Desde once territorios, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar (RDM) va a la COP30 para visibilizar y exigir acción con enfoque de género, conocimiento ancestral y protección efectiva de territorios insulares y costeros.
Para la RDM, la prioridad es integrar el océano en los planes nacionales, resguardar ecosistemas marino-costeros, habilitar financiamiento directo a iniciativas comunitarias y asegurar participación incidente con consentimiento libre, previo e informado.
La delegación está conformada por vocerías de seis territorios, y la integran Delia Núñez Véliz (pueblo Diaguita), Yasna Marín Álvarez (pueblo Chango), Myriam Yefi Jaramillo (pueblo Mapuche Williche), Yohana Coñuecar Llancapani (pueblo Mapuche Williche), Ingrid Echeverría Huequelef (pueblo Mapuche Williche) y Haydée Águila Caro (pueblo Kawésqar). La red también manifiesta la voz Yagán del extremo austral del continente.
Este grupo de mujeres originarias llega a Belém tras una jornada de trabajo en Piedra Alta–Budi con la delegación del Observatorio de Territorios Sostenibles y Sustentables (OTSS) de Brasil, que viajó para compartir experiencias y conocer los aprendizajes de la Ley 20.249 con miras a adaptarlos en sus territorios.
En el encuentro se definieron prioridades de incidencia y coordinación para participar y conducir mesas en la Cumbre de los Pueblos. El objetivo es claro: poner al océano, la vida y las comunidades costeras en el centro de la agenda ambiental de la cumbre.
El mensaje que lleva la delegación es claro: avanzar en adaptación y mitigación climática incorporando el enfoque de género particularmente en temas marinos; asegurar financiamiento con acceso directo y rendición verificable para los Pueblos originarios costeros; reconocer de manera efectiva el uso consuetudinario del mar y figuras como las ECMPO; y fortalecer la protección de ecosistemas marino-costeros mediante gestión comunitaria y control de presiones industriales y de contaminación.
Estas líneas estarán presentes en reuniones bilaterales y actividades públicas durante los días temáticos de océanos y biodiversidad del 17 y 18 de noviembre, y en las jornadas sobre sistemas alimentarios, pesca, mujeres y género del 19 y 20 de noviembre.
«La RDM lleva las voces de mujeres de territorios insulares y costeros que son especialmente vulnerables al cambio climático y que muchas veces quedan fuera de las decisiones. Nuestro foco es que sus derechos y realidades estén en el centro de la política climática», señaló Ingrid Echeverría Huequelef, coordinadora de la Red.
«Como red, además de observar, aportaremos desde la experiencia comunitaria para que la perspectiva de género mejore la calidad y la justicia de las políticas», agregó.
El contexto de la cumbre refuerza la urgencia. En 2025 los países deben presentar nuevas NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, en inglés), es decir, planes climáticos con metas de reducción de emisiones y medidas de adaptación.
En Belém también se discuten metas de financiamiento y una hoja de ruta para la transición energética: cuánto dinero nuevo y predecible se destinará a implementar acciones y cómo se descarbonizarán las economías reemplazando combustibles fósiles por energías limpias con criterios de justicia social.
En el ámbito marino, tanto la agenda oficial como la de actores no estatales priorizan la gestión sostenible del océano y las soluciones basadas en ecosistemas costeros, como la restauración de humedales, marismas y bosques de manglar o macroalgas que capturan carbono y amortiguan marejadas.
Iniciativas como la integración del océano en las NDC impulsa a los países a incluir medidas marinas en sus planes; y el proceso BBNJ —tratado para la biodiversidad en alta mar— avanza en reglas para áreas marinas protegidas y regulación de actividades en aguas internacionales, instancia en la que Chile postula la secretaría en Valparaíso.
Haydeé Águila Caro, coordinadora de la RDM, señala que «toda medida oceánica debe respetar derechos humanos, evitar la mercantilización del mar y reconocer la gobernanza de pueblos originarios y de la pesca artesanal, porque sin participación vinculante en la costa las políticas pierden eficacia en territorio».
«Esperamos que esta experiencia fortalezca nuestro trabajo en los territorios y en los espacios donde se articula la red. Buscamos acuerdos que nos permitan actuar de forma conjunta, con una mirada y un horizonte común», agrega Águila, quien también participará en las actividades de la COP en Belém.
Por su parte, Yasna Marín Álvarez, coordinadora, afirmó que esperan que la COP30 sea un espacio donde «finalmente se escuche la voz de los pueblos originarios costeros y se reconozca nuestro conocimiento ancestral sobre el mar, el territorio y la relación con la naturaleza, no solo como testimonio, sino como guía para enfrentar la crisis climática».
La representante añadió que los Estados deben asumir responsabilidades claras para proteger los territorios y garantizar la participación efectiva de las comunidades indígenas en las decisiones sobre el clima.
La delegación participará en paneles y encuentros de la Cumbre de los Pueblos, sostendrá reuniones con delegaciones oficiales y actores del financiamiento climático, y difundirá materiales informativos para medios y organizaciones. La meta es que la política climática incorpore el conocimiento y los oficios del mar y que los recursos lleguen a quienes implementan medidas desde los territorios costeros.
El Ciudadano
