Acusaciones sin sustento contra Ley Lafkenche: Confirman que no existe un solo caso documentado de infracciones en Espacios Costeros de PPOO

Lobby salmonero y un proyecto de reforma considerado racista: buscan desmantelar ley Lafkenche con acusaciones falsas

Una publicación de la Plataforma Espacios Costeros Marinos devela los antecedentes que desmontan la campaña de difamación contra los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), orquestada por sectores políticos afines a la industria salmonera. Esta campaña se ha basado en acusaciones infundadas sobre abusos y presuntas prácticas ilegales, que los datos oficiales se encargan de desmentir categóricamente.

La Ley 20.249, conocida como Ley Lafquenche, es reconocida como un hito de justicia de alcance mundial para los pueblos originarios. Desde su promulgación en 2008, este cuerpo legal ha estado protegiendo los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), garantizando los derechos ancestrales sobre el mar, el cual constituye un sostén fundamental para su vida y cultura. Su implementación representa un compromiso con la reparación histórica y la conservación de ecosistemas costeros manejados tradicionalmente.

Actualmente, la norma enfrenta una cruzada legislativa que busca su reforma. Un grupo de parlamentarios, con el respaldo explícito de la industria salmonera, alega “abusos” en su aplicación, como la imposición de peajes ilegales, bloqueos y lucro indebido por parte de las comunidades. Sin embargo, una solicitud de información a Sernapesca, realizada en agosto de 2025, revela una verdad incontrovertible: en 17 años de vigencia de la ley, no existe ni una sola denuncia formalizada por mal uso, ni un caso documentado que respalde estas infracciones.

Este afán reformista carece, por tanto, de base fáctica y es denunciado como un ataque orquestado. Mientras se estigmatiza a las comunidades mapuche-lafkenche como “barreras al progreso”, la industria salmonera, señalada de contaminar fiordos y evadir sanciones ambientales, aparece como principal impulsora del cambio. La contradicción es evidente: solo 78 de 428 concesiones salmoneras irregulares han sido caducadas, lo que contrasta con la persecución mediática y política hacia los pueblos originarios. Cualquier reforma que se realice sin la debida Consulta Indígena, establecida en el Convenio 169 de la OIT, no solo sería ilegal, sino que perpetuaría el despojo histórico.

Legislar sobre rumores sin pruebas es calificado como un acto de irresponsabilidad y racismo institucional. La Ley Lafquenche, si bien perfectible, ha demostrado funcionar eficazmente en su propósito central: proteger sin abusar. Defender su integridad es, en esencia, defender la identidad cultural y la verdad frente a un poderoso lobby extractivista que, según se ha denunciado,  fabrica narrativas falsas para avanzar en la privatización del mar chileno.

Para ver la publicación original, consulte el perfil de Instagram de la Plataforma de Espacios Costeros Marinos.