Statkraft, en el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Noruega», subrayó.

«Entonces, a lo que quiero llegar con esto, es que lo que vemos en este último tiempo, es una serie de instrumentalizaciones de una parte del derecho penal, represión de la protesta social, y deslegitimación de una autoridad central que ha utilizado los mecanismos institucionales para hacer ejercicio de derechos frente a una empresa extranjera, estatal, en este caso, desde esa estancia del Estado noruego, que en el fondo pretende inundar ahora ya no el sitio ceremonial de este impacto, pero si una serie de sitios arqueológicos que dan cuenta, de la presencia activa e inmemorial de las comunidades en este territorio», argumentó el representante legal de la autoridad espiritual mapuche.

Patrón de presión y estigmatización

Para el abogado, el caso de la machi Millaray Huichalaf es un ejemplo emblemático de cómo se ejerce presión sobre defensores ambientales y autoridades indígenas que se oponen legítimamente a proyectos de inversión, utilizando una combinación de herramientas legales, policiales y mediáticas que configuran una “campaña orquestada” para silenciar su liderazgo, lo que ha generado muestras de solidaridad por parte del mundo académico, como por parte de otras autoridades ancestrales como la machi Edia Kvyenray Alcaman y el «Consejo de Lonkos Lavkenche» 

«Como abogado de yo he trabajado durante muchos años con comunidades indígenas en todo Chile apoyando el ejercicio de sus derechos colectivos y en general, las comunidades cuando hacen uso de los mecanismos institucionales para poder ejercer sus derechos terminan siendo estigmatizadas, criminalizadas en algunos casos, o violentamente reprimidas para hacer un uso legítimo en el contexto de un Estado democrático de derechos», enfatizó.

En la emisión de este jueves 26 de septiembre de La Mañanera, nuestro director también conversó con Paula Walker, periodista y ex Directora de Comunicaciones en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

A continuación puedes disfrutar del programa completo: