Martín Figueroa, encargado de la secretaría de diversidades de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), criticó la insistencia de la Contraloría General de la República en solicitar a los servicios de salud del país y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los datos personales de los niños, niñas y adolescentes usuarios del PAIG, Programa de Apoyo a la Identidad de Género.
Entre la información requerida por el ente contralor se encuentran el nombre social y registral, identidad de género, sexo registral y RUT, datos que ya han sido solicitados tres veces, encontrándose con la negativa de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a entregarlos.
«Existen restricciones de orden legal que limitan la entrega de parte de la información requerida, en particular aquellas derivadas de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, así como de otras normas vigentes que resguardan los datos personales y sensibles», se lee en la respuesta enviada al requerimiento del ente contralor por parte del subsecretario Bernardo Martorell.
El documento cita también la Ley N° 20.584 y su Reglamento (D.S. N.° 41), que entrega el carácter de «dato sensible, reservado y de acceso limitado» a las fichas clínicas y la información de salud, protección que es reforzada cuando los titulares son niños, niñas y adolescentes.
Por ello, Martorell argumentó que la subsecretaría «carece de la facultad para levantar la reserva legal que protege a estos pacientes, misma restricción se extiende a los Servicios de Salud, que si bien podrían tener el dato requerido, no por ello pueden hacer entrega» del mismo.
«Está abusando de su cargo»
Al respecto, Martín Figueroa afirmó que la Contralora Dorothy Pérez «está abusando de su cargo y realizando persecución a personas trans», asegurando que esta solicitud constituye una «extralimitación grave de sus atribuciones».
«Lo que estamos viendo es el inicio de una persecución inaceptable contra personas trans, amparada en una fiscalización que excede las atribuciones de la Contraloría», planteó el representante de la CUT.
Para Figueroa, «exigir nombres, rut, identidad de género, antecedentes clínicos, es una vulneración a la privacidad, los derechos humanos y las leyes de protección de datos, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes».
«La fiscalización de recursos públicos es legítima, pero no puede transformarse en un mecanismo de hostigamiento, estigmatización y control sobre cuerpos e identidades», agregó Martín Figueroa, quien a nombre de la CUT, exigió a la Contralora que respete «la confidencialidad, la dignidad y la seguridad de las personas trans y detenga esta práctica, similar a las de épocas dictatoriales que vivió nuestro país».
La solicitud de Contraloría también fue cuestionada por la senadora Claudia Pascual (PC), quien envió un oficio a la Defensoría de la Niñez para que se pronuncie sobre la materia, lo cual hasta el cierre de esta edición aún no ocurría. Lee a continuación la nota publicada por El Ciudadano al respecto:
Seguiremos informando.
