La Corte Suprema dio un golpe clave en la disputa entre la periodista Paulina de Allende-Salazar y Mega: el máximo tribunal declaró inadmisibles los recursos de unificación de jurisprudencia presentados tanto por la profesional como por el canal, dejando vigente la condena que considera ilegal el despido de Paulina de Allende-Salazar tras llamar “paco” a un carabinero en un despacho en vivo. El caso entra ahora en su tramo final, con una última vía de revisión pendiente, pero con un mensaje potente hacia la industria: no todo vale a la hora de castigar el ejercicio periodístico.
En un dictamen fechado el 17 de noviembre, la Suprema optó por no acoger ninguno de los intentos de unificación y mantuvo, por ahora, las conclusiones de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había determinado que Mega vulneró derechos fundamentales de la periodista al terminar su contrato en abril de 2023, en pleno vendaval mediático por el uso de la palabra “paco” en pantalla.
Según informó El Mostrador, medio en el que De Allende-Salazar se desempeña actualmente, la resolución obliga al canal a aplicar una batería de medidas reparatorias que van desde disculpas públicas hasta la elaboración de protocolos internos y una millonaria indemnización, en el marco del despido de Paulina de Allende-Salazar considerado atentatorio contra su honra y su libertad de expresión.
Qué mantiene la Suprema sobre el despido de Paulina de Allende-Salazar
La decisión del máximo tribunal no entra a discutir el fondo del caso, sino que cierra —salvo la reposición— la puerta a unificar criterios con otros fallos. La Suprema concluyó que las sentencias presentadas por la defensa de la periodista no abordaban materias equivalentes, mientras que los argumentos de Mega —relativos a imparcialidad judicial, límites a la libertad de expresión del trabajador y afectación a la honra— eran casuísticos o derechamente ajenos al núcleo jurídico debatido.
El resultado práctico es que sigue vigente el fallo del tribunal de alzada: Mega vulneró derechos fundamentales al despedir a la periodista por el episodio en que, durante un despacho sobre el asesinato de un carabinero, usó el término “paco” y desató una ola de críticas de autoridades y sectores conservadores, a la que el canal respondió cortando su vínculo laboral.
La sentencia reconoce que el despido tuvo un efecto directo en la honra y en la libertad de expresión de De Allende-Salazar en el contexto de su labor periodística, abriendo una señal de advertencia a los medios de comunicación respecto de cómo reaccionan ante presiones políticas y campañas de funa cuando se trata de contenidos incómodos para el poder.
Medidas reparatorias contra Mega: disculpas, protocolo y casi $98 millones
El fallo que la Suprema deja en pie no se queda en lo declarativo. Mega deberá pedir disculpas públicas a Paulina de Allende-Salazar en el matinal Mucho Gusto y en todas sus plataformas, reconociendo la afectación sufrida por la periodista tras el polémico episodio del “paco”.
Además, la estación televisiva tendrá que elaborar un protocolo interno que garantice el derecho a rectificación en pantalla, documento que deberá ser visado por la Dirección del Trabajo. La idea es que no vuelva a ocurrir que un error, tensión editorial o presión externa se traduzca en un castigo desproporcionado contra un trabajador o trabajadora de prensa, sin canales claros para corregir o matizar lo dicho en vivo.
El fallo también obliga a la empresa a capacitar presencialmente a periodistas y ejecutivos en materias de libertad de expresión, ética periodística y derechos fundamentales del trabajo, reconociendo que el problema no fue solo un contrato terminado, sino una cultura empresarial que privilegió el castigo por sobre el resguardo del ejercicio periodístico.
En el plano económico, la sentencia ratifica el pago de todas las indemnizaciones legales: aviso previo, años de servicio, recargos e indemnización adicional del artículo 489 del Código del Trabajo, además de $20 millones por daño extrapatrimonial. En total, la cifra bordea los $98 millones, sin considerar reajustes ni intereses que puedan seguir incrementando la cuenta para la señal privada.
Una última carta en la Suprema y el cierre del caso “paco”
Pese a la contundencia de la resolución, el proceso todavía no está completamente cerrado. Tras la decisión de la Suprema, tanto el equipo jurídico de Paulina de Allende-Salazar como la defensa de Mega presentaron un recurso de reposición, lo que abre una última ventana para que el máximo tribunal revise si mantiene todo tal cual o si reabre excepcionalmente la discusión.
El abogado de la periodista, Diego Sobarzo, explicó que el escenario es binario: si la Suprema rechaza la reposición, la sentencia queda firme tal como está; si la acoge, podría “abrir la puerta” a un nuevo análisis de los antecedentes, con la posibilidad de ajustar lo resuelto. Hasta ahora, Megamedia ha optado por el silencio público y solo ha recordado que no se pronuncia sobre causas judiciales en curso.
Mientras la Corte decide ese último movimiento, el caso ya se instala como un precedente incómodo para los grandes medios: despedir a una periodista en medio de una polémica política, por decir “paco” en vivo, puede salir caro cuando los tribunales leen el episodio no solo como un conflicto editorial, sino como un atentado a la libertad de expresión y a los derechos laborales.
Libertad de expresión, “paco” y línea editorial bajo presión
Más allá de la letra fina del fallo, el caso interpela el modo en que los medios enfrentan los conflictos que cruzan policía, política y opinión pública. El uso del término “paco” —arraigado en el habla popular chilena, pero fuertemente repudiado por Carabineros y por la derecha— fue utilizado como detonante para justificar el despido de Paulina de Allende-Salazar, en un contexto de alta sensibilidad por la seguridad y el rol de la policía uniformada.
La justicia, sin embargo, pone el foco en otra parte: en cómo una empresa de comunicación responde a las presiones externas, y hasta dónde puede llegar la sanción contra una trabajadora por una expresión controvertida, pero ligada al ejercicio periodístico y a un debate público vigente desde el estallido social.
Con la causa en su recta final y la periodista instalada hoy en El Mostrador, la pelota está en la cancha de la Suprema. Lo que se decida en esta última jugada terminará de definir si el “caso paco” queda como un hito más en la tensión entre medios, poder político y policía, o si se consolida como un precedente mayor en la defensa de la libertad de expresión y de los derechos laborales en el mundo de las comunicaciones.
