El programa, esencial para sobrevivientes de trauma estatal, atiende a una cantidad mínima de sus usuarios, mientras que el MINSAL ignora los requerimientos de más profesionales y recursos.
La inacción del Ministerio de Salud —MINSAL— y los sucesivos gobiernos habrían condenado a los sobrevivientes de la dictadura a una «resignación dolorosa», al negarse a dotar de los recursos y profesionales necesarios al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud —PRAIS—, lo que provocó el colapso del sistema y la negación material de la reparación prometida por el Estado chileno. La crítica se profundiza a 52 años del golpe, revelando que la burocracia administrativa es hoy un nuevo castigo que se suma a las secuelas permanentes de la tortura y el exilio.
Edmundo Jiles Fuenzalida, director del PRAIS Metropolitano Sur, es contundente en su denuncia, señalando que la inoperancia actual del programa se debe a la «falta de voluntad política» para asegurar el presupuesto adecuado que cubra las necesidades de atención. De acuerdo con la Norma Técnica N° 88, existen ochocientos mil usuarios del PRAIS en el país, pero el programa solo atiende en promedio al 4% de ellos a nivel nacional. Esta cifra desnuda el incumplimiento del Estado en su compromiso con las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, cuya atención integral y gratuita fue formalmente reconocida.
Uno de los problemas más criticados es la demora en psiquiatría y psicología, el corazón de la reparación para quienes arrastran traumas extremos. La lista de espera se convierte en un laberinto de seis meses o un año, lo que transforma la promesa de salud en sufrimiento diario. Según Jiles, el programa no puede dar respuestas efectivas porque los 29 equipos existentes en el país están incompletos y no cuentan con los recursos financieros suficientes para contratar la cantidad de profesionales y los nuevos cargos —como gestores de red, recepcionistas, o terapeutas ocupacionales— que la normativa exige para operar correctamente.
La demanda de atención se ve agravada por la alta demanda de informes para pedir reparaciones económicas y las peticiones del Poder Judicial en el marco del Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Estos requerimientos se suman a la carga administrativa y de gestión de los equipos PRAIS, que ya están desfinanciados por el MINSAL, operando al límite y con solo el 2% de cobertura en algunos servicios: «El presupuesto actual no alcanza a cubrir las necesidades de profesionales que se necesitan de acuerdo a la norma técnica que rige el programa», señala el director, poniendo la responsabilidad directamente en la inestabilidad presupuestaria y la indiferencia ministerial.
La crítica se extiende a una «deuda histórica» que no se ha saldado en 35 años de democracia, pues «no existe una política de reparación integral» por parte del Estado, sino solo «fragmentos de reparación» que no se coordinan entre sí. El problema de fondo es la reparación, una exigencia de Derechos Humanos que no puede estar sujeta a vaivenes presupuestarios o a la falta de interés del gobierno de turno.
El director del PRAIS Mtropolitano Sur reflexiona señalando que “en Chile no existe una política de reparación integral. Las distintas medidas de reparación adoptadas no responden a una visión integrada”.
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