Justicia dual en Chile
La desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y defensora ambiental de 72 años, se erige como un emblema de la discriminación estructural en Chile. Once meses después de su desaparición en Máfil, la investigación avanza con una lentitud que contrasta grotescamente con la celeridad demostrada en otros casos de similar gravedad y que debería haber tenido la misma connotación.
La prueba más contundente, una interceptación telefónica donde el principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt, afirma que “la quemaron”, ha sido tratada por la Fiscalía con una pasmosa indiferencia, relegando este indicio crucial a un segundo plano, según denuncia la abogada de la familia, Karina Riquelme.
Mientras la evidencia contra Morstadt es ignorada, el aparato persecutor se ha volcado en una dirección opuesta: la criminalización de la propia familia de la víctima. La estrategia de utilizar “testigos con identidad reservada contra ellos”, tal como se expuso en el punto de prensa, revela un patrón de revictimización y montaje que ya había sido denunciado previamente. Esta conducta institucional no es un error, sino la manifestación de un sistema de justicia que, como señala Hassan Akram de La Voz de los Que Sobran sobre racismo del Estado por investigación en desaparición de Julia Chuñil: «El poder judicial castiga con más años a personas mapuches, y en los trabajos también sufren discriminación. El problema de las dos justicias queda en evidencia en casos como este (Julia Chuñil)».
La disparidad de trato se hace obscena al comparar el caso Chuñil con el del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Para este último, el Estado desplegó una maquinaria sin precedentes: el fiscal nacional Ángel Valencia ofreció múltiples conferencias de prensa, anunciando avances como que “el día lunes vamos a poder atribuir participación directa a un conjunto de 16 sujetos”. La investigación, respaldada públicamente por la ministra del Interior, Carolina Tohá, que afirmó que la “tesis de motivación política” tenía sustento,, resaltado así en publicación de Diario UChile el 22 de enero de 2025, razón por la que hicieron entrega formal de antecedentes a la Corte Penal Internacional para crear un “equipo conjunto de investigación”.
El contraste no puede ser más elocuente. Mientras el caso Ojeda mereció la movilización de la cancillería y la Fiscalía hacia instancias internacionales, incluyendo agencias de prensa, la respuesta del fiscal Valencia ante la revelación del audio en el caso Chuñil fue abrir una “investigación por filtración” este 02 de octubre, consigna Tele 13.
Su declaración de que “no puedo ni confirmar ni rechazar la existencia de ese antecedente” y que lo publicado es un “antecedente parcial y sesgado”, demuestra una prioridad clara: proteger el hermetismo de la investigación en lugar de perseguir agresivamente la pista sobre el destino de la víctima.
La invisibilización mediática, denunciada por Ale Valle, en La Voz de los que Sobran: «El caso de Julia Chuñil es invisibilizado por los medios empresariales, pese a que la Corte Interamericana ya condenó al Estado chileno por una justicia racista e injusta».
En el caso de Julia Chuñil, los medios empresariales dan cuenta que actúan como cómplice de esta jerarquía de víctimas. El despliegue público en el caso Ojeda fue masivo y sostenido, con operativos policiales calificados como “un golpe importante a una agrupación criminal”. Mientras, la desaparición de Julia, pese a las amenazas previas de un terrateniente, las múltiples denuncias de su familia, fue tratada como un asunto local, sin la misma urgencia ni recursos, y su omisión en la cuenta pública del Fiscal Nacional fue categórica. Ni una palabra para Julia Chuñil.
Incluso las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien este 02 octubre de 2025 exigió “que se sepa toda la verdad, porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”, suenan tibias frente a la inacción concreta en todo este tiempo.
El comunicado público de la familia de Julia Chuñil, fechado el 30 de septiembre de 2025, es un grito de dolor que encapsula esta injusticia. Con “mucho dolor en nuestros corazones”, exigen que se investigue al sospechoso y que “esta persona nos entregue a Julia Chuñil Catricura”. Su lucha no es solo por encontrar a su ser querido, sino para que su caso quede “marcado en la historia como un símbolo de la lucha y resistencia mapuche”.
La respuesta estatal diferencial en estos dos casos no es una simple anomalía; es la prueba empírica de un racismo estatal institucionalizado. Un sistema que moviliza todos sus recursos, nacionales e internacionales, para una víctima que se ajusta a una narrativa de interés geopolítico, mientras se ha abandonado el caso de una mujer mapuche cuya acción de defensa ambiental desafía los intereses económicos locales, no puede pretender ser imparcial.
El caso de Julia Chuñil frente a otros casos de similar gravedad, evidencia que Chile tiene, efectivamente, dos sistemas de justicia.
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