En el marco de la COP30 que se desarrolla en la ciudad amazónica de Belém, capital del estado de Pará, en Brasil, el Pabellón oficial de Chile enfrenta serias críticas por su financiamiento corporativo. Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), denunció que el espacio es financiado por empresas privadas nacionales y transnacionales vinculadas a conflictos socioambientales, en lo que califica como un claro caso de «lavado de imagen» y «captura» de la política climática por parte del mundo privado.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales indicó que en la tapa del programa oficial y en las gráficas de la sala de conferencias del Pabellón del Gobierno de Chile en la COP30 aparecen los logos de empresas auspiciadoras como Latam Airlines, CMPC (Grupo Matte), HIF (combustibles sintéticos), AngloAmerican, Teck, Aes Andes y BancoEstado.
La participación de estas empresas no se limita al financiamiento. En el programa también están incluidas agrupaciones empresariales como Unidos por la Acción Climática, Natura, Danone, Minera Vale, Aguas Andinas, Forestal Arauco, Banco Mundial y BNP Paribas . Entre los participantes figura además el destituido ministro de Energía Diego Pardow, junto a representantes de otros ministerios, servicios públicos, ONGs y académicos .
Para un gobierno que declara tener compromiso climático, esta decisión ha generado cuestionamientos. Las críticas de Cuenca apuntan a que, al no tratarse de un gasto muy oneroso para el presupuesto nacional, la elección parece responder más a una acción para «validar y legitimar la participación e injerencia que tienen estas empresas en definir la política climática» . A juicio del activista y director del OLCA, se trataría de una manera de «captura/entrega de esta política al mundo privado» .
«Lavado de imagen» y «revictimización»
Lucio Cuenca, quien se encuentra presente en Bélem do Pará donde se desarrolla la COP30, fue contundente en sus críticas durante una entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile .
«Para nosotros es una muy mala señal, creo que es la oportunidad, en estos espacios internacionales donde Chile de una señal de compromiso con los desafíos climáticos del planeta, pero también que tome distancia en ese camino de los principales responsables de la situación climática que estamos viviendo», emplazó.
En opinión del investigador, esto implica una revictimización «a quienes hoy día están sufriendo los impactos del accionar de estas empresas» y cuestionó que el país esté ,mostrando ante el mundo «una convicción política equivocada» .
«Me parece una muy mala decisión, una pésima señal a la comunidad internacional y también hacia el interior de Chile, que el espacio físico donde se muestran distintas iniciativas, de políticas relacionadas con medioambiente, con políticas climáticas, hoy día sea financiado y estén los logos de estas empresas», afirmó.
De acuerdo con el activista, este tipo de decisiones legitiman a «las mismas compañías responsables de la crisis ecológica y climática que vivimos».
Asimismo, criticó que el stand de Chile está enviando una peligrosa señal política en la que el Gobierno del presidente Gabriel Boric contribuye con el lavado de imagen de este tipo de empresas cuestionadas por su efecto depredados sobre el medio ambiente y los ecosistemas.
«De alguna manera, el Gobierno colabora y se hace parte de ese lavado de imagen de estas empresas, que tienen una larga trayectoria de ser empresas depredadoras, que vulneran los derechos humanos en los territorios», indicó.
El activista advirtió que situaciones como esta afectan negativamente «las posibilidades de incorporar las visiones y la participación de quienes están sufriendo las consecuencias de la crisis que estamos viviendo» y recalcó que estas empresas privadas nacionales y transnacionales vinculadas a conflictos socioambientales tienen «centrados sus intereses en seguir explotando la naturaleza en función de sus intereses» .
Cuenca denunció que «esto ya sucedió el año pasado para la COP 16 de Biodiversidad, lo denunciamos e investigamos los montos asociados, en esa oportunidad el ministerio de Relaciones Exteriores a través de Chile Imagen reunió US$ 90.000, aportadas por Latam y CMPC» .
La polémica también se extiende hacia las organizaciones de la sociedad civil que aceptan participar en estos espacios.
Al respecto el director de OLCA preguntó: «¿Por qué regalarles legitimidad y lavado de imagen? ¿Estarán revictimizando a las comunidades afectadas a las que dicen apoyar?». Este cuestionamiento apunta directamente a la coherencia de quienes participan en un espacio financiado por empresas que ellos mismos denuncian como depredadoras e incluso enfrentan en acciones legales en defensa de comunidades .
Contradicción en la transición verde
Junto con su cuestionamiento al financiamiento del pabellón, Lucio Cuenca lamentó la señal contradictoria en medio de la búsqueda del país de transformarse en un líder climático en la región .
Mientras el relato del Ejecutivo se ha centrado en el compromiso con el Acuerdo de París y una transición energética sustentable, según el activista medio ambiental se estaría viviendo en Chile un «proceso de regresión de la institucionalidad ambiental», apuntando a modificaciones legales que «generan mayor vulnerabilidad en los derechos de las comunidades y facilitan la expansión del extractivismo» .
«Se están tomando decisiones para profundizar las actividades extractivistas. Que ya conocemos en Chile tienen altos impactos como en la minería, como ampliar la explotación del litio, del cobre, como ahora también la masiva inversión en el sector energético para producir hidrógeno verde, que se va a exportar, pero que no tiene que ver con la transición energética que Chile necesita realizar», advirtió a Radio y Diario Universidad de Chile.
En su opinión, el mensaje que se envía es el de una «transición corporativa», donde el Estado se alinea con la lógica del mercado global por sobre las necesidades socioambientales del país, y las decesiones tomadas constituyen «una transición absolutamente injusta» y no una «definida desde los pueblos, que considere las necesidades que tienen que ver con el clima y la naturaleza» .
Mientras tanto, desde el Gobierno de Chile se presentó el pabellón nacional como un espacio de 150 m² diseñado para «potenciar el diálogo, la coordinación de iniciativas públicas y privadas, y la difusión de los avances chilenos en acción climática» .
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, defendió el espacio señalando que «tener un pabellón en la COP30 nos permite fortalecer los vínculos con los distintos actores que promueven ideas y acciones concretas para enfrentar de forma eficiente las consecuencias del cambio climático» .
El pabellón chileno busca ser una vitrina para mostrar los progresos del país en energías renovables, hidrógeno verde, electromovilidad y adaptación al cambio climático , en línea con la Contribución Nacional Determinada (NDC) 2025-2035 y la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa que Chile presenta en esta COP30 .
Sin embargo, la contradicción entre el discurso oficial y las críticas activistas medio ambientales como Lucio Cuenca dejan en evidencia la profunda tensión que existe en torno a quién financia, define y controla la política climática en Chile, planteando serias dudas sobre si la transición energética en curso responde a intereses corporativos o a las necesidades reales de las comunidades y los territorios.
*Imagen destacada: Lucio Cuenca.
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