Resurge la presión por la tramitación del proyecto que suspende el pago de la dieta parlamentaria a legisladores inhabilitados para el cargo por orden judicial.
El debate sobre el uso de los fondos públicos se reactivó este jueves 16 de octubre, cuando la senadora Fabiola Campillai emplazó al Congreso con el objetivo de acelerar la tramitación de su iniciativa para eliminar la dieta parlamentaria a los legisladores suspendidos. La urgencia se acentuó tras conocerse el desafuero del diputado Joaquín Lavín León —ex UDI—, lo que elevó a seis el número de parlamentarios que, pese a que legalmente no ejercen sus funciones, continúan percibiendo mensualmente un salario bruto de $7.348.983, según un documento de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, eso sin contar las asignaciones.
La situación de los legisladores desaforados, que mantienen su remuneración mientras enfrentan procesos judiciales por graves acusaciones, representa un «limbo jurídico» que pone en jaque la probidad y la rendición de cuentas. Miguel Ángel Calisto, Catalina Pérez, Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y María Luisa Cordero, junto al recién sumado Lavín León, ejemplifican este dilema ético donde el fuero, una protección procesal, se convierte en un escudo financiero.
La confirmación del desafuero de Calisto ocurrió a fines de septiembre de este año, por lo que hasta la fecha ha recibido un sueldo de $7.348.983 bruto. En el caso de Pérez, siendo su salida en abril de 2025, habría recibido $44.093.898. Pulgar, quien cesó sus funciones en diciembre de 2024, habría ganado $73.489830. Mientras que la dieta de Ojeda, desaforado oficialmente a fines de septiembre de 2024, sumaría un total de $95.536779. La situación de María Luisa Cordero es singular, ya que fue desaforada en agosto de 2023 pero retomó sus funciones en marzo de 2024, siendo un total de 7 meses fuera del Congreso, o sea que recibió $51.442.881 bruto sin trabajar.
El periodo de los cinco parlamentarios que se mantienen desaforados inició en 2022 y terminaría en marzo de 2026. Considerando el salario bruto desde el presente mes de octubre hasta el fin de su mandato, cada uno percibirá una dieta de $36.744.915, siendo una suma de $183.724.575 brutos de los diputados desaforados en total.
La senadora Campillai ya había propuesto la anulación de la dieta parlamentaria en casos como estos durante 2024, y ahora manifestó su indignación ante la falta de acción del Congreso. A través de sus redes sociales, la legisladora exigió al mundo político hacerse cargo de esta situación que choca de frente con el sentir de la ciudadanía.
Haciendo referencia a el reciente desafuero de Joaquín Lavín hijo, la senadora sostuvo que: “no puede ser que esto siga ocurriendo y el proyecto que presenté en agosto del año pasado aún no se discuta», aludiendo a la lentitud en la tramitación de la ley que busca poner fin a este beneficio. La crítica apunta a que el proyecto permanece estancado, avalando que se siga costeando con dinero fiscal a representantes que no cumplen su mandato.
La voz de la senadora resuena en un contexto donde las acusaciones contra los desaforados van desde fraudes al Fisco hasta violación y abuso sexual, y ahora corrupción y delitos tributarios. El llamado de Campillai es: “discutir de cara a la ciudadanía y avanzar para que todas estas personas que han sido desaforadas se les quite su dieta parlamentaria. La ciudadanía lo exige y hagamos de nuestro cargo más digno», concluyó.
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