Una crítica directa a los sectores empresariales del país realizó la Fundación Chile Sustentable, en el marco de la puesta en marcha de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), conocida como «Ley SBAP».
Recordemos que, en una declaración conjunta, los principales gremios del empresariado (CPC, Sonami, la Cámara Chilena de la Construcción, SalmonChile, Corma, Sonapesca, Sociedad Nacional de Agricultura y los Pescadores Industriales del Biobío) cuestionaron en específico, según El Mercurio, «la forma en que el Ministerio del Medio Ambiente está elaborando los reglamentos de la ley».
Para los empresarios, la nueva legislación «puede generar un congelamiento de la actividad productiva», advirtiendo que «estamos frente a una posible expropiación regulatoria» lo cual -enfatizaron- los tiene con una «profunda preocupación», especialmente por los 99 polígonos que serán declarados -por ley- como sitios prioritarios de conservación.
Ante esto, desde la Fundación Chile Sustentable criticaron la postura empresarial y recordaron que «destruir el patrimonio natural es hipotecar el desarrollo del país».
«La Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, el Ministerio, la Superintendencia del Medio Ambiente, la Ley Marco de Cambio Climático y el Servicio de Biodiversidad constituyen avances que han permitido prevenir, enfrentar daños, descontaminar ciudades, y remediar pasivos ambientales», apuntaron desde la Fundación.
Asimismo, añadieron, «estas regulaciones también han permitido a Chile cumplir los compromisos ambientales y climáticos internacionales, acreditar las condiciones ambientales que exigen los tratados de inversión y comercio, y los mercados internacionales de los minerales, de la madera y de los alimentos, entre otros».
«Falso discurso»
La Dra. María Isabel Manzur, investigadora en biodiversidad y recursos genéticos de Chile Sustentable, es categórica al afirmar que los gremios empresariales «se han agrupado bajo un falso discurso que culpa a las leyes ambientales del estancamiento económico».
«Sin embargo, el estancamiento económico y el desempleo no son consecuencia de las normas ambientales, ni de la Ley SBAP, que aún no se implementa. Todos saben que ha habido crecimiento económico bajo estas mismas regulaciones durante gobiernos anteriores», indicó la científica.
«Lo que está profundamente mal es el modelo primario extractivista de recursos naturales que se ha perpetuado en el país y que impacta gravemente el ambiente. La arremetida de las empresas para destruir la Ley SBAP busca perpetuar dichos extractivismos, ahora sin ningún control. Nos parece lamentable el intento por frenar la implementación de esta ley», recalcó la Dra. Manzur.
Por su parte, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, destacó que «la Ley SBAP es fruto del patrocinio y trabajo de los últimos 4 gobiernos de distinto signo político. Se discutió durante 13 años en el Congreso y todos los sectores tuvieron suficiente tiempo y espacio para opinar, participar y proponer modificación de su contenido».
«Intentar ahora, utilizar la coyuntura electoral para frenar la implementación de esta Ley, argumentando expropiación regulatoria es un insulto a la institucionalidad democrática y sería un retroceso en las condiciones y compromisos ambientales contenidos en nuestros acuerdos de comercio e inversión; un retroceso de las mejoras comprometidas con la OCDE y en los acuerdos internacionales que reconoce nuestra Constitución», enumeró Sara Larraín.
La ambientalista recordó en ese sentido que los sitios prioritarios para la conservación a que aluden los gremios «han sido una ganancia en biodiversidad desde los años 90, fueron establecidos con amplia participación de las regiones y la comunidad científica, y ahora la Ley SBAP busca revisarlos y ordenarlos. El reconocimiento de los sitios prioritarios no afecta los permisos vigentes de actividades productivas en su interior».
«Las organizaciones ambientales llamamos a los gremios empresariales a respetar las leyes y estándares que han robustecido el bienestar y desarrollo del país; y a utilizar la institucionalidad democrática para discutir las transformaciones que deseen proponer», insistió Larraín, concluyendo que «si perpetuamos las crisis sanitarias de la industria salmonera, la contaminación atmosférica e hídrica de la minería, la destrucción de bosques nativos, o la contaminación química de la agroindustria, Chile no tendría futuro».
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