Al menos 64 muertos, cuatro de ellos policías, es el saldo inicial que dejó un operativo policial «antinarco» realizado en dos favelas de Río de Janeiro, Brasil, convirtiéndose así en la operación más letal de este tipo en la historia de la ciudad.
Según consignó un reporte de la agencia EFE, unos 2.500 agentes se movilizaron en la acción, desplegada a primera hora del martes 28/10 en las favelas de Penha y de Alemão, y aún seguía en curso, según la Policía Civil.
Desde la autoridad policial informaron que el operativo busca detener a los líderes del denominado «Comando Vermelho» (CV), organización criminal dedicada -aseguraron- al tráfico de drogas y armas.
«Su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas barriadas de la ciudad, aunque tiene presencia en buena parte del país, especialmente en la región de la Amazonía», señala el reporte de EFE.
En tanto, como parte de la operación se decretó el cierre temporal de escuelas, además de interrupciones del tránsito en algunas avenidas, afectando a más de 100 líneas de buses. También se suspendieron los trabajos en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, entre otras afectaciones urbanas.
Críticas de organizaciones de DDHH
Como «una matanza producida por el Estado brasileño» calificaron un grupo de 27 organizaciones de Derechos Humanos brasileñas el operativo de la policía en Río.
Entre las ONG que suscribieron la declaración están Amnistía Internacional (AI), Justicia Global, Conectas y el Observatorio de Favelas, quienes afirmaron que la acción, además de exponer «el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad», pone a la ciudad «en un estado de terror».
Las organizaciones apuntaron en ese sentido al gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro (aliado de Bolsonaro), como «responsable de 4 de las 5 acciones más letales» en la historia reciente de la ciudad: «La mayor operación de la historia de Río es, en realidad, una matanza producida por el Estado brasileño, que se inscribe en el trágico histórico de matanzas cometidas por fuerzas policiales», manifestaron las ONGs.
Otra voz crítica provino de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, que pidió explicaciones al Ministerio Público y a la Policía Civil y Militar sobre las circunstancias de la denominada «Operación Convención», según informó el diario Tiempo Argentino.
Al respecto, la presidenta de la Comisión, diputada Dani Monteiro (PSOL), dijo que «ninguna política de seguridad puede sostenerse con este baño de sangre. Nos enfrentamos a una operación letal sin precedentes. El Estado no puede seguir actuando como si existiera la pena de muerte, ni como si las favelas fueran territorio enemigo o escenario de un espectáculo».
«Es grave que el gobernador Claudio Castro insista en actuar solo», cuestionó la legisladora, agregando que «la seguridad pública se logra mediante la planificación, la inteligencia y el respeto a la vida, no mediante la espectacularización de las masacres».
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