Organizaciones sociales entregaron una misiva al SEA solicitando la suspensión definitiva del cuestionado proyecto minero de Aclara Resources y que se respete el «No», con el que los vecinos dejaron en claro su rechazo en una consulta ciudadana realizada en 2022.
Más de siete mil personas manifestaron su rechazo al proyecto de tierras raras en una consulta ciudadana realizada en 2022, una cifra que organizaciones sociales y comunitarias de Penco y Lirquén han esgrimido como argumento central para exigir el término inmediato de la tramitación ambiental del proyecto minero que impulsa la canadiense Aclara Resources, mediante su subsidiaria REE UNO SpA,
En un contexto marcado por la devastación que dejó el reciente megaincendio en la zona, las agrupaciones locales entregEn un contexto marcado por la devastación que dejó el reciente megaincendio en la zona, las agrupaciones locales entregaron una misiva al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicitando la suspensión definitiva de la iniciativa, , argumentando que los siniestros agravaron los impactos ambientales en el territorio y que la comunidad ya habló con claridad,
Según consignó Resumen.cl, durante la jornada del lunes, en las afueras de las oficinas del SEA se registró una masiva concurrencia de ciudadanas y ciudadanos para manifestar su rechazo al cuestionado proyecto minero que busca explotar tierras raras en los cerros de Penco-Lirquén.
La protesta se llevó a cabo mientras el territorio aún vive los graves impactos de los incendios forestales ocurridos hace un mes.
A pesar de la catástrofe, ni la empresa minera Aclara ni el propio SEA han dado señales de dar término a la tramitación del proyecto considerando los efectos de los siniestros en la comuna. Esta omisión fue interpretada por los manifestantes como una falta de consideración hacia el dolor y la destrucción que aún enfrentan los habitantes, quienes ven en la iniciativa minera una amenaza latente que se suma a la emergencia ya vivida.
Ante este escenario, han sido las propias organizaciones las que tomaron la iniciativa de ingresar una misiva al organismo de evaluación ambiental en la que detallaron cómo el desastre ha profundizado las vulnerabilidades del ecosistema local.
Comunidades de Penco: «No queremos que se agudicen los impactos ambientales»
En la carta, señalaron que «los impactos de este desastre han afectado significativamente componentes en flora endémica y especies en estado de conservación, fauna invertebrada y vertebrada, ecosistemas fungales, el suelo, y por sobre todo al medio humano».
Este diagnóstico no solo evidencia el daño ecológico, sino que también plantea una pregunta de fondo sobre la pertinencia de seguir adelante con un proyecto extractivo en un territorio ecológica y socialmente devastado.
En la misma línea, el documento profundiza en la tragedia humana que aún golpea a las localidades.
«Permanecemos aun en duelo como comunidad, con más del 80% de la localidad de Lirquén destruida, con más de 20 víctimas fatales, más de 2.000 viviendas quemadas y donde aún en la mayoría de las poblaciones siniestradas no se restablecen los servicios básicos en su totalidad», sostiene la misiva, que consignó Resumen.cl.
Esta declaración busca poner en perspectiva la magnitud del desastre y contrastarla con la indiferencia que, según los denunciantes, han mostrado tanto la empresa como las autoridades ambientales. Para las organizaciones, tramitar un proyecto de esta envergadura en medio de la emergencia constituye una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.
En este sentido, la exigencia de la comunidad y organizaciones es concreta y se sustenta en la necesidad de ser escuchados como actores válidos en las decisiones que afectan su entorno.
«Exigimos que nuestra opinión sea considerada por las autoridades como decisiva a la hora de evaluar los proyectos de desarrollo económico en nuestra comuna. No queremos que se agudicen los impactos ambientales, sociales y económicos a raíz del extractivismo presente en nuestra comuna, como lo vivimos en este megaincendio, donde el peligro imperante de las industrias ya presentes fue evidente, y hace competir la posibilidad de resguardo de los hogares y familias frente al resguardo de las industrias como ocurrió con Indura, donde los bomberos debieron decidir salvar vidas o a la industria», plantearon en el texto.
«Sumamos al vínculo existente entre industria forestal y minera la debilidad evidente de todo tipo de normativa existente encargada de contribuir a regular y evitar la devastación que la actividad económica forestal propicia en nuestra región y sus zonas pobladas tanto urbana como rurales», subrayaron.
Esta reflexión conecta los incendios con el modelo extractivo imperante, señalando que no se trata de una catástrofe aislada, sino de un riesgo sistémico.
Camila Arriagada, ex consejera regional del Biobío e integrante del colectivo Keule Resiste, reforzó el mensaje de autodeterminación comunitaria al recordar el antecedente de la consulta ciudadana de 2022 en el que participaron 7.548 sufragistas, de los cuales el 99% votó por el rechazo del proyecto minero de Aclara Resources.
En declaraciones recogidas durante la manifestación, Arriagada indicó que exigen a «este gobierno y también al que viene considerar la voz y la opinión de la comunidad, que en el 2022 Penco y Lirquén la expresó en una consulta ciudadana donde más de 7.000 personas que participaron en esa consulta dijeron que no queríamos un proyecto minero en nuestro territorio».
La dirigenta subrayó así que el rechazo no es una postura nueva ni improvisada, sino que cuenta con un respaldo popular que las autoridades no pueden seguir ignorando.
Por su parte, Miriam Venegas, dirigenta del sector Villarrica, reafirmó la posición de las agrupaciones y vecinos en contra del proyecto tierras raras.
«Queremos que se vayan de nuestra comuna Penco-Lirquén, porque nosotros ya decidimos como organizaciones sociales no a la minera, pero han estado insistiendo con este tema», aseveró.
Sus palabras reflejan el hartazgo de una comunidad que, además de lidiar con la reconstrucción tras el incendio, debe enfrentar la persistencia de un proyecto que consideran ajeno y perjudicial.
Con la memoria fresca del desastre y la convicción de que más de siete mil voces ya se pronunciaron, los manifestantes dejaron claro que la lucha contra el proyecto de tierras raras no se detendrá, y que el SEA deberá responder no solo a los requerimientos técnicos, sino también a la voluntad popular expresada en las urnas y en las calles.
Cuestionado proyecto de tierras raras
Cabe recordar que el cuestionado proyecto de la canadiense Aclara Resources contempla la explotación de tres zonas de extracción de arcillas con tierras raras, una planta con capacidad para procesar 320 toneladas por hora y la intervención permanente de más de 153 hectáreas.
Sin embargo, esta iniciativa es conocida por sus deficientes estudios ambientales, los cuestionamientos sobre los impactos que generaría y el fuerte rechazo que ha generado por parte de comunidades y organizaciones, debido a la amenaza contaminante que representa para la biodiversidad, el medio ambiente y los cuerpos de agua.
Lo que ha alarmado a los vecinos del sector es que el proyecto busca explotar cerca de 600 hectáreas en los cerros frente a la ciudad y captaría el agua de los esteros Penco y El Cabrito. Utilizaría 35.000 litros de agua por hora solo del Estero Penco, situación que podría modificar sustancialmente el curso y caudal del agua de este río, que la propia Dirección General de Agua ha catalogado de «calidad excepcional», es decir de extraordinaria pureza y escasez, que es apta para el consumo humano.
Además, la cercanía a territorios indígenas ha intensificado las preocupaciones sobre daños culturales y ambientales, sumando peso a la postura contraria al proyecto.
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