Una serie de decisiones judiciales, nombramientos gubernamentales y contrataciones familiares, que hoy son escrutadas a la luz de una investigación por lavado de activos, marcaron el ascenso de Sergio Yáber Lozano al cargo de Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto en 2018.
Según reveló una investigación de CIPER, Yáber logró el puesto a pesar de haber quedado en el noveno lugar del proceso de preselección, gracias a los votos de ocho ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, entre ellos los de Luis Sepúlveda y Carlos Farías y tras asumir el cargo contrató a parientes de ambos magistrados.
El actual conservador se encuentra suspendido de sus funciones e investigado en la denominada la Trama Bielorrusa.
De acuerdo con el medio de investigación, Yáber con un respaldo crucial en su nominación. Posterior a su designación, en un movimiento que ha levantado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, incorporó a su equipo de trabajo a la esposa del ministro Sepúlveda y a un hermano del ministro Farías.
El proceso que benefició a Yáber
El concurso público para elegir al conservador de Puente Alto atrajo a 112 postulantes. De ellos, solo 25 completaron todas las etapas evaluadas, que consideraban requisitos de admisibilidad, currículum, un examen de conocimientos, pruebas de habilidades y destrezas, y una evaluación psicolaboral. Sergio Yáber obtuvo un puntaje final de 80,7 puntos, ubicándose en la novena posición de la lista.
A pesar de no estar entre los mejor evaluados, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en una votación realizada por sus ministros, lo incluyó en la terna final que se envió Ministerio de Justicia, entonces encabezado por Hernán Larraín. En la contienda también figuraban Juan Cristi León (cuarto lugar con 83,5 puntos) y Enrique Monasterio (segundo lugar con 85,7 puntos).
El acta de votación ,a la que tuvo acceso CIPER, revela que los entonces ministros Luis Sepúlveda y Carlos Farías, junto a otros seis jueces, votaron para que Yáber integrara la terna.
El 14 de octubre de 2018, el ministro Larraín firmó el decreto que oficializó a Yáber como conservador.
Contrataciones tras el nombramiento
La investigación de CIPER logró establecer que, una vez en el cargo, Yáber procedió a contratar a familiares de dos de los jueces que apoyaron su nominación.
En noviembre de 2018, apenas dos meses después de que asumiera la oficina del conservador, ingresó a trabajar la esposa del ministro Luis Sepúlveda, quien permaneció en el CBR de Puente Alto hasta mayo de 2023.
Un poco más de un año después, en noviembre de 2019, fue contratado en la misma oficina un hermano del ministro Carlos Farías.
Las justificaciones de los involucrados
Consultado por el citado medio sobre estas contrataciones, el conservador Sergio Yáber defendió sus decisiones.
“Al asumir la oficina de Puente Alto requirió contratar personas con experiencia y una trayectoria suficiente para la atención de las personas y los trámites que se realizan. Es habitual que se pidan recomendaciones en el mundo notarial o judicial, porque se requieren personas con habilidades y conocimientos probados”, argumentó.
Por su parte, el ministro Carlos Farías se refirió a la contratación de su hermano, afirmando que este encontró el empleo “por sus capacidades”.
“Luego de un periodo de cesantía, [mi hermano] buscó empleo en diferentes sectores y logró por sus capacidades el trabajo que hasta ahora mantiene”, planteó.
Respecto a la polémica por haber votado por Yáber pese a su noveno lugar en las evaluaciones, el ministro Farías restó importancia al hecho.
“No veo inconveniente el haber votado para la terna entre los primeros diez”, dijo al tiempo que señaló que los postulantes iniciales superaban el centenar.
En contraste, el exministro Luis Sepúlveda, contactado telefónicamente por CIPER, se negó a responder las preguntas sobre la contratación de su esposa. Alegando estar jubilado, declinó referirse al tema.
Las consultas también le fueron enviadas por escrito, sin que hasta ahora se haya registrado una respuesta por su parte.
Yáber investigado por lavado de activos
La revelación de estas contrataciones se produce en medio de la grave situación legal que actualmente enfrenta Sergio Yáber. El conservador se encuentra suspendido e imputado por el delito de lavado de dinero en la investigación conocida como “Caso Consorcio Bielorruso”.
El sumario en su contra se produjo a raíz de la causa surgida en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien está acusada de haber recibido coimas por parte del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) para emitir fallos que derivaron en que Codelco debiera pagarle al grupo compensaciones por el orden de los $17 mil millones.
Aunque Yáber está imputado en esta causa aún no es formalizado. Se le acusa de colaborar en el blanqueo de las mencionadas coimas, donde habría actuado con la pareja de Vivanco, Gonzalo Miguieles; y el conservador de Chillán, Yamil Najle.
En concreto, se le imputa haber participado en un esquema de lavado de activos tras recibir dinero de Migueles, monto que, según la fiscales, correspondería a coimas pagadas a la exmagistrada por sus fallos favorables a los intereses del consorcio CBM en el litigio contra la estatal cuprífera.
Además, el Ministerio Público ha anunciado que investigará a Yáber por dos nuevas aristas: un eventual traspaso de $1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya –detectado en una interceptación telefónica del OS7 de Carabineros– y la entrega de $1,6 millones al senador de Demócratas, Matías Walker.
El legislador justificó el dinero como una contribución para un viaje de su hijo, basada en una “larga amistad” con Yáber, mientras que Araya negó categóricamente las acusaciones, señalando que solo conoció al conservador de Bienes Raíces en un operativo de rescate como bombero y que: «nunca he recibido un peso del señor», sostuvo.
Sin embargo, anunció la suspensión temporal de su participación en la bancada parlamentaria.
La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, buscando evitar que el asunto genere mayor tensión política, aunque ya ha comprometido la imagen del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast en la recta final electoral.
Los hechos expuestos por CIPER agregan una nueva capa de complejidad al caso, planteando serias dudas sobre las redes de influencia y las prácticas de contratación en el poder judicial y los cargos de designación política.
