A esa hora ya estaban cansados. Eran las 8 horas de la noche del viernes 8 de agosto de 2025. Representantes de las comunidades atacameño lickanantay, sus asesores y funcionarios de la Corfo llevaban doce horas reunidos en la jornada del segundo plenario de la consulta que lleva a cargo la instancia estatal.
Hugo Flores, presidente del Consejo de Asociaciones Atacameñas Lickanantay, tomó el micrófono y dijo: “señor Estado: invitas a parlamentar como hombres afuerinos de nuestra propia tierra, mandatas a hombres y mujeres para un diálogo espurio que nos obliga a sentarnos en una mesa dividida para nuestros propios hermanos de historia y territorio”.
Los ánimos cansados se crisparon. El final de la Etapa de Diálogo, fijado originalmente para el 19 de julio, debía concluir ese día. La marcha forzada es para validar lo antes posible el polémico acuerdo que vuelve a entregar a SQM la explotación del Salar de Atacama, esta vez a medias con Codelco, y que conlleva un aumento de la cuota de extracción de 165 mil toneladas anuales a 300 mil.
Iniciada en noviembre de 2023, la Consulta Indígena persigue obtener el consentimiento de las 28 comunidades lickanantay que habitan en la cuenca del Salar de Atacama, según lo establece el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, vigente desde el año 2009 en Chile.
El problema es que en su planificación no consideraron festividades de las comunidades, el carnaval en febrero y el tiempo necesario de los dirigentes de las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Atacameños para conocer y analizar los pormenores del acuerdo, además de negociar un porcentaje en compensación por la afectación de su territorio.
“Nos entregaron un cuaderno de mil hojas y tenemos que leerlo de aquí a un mes”- nos contó una pobladora de la comunidad de Socaire, al interior de San Pedro de Atacama, cuando comenzó el proceso.
Las comunidades así consiguieron aumentar el número de reuniones de los diferentes grupos de trabajo y plenarias, realizándose en total 38 reuniones con las organizaciones indígenas representativas, en las tres etapas de la Consulta (Planificación, Etapa de Entrega de Información y Diálogo).
Si bien, las comunidades más próximas al Salar de Atacama (Toconao, Socaire, Camar, Talabre y Peine) consiguieron imponer el principio de compensación diferenciada, al estar más cerca del salar, en el resto de las comunidades hay disconformidad y se manifestaron disensos, sobre todo entre las 23 Asociaciones indígenas Atacameñas, que también participaron en la consulta. Sin embargo, según reclaman sus dirigentes, sus observaciones y propuestas no fueron tomados en totalidad en cuenta por la Corfo.
Según los críticos de la Consulta, se trata de un proceso viciado, en el que se faltó a los principios de buena fe, flexibilidad y pleno consentimiento. Lady Sandon, presidenta de la Comunidad Atacameña de Coyo, comentó con El Ciudadano que “es lamentable lo que está pasando aquí. Una vez más el Estado hace lo que quiere, no respeta a los pueblos indígenas. Se viene gestando desde el principio una consulta que apunta a la entrega rápida del consentimiento para iniciar la explotación. Nos demandó tiempo, pero de igual modo hicimos un análisis completo de la consulta, pero no hemos sido escuchados. Además, tanto tiempo para reuniones para tener discusiones entre nosotros mismos, nos hemos visto separados”.
Hugo Flores, por su parte, dijo que sentía “la triste mirada de nuestros abuelos”. Luego increpó al vicepresidente Ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente, quien fue para estar presente en el cierre de la Etapa de Diálogo, diciendo:
“Usted que una vez más viene a presentarse con el rostro de buena fe, blancura y transparencia, con la intención de convencer de que cambie mi cosmovisión ante mi madre tierra (…) me parece que el Estado de Chile cumple una vez más sus objetivos, su misión y no hay nada más que decir de esta consulta”.
Ya cuando iban a estar 13 horas en la consulta, uno de los funcionarios de Corfo dijo lo que desde hace meses pensaban anunciar: “damos esta consulta por finalizada y que tengan un muy buen fin de semana”.
Sin embargo, de inmediato se escucharon interpelaciones de parte de los presentes que decían “el agua vale más que el litio”.
Karol Luza, activista medioambiental de San Pedro, comentó que “esto es una falta grave a nuestros pueblos originarios, un ecocidio lo que está haciendo el gobierno con las comunidades”.
Luego de gritos y aplausos la crítica se expresó en el grito: “El agua no se vende, el agua se defiende”.
APURADOS ANUNCIOS
Con el cierre de la etapa de diálogo, los funcionarios de la Corfo se afanaron en sistematizar el proceso de Consulta Indígena, tarea que concluyeron el 27 de agosto reciente. Para el 15 de septiembre, el consejo de Corfo ya tenía aprobado la versión final de estos contratos.
Un día después, aprovechando que el país estaría concentrado en las Fiestas Patrias, Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, se apresuró en anunciar en un programa de radio que la consulta indígena estaba terminada y “recibió luz verde”.
Una semana después la Corfo ingresó a trámite de la Contraloría General de la República, las resoluciones que modificaron los Contratos para Proyecto en el Salar de Atacama y de Arrendamiento de Pertenencias Mineras suscrito tanto con SQM Salar SpA, con una vigencia hasta el año 2030; y los nuevos contratos con Codelco y su filial Minera Tarar SpA, los que tendrán efecto desde 2031 hasta 2060.
Sin embargo, el proceso enfrenta un recurso de protección de una comunidad lickanantay y una organización de agricultores.
RECURSO DE PROTECCIÓN EN CURSO
A mediados de julio, la Corte de Apelaciones de Antofagasta aceptó un recurso de protección interpuesto contra el Proceso de Consulta Indígena interpuesto por la Comunidad Atacameña de Coyo, integrante del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), una de las 18 integrantes del Consejo de Pueblos Atacameños y está localizada en la zona norte del Salar de Atacama, contigua a la Cordillera de Domeyko.
Tribunales declaran admisible recurso de protección contra Consulta Indígena por acuerdo SQM-Codelco
El reclamo de la comunidad se enfoca en la forma en que se está llevando adelante el proceso de consulta, que ha impedido la participación en condiciones adecuadas, conforme a los estándares internacionales vigentes. Según Lady Sandon, presidenta de la comunidad, los temas “consultables” fueron definidos sin participación -dejando fuera contratos y cuotas de producción- y pide paralizar el proceso.
Corfo también enfrenta otro recurso presentado por la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama (ARASPA), que reclama sobre la metodología impuesta por Corfo, la restricción unilateral de su alcance y omisiones sustantivas de temas como el uso de agua/salmuera, el aumento de la cuota de extracción de litio y la participación en los beneficios).
EL APORTE QUE RECIBIRÍAN LAS COMUNIDADES
Apenas cinco días antes, el 10 de septiembre, las comunidades atacameño lickanantay pudieron acceder a los borradores de contratos en una oficina de la Corfo en San Pedro de Atacama, claro que con acuerdos de confidencialidad.
Las comunidades recibirían un ‘Aporte’, según se define en el Informe de Sistematización Final, para proyectos de inversión y fomento de entre 10 y 15 millones de dólares anuales. Dependiendo del precio del carbonato de litio, se sumará US$1 millón anual y el equivalente al 0,1% de las ventas anuales sin tope.
Un Fondo 2, destinado a proyectos de desarrollo de las comunidades recibiría en el periodo 2025-2030, el monto de 8 millones de dólares anuales a repartir entre las 28 integrantes del CPA.
Para el periodo 2031-2060, se estableció un monto de entre 8 y 13 millones de dólares anuales, según el precio de venta de carbonato de litio; 5 millones de dólares anuales, en caso de que el precio promedio ponderado de las ventas del año anterior de carbonato de litio fuere superior a 18.000 Dólares la tonelada; y el equivalente al 0,1% de las ventas anuales sin tope, de todos los productos de la Sociedad elaborados a partir de las salmueras de las pertenencias objeto de los Contratos.
Esta cláusula excluye al Potasio.
En tanto para ese periodo de tiempo, para el Fondo 2 se aportarían un millón de dólares anuales, con un componente adicional de US$ 5 millones de dólares si el precio de litio supera los 23 mil dólares la tonelada; y un componente adicional de 5 millones de dólares si el precio de litio supera los 28 mil dólares la tonelada.
La distribución de los recursos plantea un 60% para las comunidades indígenas atacameñas ubicadas a menos de 60 km de la Oficina Gerencia MOP de la Sociedad; y un 40% para las comunidades indígenas atacameñas ubicadas a más de 60 km de la Oficina.
DISENSOS AL ACUERDO
Según quedó establecido en el Informe de Sistematización Final, hay cuatro disensos al convenio. El primero fue planteado por la Comunidad Indígena Atacameña de Larache, quienes manifestaron disentir el general con los Borradores de Contrato, en los términos divisorios que plasma.
La Comunidad Indígena Atacameña de Coyo manifestó un disenso completo a todos los puntos, manteniendo también un recurso de protección en contra de Corfo. La razón principal se fundamenta en los problemas que conlleva la explotación minera para el agua.
Por su parte, la Comunidad Indígena Atacameña Hijos de Solor: Manifiesta un disenso general, reclamando que el proceso técnicamente tiene un vicio de constitucionalidad, al no cumplir con el Convenio 169, ya que el Decreto N° 66 que dio curso a la consulta, su artículo 3° estableció que “el evento de que no se alcancen los objetivos de lograr acuerdos o consentimiento, de todas maneras, se va a entender efectuada la Consulta Indígena, siendo esto inconstitucional”.
De esta forma manifestaron un disenso de manera genérica a todo el proceso y a las cláusulas que se están estableciendo.
Un cuarto disenso es de la Asociación de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama (Araspa), organización que presentó un recurso de protección en contra de Corfo, que el disenso es completo respecto a toda la consulta.
Lady Sandon, presidenta de la comunidad de Coyo, planteó que “acá hay una diferencia entre disenso y no acuerdo. Y lamentablemente la interpretación que se le está dando por el Estado de Chile es pasar con una máquina por encima de todas las opiniones, sugerencias, recomendaciones, no acuerdos y los no disensos”.
Sandon agregó que “porque al final algunos decían disensos positivos o disensos negativos. Es un engaño porque fue una consulta parcial en la que faltaron ver acuerdos de comercialización, el tema del potasio. No aparece nada de lo que pusimos como comunidad de Coyo en el recurso de protección. Acá Corfo se sale con la suya tratando de cerrar una etapa que no se basa en los principios de buena fe establecidos en el Convenido 169 y tampoco la protección general de los pueblos indígenas de acá. Y no hay transparencia y tampoco buena fe”.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
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